Patagonia NexoLa tensión generada alrededor de Cerro Negro sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el coordinador de las Delegaciones de Trabajo de Zona Norte, Sebastián Santillán, respondió al planteo realizado por CAPROMISA ante la preocupación por la situación de los proveedores que mantienen contratos vinculados con la operación minera de Newmont.
Santillán reconoció la importancia que tienen las empresas proveedoras para la economía santacruceña y sostuvo que resulta necesario defender la inversión, la producción y el empleo local. Sin embargo, marcó un límite: los intereses económicos no pueden colocarse por encima de la seguridad de quienes trabajan dentro del yacimiento.
“Queremos que las empresas trabajen, que haya inversión y que los proveedores santacruceños tengan contratos. Pero antes que cualquier interés económico están la vida y la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de las normas”, sostuvo.
Las declaraciones aparecen después de que CAPROMISA expresara su preocupación por las consecuencias que la situación en Cerro Negro podría tener sobre proveedores y trabajadores vinculados directa o indirectamente con la actividad.
Santillán aseguró comprender ese planteo, aunque reclamó que la preocupación por la continuidad laboral sea acompañada por una posición igualmente firme respecto de las condiciones de seguridad.
“Entendemos perfectamente la preocupación de los proveedores y queremos que tengan trabajo. Pero también esperamos que todos acompañen algo tan elemental como exigir seguridad y cumplimiento de las normas”, afirmó.
De esta manera, el funcionario planteó que la discusión no debería reducirse a elegir entre producción o controles, sino garantizar que ambas cuestiones puedan convivir dentro del marco legal.
Santillán también dirigió su mensaje hacia Newmont y sostuvo que la dimensión internacional de la compañía no modifica las obligaciones que debe cumplir dentro de Santa Cruz.
“Las normas las tiene que cumplir Newmont de la misma manera que las tiene que cumplir cualquier ciudadano, cualquier comerciante o cualquier empresa. Ser una multinacional no otorga privilegios ni coloca a nadie por encima de la ley”, expresó.
La declaración se produce tras un operativo en el que, de acuerdo con la versión de las autoridades laborales, los inspectores encontraron obstáculos para ingresar al establecimiento.
La situación requirió primero la intervención de efectivos policiales y posteriormente una orden judicial para concretar el ingreso de la comitiva.
“Hay que dimensionar lo que ocurrió. Un organismo del Estado fue a ejercer una facultad de control y terminó necesitando una orden judicial para ingresar. Eso no puede naturalizarse”, cuestionó Santillán.
El funcionario recordó además uno de los antecedentes más graves registrados en Cerro Negro.
En abril de 2024, dos trabajadores perdieron la vida en el yacimiento, un episodio que Santillán utilizó para fundamentar la necesidad de mantener controles estrictos sobre las condiciones laborales.
“Acá ya hubo trabajadores que fueron a cumplir su jornada y no regresaron a sus casas. Por eso no podemos banalizar un control ni presentar una inspección como si fuera una persecución”, señaló.
Según sostuvo, después de aquel episodio se realizaron distintas inspecciones y se formularon observaciones y requerimientos para corregir situaciones detectadas.
El antecedente vuelve ahora a ocupar un lugar central luego de que los últimos procedimientos derivaran en ceses de tareas por condiciones consideradas riesgosas.
La controversia alrededor de Newmont comienza a trascender lo ocurrido durante una inspección puntual.
Por un lado aparecen la continuidad de la producción, los contratos de empresas proveedoras y los puestos de trabajo que dependen directa o indirectamente de la actividad. Por otro, las condiciones laborales, las facultades de fiscalización y las obligaciones que deben cumplir las compañías.
Santillán sostuvo que ambos aspectos deben formar parte del mismo modelo de desarrollo.
“Queremos minería, inversión, producción, empleo local y proveedores santacruceños trabajando. Pero también queremos empresas responsables”, expresó.
Y cerró con una definición que sintetiza su posición frente al conflicto: “No puede haber una regla para el ciudadano común y otra para una multinacional. En Santa Cruz las leyes y las normas se tienen que cumplir. Y por encima de todo está la vida de nuestros trabajadores”.
