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La provincia de Santa Cruz dio un nuevo paso en materia de políticas públicas al aprobar la creación de un Consejo Consultivo Provincial vinculado al cáñamo industrial y al cannabis con fines terapéuticos, medicinales y veterinarios.
La iniciativa, sancionada por la Legislatura, establece un ámbito de carácter consultivo y participativo, orientado a asesorar al Estado en el diseño de normativas y estrategias vinculadas a esta actividad.
El nuevo Consejo estará conformado por representantes de organismos provinciales y nacionales, universidades, instituciones científicas, productores y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de generar un trabajo conjunto e interdisciplinario.
Entre sus principales funciones se destacan la elaboración de recomendaciones, la promoción de investigaciones, el impulso de instancias de capacitación y la articulación entre distintos sectores involucrados en la temática.
La medida también reconoce el recorrido de organizaciones sociales, agrupaciones de pacientes y actores productivos, que durante años han desarrollado tareas vinculadas a la información, el acompañamiento y la reducción de riesgos en torno al uso del cannabis medicinal.
En ese marco, se destaca la importancia de incorporar la experiencia acumulada en el territorio para construir políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la comunidad.
El proyecto plantea que tanto el cannabis medicinal como el cáñamo industrial representan una oportunidad para diversificar la matriz productiva, fomentar la innovación tecnológica y generar nuevas fuentes de empleo en la provincia.
Además, se prevé que el Consejo avance en la elaboración de un diagnóstico integral del sector y en el diseño de una propuesta normativa provincial, que permita ordenar y regular la actividad de manera sostenible.
Con la creación de este organismo, Santa Cruz inicia una etapa orientada a fortalecer el abordaje institucional del cannabis, integrando aspectos vinculados a la salud, la ciencia y la producción.
El desafío a futuro será consolidar un marco que garantice acceso seguro, regulación clara y desarrollo responsable, en línea con las demandas de pacientes, profesionales y sectores productivos.
