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El Gobierno nacional y las autoridades del sistema universitario alcanzaron un acuerdo que contempla una recomposición salarial para docentes y trabajadores, junto con una mejora en los recursos destinados a las casas de estudio. Sin embargo, el entendimiento no logró desactivar el conflicto judicial vigente por el financiamiento del sector.
El acuerdo fue sellado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y establece una actualización salarial total del 24,33%, distribuida en dos etapas: un 21,33% a partir de julio y un 3% adicional en octubre. La medida busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
Además, se confirmó la convocatoria a una mesa paritaria, una demanda sostenida por los gremios universitarios, que reclaman instancias formales de negociación salarial.
Dentro del paquete acordado, se incluye un incremento del 50% en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, orientadas a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.
A esto se suma una asignación extraordinaria de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios, fundamentales tanto en la formación académica como en la atención sanitaria.
Otro de los puntos abordados fue la situación de los docentes de niveles preuniversitarios, uno de los sectores más afectados tras la eliminación del FONID y la pérdida de ingresos registrada en el último tiempo.
A pesar del avance en materia salarial y presupuestaria, las universidades ratificaron que continuarán con la presentación judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente en análisis por la Corte Suprema de Justicia.
Desde el Gobierno sostienen que la normativa presenta problemas en la definición de las fuentes de financiamiento, lo que dificulta su implementación. En ese contexto, consideran incompatible mantener la disputa judicial mientras se negocian mejoras económicas.
En el ámbito sindical, el acuerdo fue recibido con cautela. Los gremios remarcaron la necesidad de garantías concretas para evitar nuevas pérdidas frente a la inflación y esperan la convocatoria efectiva a paritarias antes de cerrar cualquier entendimiento.
Mientras tanto, la comunidad universitaria continúa en estado de alerta, con antecedentes recientes de clases públicas, movilizaciones y protestas en distintas instituciones del país, en reclamo de mayor financiamiento y mejoras salariales.
El escenario refleja un avance parcial en las negociaciones, pero con un conflicto estructural que aún permanece sin resolución definitiva.
