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La notificación fue enviada a las autoridades partidarias y advierte sobre una serie de irregularidades que, según los denunciantes, ya estarían en marcha con el objetivo de dilatar o impedir la realización de internas, una práctica que —afirman— se repite y termina por silenciar la participación de la militancia.
En el documento, se recuerda que una resolución del Juzgado Federal Electoral otorgó una prórroga excepcional de seis meses a los mandatos partidarios, con el objetivo de que el PJ tuviera tiempo suficiente para ordenar su proceso interno, convocar a elecciones y garantizar reglas claras. Sin embargo, los firmantes sostienen que esa prórroga estaría siendo utilizada en sentido contrario: no para fortalecer la democracia interna, sino para concentrar decisiones y excluir voces críticas.
El reclamo incluye una batería de pedidos concretos: desde la convocatoria formal a internas, la designación de una Junta Electoral consensuada, la entrega del padrón definitivo y la planilla de avales, hasta la reducción del porcentaje de avales exigidos para presentar listas, con el fin de ampliar la participación. También se cuestiona la nominación “a dedo” de candidaturas en procesos anteriores y se exige que el partido adopte un sistema de boleta única financiado por el PJ, como garantía de igualdad de condiciones.
El malestar no surge en el vacío. Entre los afiliados aún está fresco el antecedente de las últimas elecciones a diputados nacionales, cuando el PJ de Santa Cruz presentó una lista que no incluyó a ningún dirigente identificado con el peronismo, una decisión que generó fuertes críticas y profundizó la desconexión entre la estructura partidaria y su base histórica.
“Sin internas no hay democracia partidaria”, repiten quienes impulsan el reclamo. Para estos sectores, la falta de debate, la exclusión de afiliados y la ausencia de reglas claras no solo debilitan al partido, sino que lo alejan de su razón de ser: representar al movimiento peronista y canalizar la voluntad de sus afiliados.
La Carta Documento fija un plazo de 72 horas para obtener una respuesta por parte de las autoridades partidarias. De no mediar una contestación satisfactoria, los firmantes adelantaron que recurrirán a la Justicia Electoral, lo que podría abrir un nuevo capítulo de judicialización en la vida interna del PJ santacruceño.
Mientras tanto, el escenario queda marcado por una advertencia clara: el silencio y la postergación ya no pasan inadvertidos. En un contexto político y social complejo, el justicialismo de Santa Cruz enfrenta un desafío clave: ordenar su interna, recuperar la participación y evitar que la crisis de representación termine por profundizarse.
