Puntajes bajo sospecha: Educación interviene los Listados Docentes 2026

La publicación de los Listados Docentes 2026 abrió un fuerte foco de tensión en el sistema educativo santacruceño. Lo que comenzó como observaciones técnicas dentro de las propias Juntas de Clasificación derivó en una intervención formal del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, que reconoció un “incremento extraordinario y masivo” en el ítem “Otros Títulos” y dispuso una revisión integral mediante la Resolución N° 0312/26, firmada el 10 de febrero por la presidenta del organismo, Iris Rasgido.

Las advertencias surgieron desde el interior mismo del sistema. La vocal de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, Carolina Belmonte, explicó que al analizar los listados se detectó la presentación simultánea de múltiples diplomaturas y actualizaciones académicas, algunas con cargas horarias que superarían parámetros razonables de cursado anual. Además, varias certificaciones tendrían la misma fecha de finalización, lo que generó dudas sobre su efectiva realización.

Uno de los ejemplos expuestos refleja la magnitud del problema: un docente que en el listado definitivo 2025 registraba 58,45 puntos pasó a acumular 103,15 en la nueva valoración, es decir, un incremento superior a 44 puntos dentro de un mismo ítem.

En la misma línea, la vocal de la Junta de Clasificación de Educación Técnica, Karina Silvi, sostuvo que el malestar entre los docentes “no es menor”. Remarcó que una carrera universitaria de cinco años otorga apenas tres puntos dentro del sistema de clasificación, mientras que algunas certificaciones presentadas aspiraban a sumar 30 o incluso 40 puntos en apenas dos o tres meses. Según advirtió, por la carga horaria declarada sería materialmente imposible cursar en simultáneo varias diplomaturas intensivas cumpliendo además con la jornada laboral habitual.

Desde el CPE señalaron que la discusión trasciende lo administrativo y se vincula con la equidad y la transparencia del sistema. En la revisión también se analiza una modalidad que, según trascendió, se viene registrando con ciertas organizaciones que ofrecerían formaciones con certificación inmediata una vez abonado el curso, incluso con entrega de respuestas de exámenes. En esos casos, el eje no sería el aprendizaje efectivo sino la obtención rápida del certificado con impacto directo en el puntaje.

El esquema guarda similitudes con situaciones investigadas en otras provincias, como Salta, donde se denunciaron mecanismos de comercialización de certificados académicos que derivaron en actuaciones judiciales.

Con la intervención ya formalizada, ahora la tarea del organismo educativo será determinar la validez de la documentación presentada, establecer si hubo alteraciones en el Orden de Mérito y definir si las irregularidades detectadas derivarán en responsabilidades administrativas o penales.

Mientras tanto, el clima en el ámbito docente es de incertidumbre. Lo que está en juego no es solo un puntaje, sino la credibilidad de un sistema que define designaciones, suplencias y estabilidad laboral en toda la provincia.