Patagonia NexoEl acceso a la vivienda fue durante años una de las principales promesas de las administraciones provinciales de Santa Cruz. Planes nacionales, programas provinciales, licitaciones y convenios se sucedieron mientras miles de familias aguardaban una solución habitacional.
Pero una parte de aquella política dejó otro paisaje: viviendas inconclusas, obras paralizadas, plazos vencidos y construcciones que terminaron ocupadas antes de poder ser entregadas formalmente.
El interrogante que permanece después de años de inversión pública es inevitable: ¿qué ocurrió con las viviendas anunciadas, licitadas y financiadas y cuántas llegaron finalmente a sus destinatarios?
Uno de los ejemplos más representativos se encuentra en Caleta Olivia, donde la problemática habitacional se combinó durante años con planes que quedaron sin finalizar.
En diferentes momentos llegaron a contabilizarse más de 300 viviendas ocupadas irregularmente, correspondientes a conjuntos habitacionales que todavía no habían completado el proceso necesario para ser adjudicados y entregados formalmente.
Entre los antecedentes aparecen los planes de 187, 60 y 40 viviendas, cuyas unidades fueron ocupadas durante 2015.
El problema se prolongó durante años y obligó posteriormente al Estado a buscar alternativas para regularizar situaciones que originalmente debieron resolverse mediante la finalización de las obras y los correspondientes procedimientos de adjudicación.
Con el paso del tiempo, desde el propio Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda se reconoció además el prolongado período durante el cual Caleta Olivia no logró concretar nuevos planes habitacionales.
Otro capítulo surgió a partir de una denuncia penal presentada en 2023 contra exautoridades del IDUV.
Según lo denunciado, entre 2016 y 2019 habrían sido licitadas 988 viviendas, mientras que durante ese período solamente 224 habrían sido entregadas.
De tomarse esas cifras, las unidades entregadas representarían aproximadamente el 22,7% del total licitado.
La diferencia entre ambas cantidades no permite concluir por sí misma que las restantes viviendas hayan sido pagadas completamente o abandonadas, ya que cada obra puede haber atravesado distintos grados de ejecución, certificación, financiamiento, paralización o continuidad posterior.
Sin embargo, la magnitud de la diferencia constituye uno de los elementos que motivaron cuestionamientos sobre aquella etapa de la política habitacional provincial.
Durante parte de esos años, Pablo Grasso estuvo al frente del IDUV. Posteriormente, la presidencia del organismo quedó en manos de su hermana, María de los Ángeles Grasso.
La revisión de las contrataciones correspondientes a aquellos años también coloca el foco sobre las constructoras que participaron de los diferentes programas habitacionales.
Entre los nombres mencionados aparecen PERMACO S.R.L., Carrizo Stella Maris y CIAPECO S.A., entre otras firmas que tuvieron participación en obras públicas.
Algunas de esas empresas volvieron posteriormente a aparecer como proveedoras o contratistas del Estado.
Uno de los casos es PERMACO, que registró contrataciones con el IDUV y aparece nuevamente vinculada durante 2026 con órdenes de pago de la Municipalidad de Río Gallegos, actualmente conducida por Pablo Grasso.
De acuerdo con el relevamiento realizado sobre documentación administrativa, entre enero y marzo de 2026 las órdenes vinculadas a PERMACO superarían los $107 millones, contemplando conceptos relacionados con deudas, combustibles, repuestos, equipamiento y otros rubros.
Que una empresa haya trabajado con diferentes organismos o administraciones no constituye por sí mismo una irregularidad.
El interrogante relevante pasa por reconstruir qué contratos recibió, cuáles fueron los montos adjudicados y efectivamente abonados, qué porcentaje de ejecución alcanzó cada obra y cuáles fueron finalmente terminadas.
Las dudas sobre la administración de los recursos habitacionales también llegaron a la Justicia.
En 2025, el propio IDUV informó que se había presentado como querellante y aportado documentación en una causa destinada a investigar posibles delitos relacionados con la administración del organismo durante el período 2015-2023.
Las actuaciones alcanzarían a distintas personas que ocuparon sucesivamente la conducción del Instituto, entre ellas Pablo Grasso y María de los Ángeles Grasso.
Se trata de una investigación judicial en curso. La existencia de una causa o denuncia no implica culpabilidad y las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por la Justicia sobre la base de las pruebas incorporadas al expediente.
Más allá de nombres propios y responsabilidades que eventualmente pueda establecer la Justicia, existe una realidad visible en diferentes puntos de Santa Cruz.
Durante años se anunciaron planes habitacionales, se realizaron licitaciones y se comprometieron importantes cantidades de recursos públicos.
Al mismo tiempo, numerosos santacruceños continuaron esperando una vivienda.
Los barrios inconclusos, las construcciones paralizadas y las ocupaciones de unidades que nunca llegaron a entregarse regularmente forman parte de una historia que merece ser reconstruida con documentación.
Después de dos décadas de políticas habitacionales, el debate ya no debería limitarse a cuántas viviendas fueron anunciadas o licitadas.
La verdadera rendición de cuentas requiere responder otras preguntas:
¿Cuántas se financiaron? ¿Cuánto dinero se desembolsó? ¿Cuántas obras se terminaron? ¿Qué empresas recibieron los contratos? ¿Cuántas viviendas fueron finalmente adjudicadas y entregadas a las familias?
Responder documentalmente esos interrogantes permitiría conocer la verdadera dimensión de una deuda habitacional que Santa Cruz todavía arrastra.
Fuente: La Prensa de Santa Cruz
