
Sin consenso político, se demora el debate por la Emergencia Económica en Santa Cruz
Patagonia Nexo
La Legislatura de Santa Cruz volvió a postergar el tratamiento del proyecto para declarar la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, una medida clave para el Gobierno provincial que busca reordenar las cuentas públicas en un escenario de crisis.
Si bien se esperaba que la iniciativa fuera abordada en la sesión ordinaria de este jueves, finalmente no fue incluida en el orden del día, lo que impide su tratamiento salvo que se incorpore sobre tablas, una instancia que requiere una mayoría especial de dos tercios.
El proyecto, promovido por la gestión de Claudio Vidal, ya había sido derivado previamente a comisiones tras no avanzar en la primera sesión del año, en un contexto marcado por la fuerte oposición de los gremios estatales, que incluso realizaron un acampe frente al edificio legislativo.
Desde el Ejecutivo se buscaba introducir modificaciones en algunos artículos para acercar posiciones y lograr consenso, aunque hasta el momento no se registraron avances concretos en ese sentido.
La propuesta contempla la declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga, y apunta a dotar al Gobierno de herramientas excepcionales para reorganizar el gasto público, en medio de lo que se describe como una delicada situación fiscal.
Entre los puntos más relevantes, el proyecto incluye la revisión de contratos vigentes, la restricción en el ingreso de personal al Estado —con excepciones en áreas esenciales— y la implementación de un régimen de retiro anticipado voluntario para trabajadores próximos a jubilarse.
Sin embargo, estas medidas generaron preocupación en los sindicatos, que interpretan la iniciativa como un posible avance hacia políticas de ajuste, incluyendo congelamiento salarial o reducción del empleo público. Esta postura derivó en la movilización del Frente Sindical de Santa Cruz, con la participación de gremios como ADOSAC y Judiciales, entre otros.
Por el momento, el futuro del proyecto continúa abierto y dependerá de la capacidad de negociación entre el Gobierno y los distintos sectores involucrados.


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