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La jueza federal Sandra Arroyo Salgado generó fuerte repercusión al exponer una hipótesis que conecta la muerte del fiscal Alberto Nisman con sectores de inteligencia, la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y presuntos vínculos con funcionarios del actual gobierno nacional.
Las declaraciones se dieron durante una exposición pública en Buenos Aires, donde la magistrada abordó el estado de las investigaciones complejas en el país y sostuvo que la corrupción atraviesa de manera estructural a los distintos poderes del Estado.
En ese contexto, Arroyo Salgado afirmó que, si bien resulta difícil identificar a los responsables intelectuales del hecho, existen indicios y trascendidos que señalan la participación de actores ligados a servicios de inteligencia que operarían en ámbitos vinculados a Río Turbio, además de conexiones con el ámbito político actual.
La jueza no brindó detalles específicos sobre estas afirmaciones, pero sus declaraciones reavivaron el debate en torno a una causa que la Justicia ya encuadra como homicidio, y que mantiene procesados a varios involucrados, entre ellos el técnico informático que facilitó el arma utilizada.
Durante su intervención, también cuestionó con dureza el funcionamiento del sistema judicial, al señalar que debería haber más jueces y fiscales investigados y removidos, y calificó al Consejo de la Magistratura como un organismo con dificultades para actuar con eficacia.
Además, sostuvo que el crimen de Nisman representa uno de los hechos de mayor impacto institucional en la historia reciente del país, enmarcado en un contexto de disputas de poder y posibles operaciones vinculadas a estructuras de inteligencia.
Las declaraciones de la magistrada se suman a una causa que continúa abierta y bajo investigación, mientras persisten interrogantes sobre uno de los episodios más trascendentes de la política y la justicia argentina.
