Patagonia NexoEl Gobierno de Santa Cruz avanzó con la reglamentación de la Ley Provincial de Discapacidad N° 3820, un paso que busca darle aplicación concreta a una normativa construida a partir del trabajo conjunto entre organismos públicos, equipos técnicos y organizaciones de la sociedad civil.
El ministro de Desarrollo, Integración e Igualdad, Sebastián Georgion, explicó que el camino comenzó en 2022 y destacó la importancia de las mesas técnicas como espacios para adecuar las normas a las realidades y necesidades de la sociedad.
“Las mesas técnicas para el debate de una ley, que te permita contextualizar en la sociedad que vivimos, es fundamental”, señaló.
La reglamentación representa ahora el desafío de trasladar al terreno de las políticas públicas muchas de las demandas que durante años fueron impulsadas por familias y organizaciones vinculadas con la discapacidad.
Georgion puso especialmente en valor el papel que cumplen las organizaciones y consideró que corresponde al Estado convertir esas necesidades en herramientas institucionales capaces de garantizar derechos.
“Las organizaciones trabajan desde el corazón, desde el amor, la empatía, y nosotros tenemos que poner cuestiones claras, frías, en papel, para contemplar que esto termine siendo un derecho”, expresó.
La definición expone uno de los principales objetivos de la reglamentación: que los derechos reconocidos no dependan exclusivamente de decisiones circunstanciales, sino que cuenten con mecanismos que permitan sostener las políticas a través del tiempo.
Durante sus declaraciones, Georgion incorporó además una mirada personal sobre una de las principales preocupaciones que atraviesan a las familias de personas con discapacidad: qué ocurrirá cuando quienes actualmente brindan acompañamiento ya no puedan hacerlo.
“Uno de los grandes problemas que tenemos los papás de niños con discapacidad es saber qué pasa cuando uno no esté físicamente. Entonces, creo que hay que ponerse en el lugar y que las cuestiones queden en el tiempo”, manifestó.
Desde esa perspectiva, sostuvo que la reglamentación debe servir para construir políticas de Estado, más allá de los cambios de gobierno.
El ministro destacó en este sentido la decisión del gobernador de avanzar hacia medidas concretas destinadas a las personas que no cuentan con las mismas oportunidades, buscando que las respuestas queden institucionalizadas.
Otro de los aspectos planteados por Georgion fue la necesidad de revisar la forma en que la sociedad entiende y practica la inclusión.
“Yo creo que tenemos que redefinir el concepto de inclusión. Me parece que es una deuda de toda la sociedad”, sostuvo.
Para el funcionario, avanzar en esa dirección también requiere conocimiento y acercamiento hacia las instituciones y organizaciones que trabajan diariamente con personas con discapacidad.
Entre los ejemplos mencionó las actividades deportivas adaptadas como espacios que permiten conocer otras realidades y generar una participación más amplia.
“La inclusión no es de la boca para afuera, la inclusión es a puertas cerradas, cuando realmente tenés que poner el cuerpo”, afirmó.
La discusión, por lo tanto, no se limita al reconocimiento formal de derechos. También comprende cuestiones cotidianas como la accesibilidad, la comunicación, la autonomía y las diferentes situaciones de dependencia que pueden atravesar las personas con discapacidad.
Georgion sostuvo finalmente que las organizaciones cumplen una función fundamental al contener y acompañar a distintos sectores de la comunidad, mientras que el Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones institucionales para responder a esas necesidades.
“Reglamentar es poner en valor, poner en visibilidad lo que se necesita”, sintetizó.
A partir de la reglamentación de la Ley Provincial N° 3820, el desafío será ahora trasladar sus disposiciones a políticas y acciones concretas, además de garantizar su continuidad y actualización frente a las transformaciones sociales.
“El Estado es sostener la política de Estado, que se sostenga regularmente en el tiempo, pero que además se vaya contextualizando para mejorar la calidad de vida de las personas”, concluyó Georgion.
De esta manera, Santa Cruz abre una nueva etapa en la aplicación de su legislación provincial sobre discapacidad, con el objetivo de que la inclusión y la igualdad de oportunidades pasen del reconocimiento normativo a respuestas concretas y sostenidas.
