Patagonia Nexo
Entre 1987 y 1991, el gobernador de la provincia de Santa Cruz Ricardo del Val, representante del Partido Justicialista. Asumió el cargo el 10 de diciembre de 1987, sucediendo a Arturo Puricelli, y su mandato finalizó antes de tiempo debido a una intervención federal en 1990, siendo sucedido por José Ramón Granero y luego por Néstor Kirchner en 1991(1987–1991), en el contexto de la hiperinflación de 1989. Allí, Santa Cruz enfrentó un colapso económico que obligó a aplicar medidas de emergencia con fuerte impacto en los trabajadores estatales. Fue el inicio de una lógica que, con el tiempo, se volvería recurrente.
Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno provincial (1991–2003), la emergencia tomó otra forma. Si bien su gestión es recordada por el ordenamiento fiscal, ese proceso se apoyó en decisiones propias de un contexto crítico: ajuste del gasto, centralización de recursos y fuerte control de las finanzas públicas. La estabilidad lograda no eliminó el problema de fondo, sino que lo contuvo.
Años más tarde, durante la gestión de Daniel Peralta (2007–2015), la emergencia volvió a instalarse con fuerza, pero esta vez acompañada de un alto nivel de conflictividad social. Paros, reclamos salariales y tensiones con el gobierno nacional marcaron una etapa donde la crisis dejó de ser solo financiera para convertirse en política y social.
La gobernación de Alicia Kirchner (2015–2023) profundizó este escenario. La emergencia económica dejó de ser una herramienta transitoria para transformarse en una condición estructural. El déficit fiscal, la deuda provincial y, especialmente, la crisis de la Caja de Previsión Social se convirtieron en ejes permanentes de la agenda pública. A esto se sumaron los impactos de la crisis nacional de 2018 y la pandemia, que terminaron de consolidar un modelo en tensión constante.
En la actualidad, la gestión de Claudio Vidal (2023– ) vuelve a recurrir a leyes de emergencia como punto de partida. Con un discurso centrado en la producción y la reactivación energética, el gobierno intenta plantear una salida distinta. Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo el mismo: una provincia con dificultades estructurales para sostener su equilibrio financiero.
Las emergencias económicas en Santa Cruz no son casuales. Responden a un conjunto de factores que se repiten en el tiempo:
Ajustes estructurales, con impacto directo en el empleo público y el funcionamiento del Estado.
La crisis recurrente de la Caja de Previsión Social, utilizada muchas veces como eje de reformas en contextos críticos.
La dependencia de los hidrocarburos, que expone a la provincia a la volatilidad de los precios internacionales y de las regalías.
Estos elementos configuran un modelo económico frágil, donde cada caída de ingresos o aumento del gasto deriva, casi inevitablemente, en una nueva declaración de emergencia.
Uno de los aspectos más llamativos es que incluso en períodos de altos ingresos, como los años posteriores a 2003, Santa Cruz no logró romper este ciclo. La abundancia de recursos no se tradujo en una transformación estructural de la economía ni en una diversificación productiva sostenida.
Esto plantea una discusión de fondo: el problema no es solo la crisis, sino cómo se administra la riqueza cuando está disponible.
Cada vez que se declara la emergencia, la Caja de Previsión Social aparece en el centro del debate. Sin embargo, reducir el problema a lo previsional es simplificar una realidad mucho más compleja.
El sistema jubilatorio entra en crisis porque la estructura económica de la provincia es limitada, con alta dependencia del empleo público y escasa generación de recursos genuinos. Sin cambios de fondo, cualquier reforma previsional será apenas un alivio temporal.
Lo más preocupante es que la emergencia dejó de ser una herramienta excepcional para convertirse en una forma habitual de gobierno. Se legisla en urgencia, se gestiona en urgencia y se decide en urgencia.
Santa Cruz ha atravesado al menos tres momentos donde esta lógica fue especialmente intensa:
1989, durante la gestión de Puricelli, con una crisis extrema vinculada a la hiperinflación.
Entre 2008 y 2015, en la etapa de Peralta, con fuerte conflicto social y deterioro fiscal.
Entre 2015 y 2023, bajo Alicia Kirchner, donde la emergencia se volvió estructural.
La provincia necesita salir de la lógica de la emergencia permanente. Y eso no se logra únicamente con ajustes o leyes especiales, sino con una transformación más profunda:
Planificación a largo plazo
Diversificación de la matriz productiva
Previsibilidad fiscal
Fortalecimiento institucional
Gobernar en crisis puede ser inevitable. Vivir en crisis, no.
En este contexto, la actual gestión de Claudio Vidal abre una nueva etapa que, sin embargo, no escapa a la lógica histórica. Asume con una provincia en crisis fiscal y con la necesidad urgente de ordenar las cuentas públicas, impulsando leyes de emergencia como herramienta central para reestructurar el Estado.
El escenario actual está atravesado por un fuerte debate sobre el gasto público, el empleo estatal y el sistema previsional, ejes que vuelven a ocupar el centro de la discusión política. Al mismo tiempo, el gobierno intenta plantear una salida distinta, vinculando el futuro de Santa Cruz a la producción y al desarrollo energético como motores de recuperación.
No obstante, el punto de partida sigue siendo el mismo que en etapas anteriores: la emergencia.
La diferencia, quizás, radica en el discurso. Hoy se habla de transformación productiva, de cambiar la matriz económica y de generar condiciones para un crecimiento sostenido. El desafío será que esas ideas logren trascender la urgencia y convertirse en políticas concretas.
Porque en Santa Cruz ya no alcanza con administrar la crisis.
La verdadera prueba es, finalmente, dejar de depender de ella.
Por Redacción Patagonia Nexo
