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La provincia de Santa Cruz oficializó su incorporación al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, una herramienta impulsada por el Ministerio de Justicia de la Nación que busca fortalecer las políticas de asistencia y protección destinadas a quienes fueron víctimas de este delito.
La adhesión fue formalizada por la secretaria de Estado de la Casa de Santa Cruz, Agustina Aguiar, en representación del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración, organismo provincial encargado de la implementación de esta política pública.
Con esta incorporación, Santa Cruz pasa a integrar la red federal de jurisdicciones que trabajan de manera coordinada para mejorar los mecanismos de contención, acompañamiento y restitución de derechos de las personas afectadas por situaciones de trata.
El programa nacional tiene como eje principal promover la recuperación integral de las víctimas a través de acciones que permitan garantizar el acceso a derechos fundamentales, además de favorecer procesos de inclusión social y laboral.
Para ello, se prevé el funcionamiento de una Red de Puntos Focales Provinciales, destinada a coordinar acciones entre organismos nacionales, provinciales y locales, facilitando la intervención ante casos detectados y el seguimiento de las personas asistidas.
Asimismo, la iniciativa contempla el fortalecimiento de los equipos técnicos encargados de abordar estas situaciones mediante capacitaciones, asistencia metodológica y herramientas específicas para mejorar la respuesta institucional.
En el marco del convenio, el Ministerio de Justicia de la Nación brindará apoyo técnico y acompañamiento a las provincias adheridas, además de promover espacios de articulación con otros organismos estatales.
Por su parte, Santa Cruz asumirá la responsabilidad de implementar los lineamientos previstos por el programa, designar equipos de trabajo especializados y aplicar los protocolos nacionales vigentes vinculados a la asistencia y restitución de derechos.
Desde el Gobierno provincial destacaron que esta adhesión representa un paso más en la construcción de políticas públicas orientadas a la protección integral de las personas y al fortalecimiento de las redes de contención para víctimas de delitos complejos.
La iniciativa busca garantizar intervenciones basadas en el respeto de los derechos humanos, evitando situaciones de revictimización y promoviendo condiciones que favorezcan la autonomía y la reinserción social de quienes atravesaron este tipo de experiencias.
Con esta incorporación, Santa Cruz amplía su participación en las estrategias federales destinadas a combatir la trata de personas y fortalecer la protección de las víctimas a través de acciones coordinadas en todo el país.
