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En un contexto de fuerte presión sobre las finanzas provinciales, el Gobierno de Santa Cruz accedió a un adelanto financiero de $100.000 millones por parte de Nación, con el objetivo de cumplir con obligaciones inmediatas, principalmente el pago de salarios y jubilaciones.
Desde el Ejecutivo provincial aclararon que se trata de una asistencia extraordinaria y de corto plazo, que será reintegrada dentro del mismo ejercicio fiscal, sin afectar los recursos propios de la provincia.
El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, fue contundente al llevar tranquilidad a los municipios, asegurando que “la coparticipación no se verá afectada en absoluto”, y remarcó que esta herramienta permite garantizar el pago en tiempo y forma a trabajadores activos y jubilados.
En esa línea, el funcionario explicó que la medida responde a una coyuntura económica compleja, marcada por la caída de ingresos y el aumento de las demandas de gasto, lo que obliga a implementar estrategias financieras de corto plazo para sostener el funcionamiento del Estado.
El Gobierno provincial puso el foco en asegurar la continuidad de servicios esenciales como salud, educación y seguridad, priorizando la disponibilidad de recursos en áreas críticas.
Según detallaron, el objetivo inmediato es evitar interrupciones en prestaciones básicas y garantizar insumos clave, especialmente en el sistema de salud.
Actualmente, Santa Cruz enfrenta un déficit proyectado cercano a los $339.000 millones, lo que refuerza la necesidad de optimizar el uso de los recursos disponibles.
En este escenario, desde la gestión provincial insisten en avanzar con una Ley de Emergencia, considerada una herramienta central para reordenar las cuentas públicas y mejorar la previsibilidad financiera. Además, permitiría asegurar gastos estratégicos como medicamentos y operatividad del avión sanitario.
A mediano plazo, el desafío apunta a reducir la dependencia de asistencias nacionales, mediante el impulso de actividades productivas que generen ingresos genuinos para la provincia.
Mientras tanto, la prioridad sigue firme: garantizar el pago de salarios y jubilaciones, asegurando el cumplimiento de los compromisos establecidos por ley y el funcionamiento del Estado en un contexto económico exigente.
