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La provincia de Santa Cruz puso en marcha una agenda de trabajo orientada a garantizar derechos humanos y atención en salud mental dentro del sistema penitenciario, en cumplimiento de la Ley 3816. La iniciativa, promovida por el gobernador Claudio Vidal, apunta a consolidar la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura mediante una estrategia participativa que involucra a organismos del Estado, especialistas y familiares de personas privadas de la libertad.
El subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rubén Fernández, explicó que se busca abordar de manera integral las problemáticas vinculadas al encierro y al padecimiento psíquico, ya que ambas comparten desafíos como la discriminación y las dificultades para acceder a servicios adecuados. En ese marco, se iniciaron encuentros con organizaciones de la sociedad civil para incorporar a usuarios y familias en los órganos de revisión y control.
Fernández remarcó la importancia de que las asociaciones que trabajen con personas detenidas sean seleccionadas con participación activa de los familiares, y destacó la necesidad de articular con la Defensoría General y el Servicio Penitenciario para dar cumplimiento a lo solicitado por la Legislatura y por organismos nacionales.
Además, se proyecta capacitar a personal del sistema de seguridad para generar espacios terapéuticos dentro de las unidades, fortaleciendo una mirada donde la salud mental sea parte central de la política penitenciaria. El objetivo es que los internos reciban el tratamiento que necesitan y que el respeto por los derechos humanos evite vulneraciones que impactan en todo el entramado institucional.
Desde el área señalaron también la preocupación por la cantidad de personas procesadas sin condena firme, situación que presiona sobre los recursos disponibles. En ese sentido, se trabaja para garantizar procedimientos ajustados a derecho y una defensa legal efectiva.
La meta para este año es lograr la plena operatividad de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura antes de diciembre, integrando a los tres poderes del Estado en una labor preventiva que no solo fiscalice, sino que repare y fortalezca la democracia con una perspectiva de derechos humanos como eje transversal.
