Patagonia NexoLa Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz emitió un comunicado oficial en respuesta a las declaraciones realizadas por la Asociación del Personal y Empleados Legislativos (APEL), rechazando las denuncias del gremio y afirmando que las mismas son "falsas, malintencionadas y responden a una evidente utilización política" de una medida de carácter administrativo.
Desde el Poder Legislativo se aclaró que la asignación de determinados agentes al inmueble ubicado en calle Pellegrini N.º 175 no implica cesantías, sanciones, reducción de salarios ni modificaciones en los derechos laborales de los trabajadores.
En el comunicado, la Cámara de Diputados aseguró que ningún empleado verá alteradas sus condiciones laborales, detallando que se mantienen sin cambios:
Según la Presidencia, la única modificación corresponde al lugar físico donde algunos agentes desarrollarán sus tareas, dentro de dependencias afectadas al funcionamiento del Poder Legislativo.
El documento rechaza las expresiones utilizadas por APEL, que había denunciado un supuesto "confinamiento", "desplazamiento arbitrario" y "desmembramiento" del personal.
La conducción legislativa afirmó que la decisión responde a necesidades de organización, distribución de espacios, seguridad, funcionamiento operativo y mejora de las condiciones laborales, y sostuvo que resulta contradictorio cuestionar la utilización de un nuevo edificio destinado precisamente a optimizar el trabajo diario.
Asimismo, remarcó que no existe ninguna vulneración de la Ley Provincial N.º 1958 ni de la Ley N.º 3021, asegurando que continuará respetando la normativa vigente y los derechos adquiridos por los trabajadores.
En otro tramo del comunicado, la Presidencia sostuvo que la conducción de APEL intenta convertir una decisión administrativa en un conflicto político.
Además, señaló que algunos dirigentes gremiales mantienen una participación política activa en espacios vinculados al kirchnerismo provincial y municipal, haciendo referencia a sectores identificados con Pablo Grasso y Pablo González.
Desde la Cámara indicaron que esa militancia política es legítima, pero consideraron que no debe utilizarse la representación sindical para presentar como un ataque a los trabajadores una medida que, según remarcaron, no modifica salarios, horarios, estabilidad laboral ni elimina puestos de trabajo.
Finalmente, la Presidencia reafirmó su decisión de avanzar con el proceso de ordenamiento administrativo, la reorganización de los espacios de trabajo y el control del cumplimiento efectivo de las funciones dentro del Poder Legislativo.
En ese marco, sostuvo que defender los derechos laborales también implica garantizar responsabilidad, asistencia y cumplimiento de las tareas asignadas, y aseguró que mantendrá abiertos los canales institucionales de diálogo, aunque advirtió que no convalidará "operaciones políticas disfrazadas de reclamos sindicales".
El comunicado concluye reiterando que no existe persecución laboral, reducción salarial, modificación de horarios, pérdida de estabilidad ni cambios en la situación de revista, sino únicamente una reorganización de espacios destinada a mejorar el funcionamiento institucional.
