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Tras más de doce horas de debate y en un clima de fuerte tensión política, el Senado otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Con 42 votos afirmativos y 30 negativos —entre ellos los 28 del interbloque peronista y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano— el oficialismo logró avanzar con un proyecto que reconfigura de manera profunda el esquema de relaciones laborales vigente desde el retorno democrático.
Para alcanzar la mayoría necesaria, la ministra de Seguridad y referente oficialista en la Cámara, Patricia Bullrich, debió introducir cambios de último momento. El más relevante fue aceptar la obligatoriedad de la cuota sindical, que inicialmente el texto establecía como voluntaria. También se mantuvo el aporte del 6% destinado a las obras sociales sindicales. Ambas concesiones fueron interpretadas como una victoria parcial de la CGT, que había presionado para frenar esos puntos.
Sin embargo, más allá de esas correcciones, el núcleo de la reforma se mantuvo intacto. El proyecto elimina la ultraactividad —mecanismo que permite que un convenio colectivo siga vigente hasta la firma de uno nuevo—, prioriza la negociación por empresa por sobre la negociación por rama y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema alternativo al sistema tradicional de indemnizaciones que incluye recursos vinculados a la Anses.
Además, se incorporan modificaciones en regímenes de licencias y se amplía la declaración de actividades esenciales, lo que impacta directamente en el derecho de huelga. Para la oposición, estos cambios representan una afectación estructural de derechos históricos conquistados por el movimiento obrero.
Durante el debate, las críticas no sólo apuntaron al contenido sino también al procedimiento. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, denunció un “avasallamiento” y cuestionó que el texto hubiera sufrido cerca de 50 modificaciones pocas horas antes de la votación. “A diez minutos de votar no sabemos qué texto estamos aprobando”, advirtió el puntano Fernando Salino, anticipando una eventual judicialización.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para modernizar el mercado laboral y generar empleo. Bullrich sostuvo que la reforma busca “romper cadenas” y mejorar la competitividad, aunque reconoció que ninguna norma por sí sola garantiza la creación de puestos de trabajo.
En la vereda opuesta, senadores como Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti calificaron el proyecto como “revanchista” y recordaron antecedentes polémicos como la reforma laboral del año 2000. “No crean empleo las normas laborales”, advirtieron, al tiempo que cuestionaron la idea de que se trate de la primera transformación estructural desde el retorno democrático.
Más allá del cruce discursivo, el resultado deja un dato político central: el Gobierno logró quebrar la estrategia de la CGT de “desflecar” la ley artículo por artículo y consiguió imponer su eje reformista. La central obrera logró preservar herramientas clave para su estructura corporativa, pero no pudo impedir el avance sobre aspectos medulares del modelo sindical argentino.
Ahora el proyecto deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, donde el escenario se anticipa igualmente complejo. Allí se definirá si esta reforma se convierte en ley y marca un punto de inflexión en la historia laboral argentina o si el Congreso introduce nuevos límites al alcance del cambio impulsado por el Ejecutivo.
