Patagonia NexoLa situación en Cerro Negro, yacimiento operado por Newmont en cercanías de Perito Moreno, continúa generando repercusiones dentro del sector minero de Santa Cruz. Esta vez fue CAPPEMA la que fijó posición y respaldó los controles realizados sobre la operación, aunque llevó la discusión más allá de un caso particular.
La cámara empresaria sostuvo que las fiscalizaciones deben desarrollarse con el mismo criterio en todos los yacimientos de la provincia y planteó que la defensa de la actividad minera no puede significar dejar en segundo plano la seguridad de los trabajadores ni el cumplimiento de las normas.
“Santa Cruz necesita inversión, producción y empleo, y valoramos el trabajo que genera la actividad minera. Pero eso no significa resignar controles, derechos ni seguridad”, expresó la entidad.
CAPPEMA utilizó uno de sus mensajes más contundentes al referirse a la relación entre las grandes compañías que explotan los recursos naturales y las facultades de control dentro del territorio provincial.
“Ninguna multinacional va a estar por encima de la vida, de las leyes ni de la autoridad del Estado provincial”, señaló.
El pronunciamiento aparece después de las inspecciones realizadas en Cerro Negro, donde se informaron graves irregularidades en materia de seguridad e higiene y se dispusieron seis ceses de tareas.
La situación ya había generado pronunciamientos de AOMA y ASIMRA, gremios vinculados directamente con los trabajadores y supervisores de la actividad minera.
CAPPEMA también hizo referencia a los dos trabajadores que perdieron la vida en Cerro Negro y acompañó el reclamo de justicia.
Para la cámara, ese antecedente obliga a colocar la seguridad como una cuestión central dentro de cualquier discusión sobre producción, inversiones y continuidad de las operaciones.
El planteo apunta a que la necesidad de generar empleo y atraer capitales no termine relativizando las condiciones en las que diariamente se desempeñan quienes ingresan a los yacimientos.
El comunicado abrió además otra discusión de fondo: el impacto que décadas de explotación minera dejaron en las localidades santacruceñas.
CAPPEMA invitó a quienes mantienen intereses dentro de la actividad a recorrer la provincia y observar el desarrollo alcanzado por las comunidades después de años de extracción de recursos.
Según expresó, esa realidad “no siempre coincide —ni coincidió históricamente— con la magnitud de las ganancias generadas por la actividad”.
De esta manera, la entidad no solamente se posicionó respecto de los controles en Newmont, sino que puso sobre la mesa uno de los debates recurrentes alrededor de la minería: cuánto de la riqueza producida permanece efectivamente en Santa Cruz y se transforma en desarrollo para sus localidades.
CAPPEMA sostuvo que las inspecciones genuinas no deberían interpretarse como un obstáculo para las inversiones, sino como una garantía para desarrollar la actividad dentro de reglas claras.
“Necesitamos minería, inversión y trabajo, pero también necesitamos respeto, seguridad y un Estado con capacidad efectiva para hacer cumplir las normas dentro de su territorio”, expresó su Consejo Directivo.
La cámara advirtió además que Santa Cruz “no debe ceder ante imposiciones” que pretendan condicionar sus facultades de fiscalización o el cumplimiento de la legislación provincial.
El pronunciamiento suma así una voz empresaria a una controversia que inicialmente estuvo centrada en las inspecciones de Cerro Negro y que ahora comienza a extenderse hacia una discusión más amplia: qué minería quiere Santa Cruz, bajo qué condiciones deben operar las compañías y cuánto desarrollo debe quedar en las comunidades donde se extraen los recursos.
