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El Poder Judicial de Santa Cruz avanzó en la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento, organismo previsto por la Constitución provincial para investigar y resolver denuncias por presunto mal desempeño de jueces y funcionarios judiciales.
Tras un proceso de selección realizado en la sede del Tribunal Superior de Justicia en Río Gallegos, quedaron definidos como integrantes titulares Gabriel Contreras, actual presidente del máximo tribunal; Daniel Emilio Aybar, en representación de los abogados de la matrícula; y la diputada provincial Adriana Nieto, por el Poder Legislativo.
La integración del organismo se definió mediante sorteos públicos, tal como lo establece la normativa vigente. En primer lugar, se seleccionó al representante de los abogados entre más de 1.800 matriculados habilitados, resultando designado Aybar.
Posteriormente, se llevó a cabo el sorteo entre los vocales del Tribunal Superior de Justicia, donde fue elegido Contreras como miembro titular. En tanto, la representación legislativa quedó a cargo de Nieto, quien continuará en el rol por ser la única diputada con título de abogada dentro de la Cámara.
El Tribunal de Enjuiciamiento cumple una función central dentro del sistema judicial, ya que tiene la responsabilidad de recibir denuncias, evaluar su admisibilidad, llevar adelante el proceso y emitir resoluciones en casos que involucren a magistrados y funcionarios.
Entre sus atribuciones se encuentran la producción de pruebas, la realización de audiencias y la eventual aplicación de sanciones, en el marco de los procedimientos establecidos por la ley.
La designación de este tribunal se da en un contexto de reorganización institucional del Poder Judicial, tras la reciente ampliación del Tribunal Superior de Justicia.
Además, vuelve a aplicarse la Ley 28, luego de que fuera declarada inconstitucional una normativa más reciente, lo que reinstala el esquema tradicional de funcionamiento del organismo.
Con esta nueva integración, el sistema judicial santacruceño inicia una etapa en la que se buscará garantizar mayor control, transparencia y acceso de la ciudadanía a mecanismos de denuncia contra funcionarios judiciales.
