Río Gallegos: El Concejo le puso un freno al Ejecutivo: no habrá crédito sin control legislativo

El Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó el Presupuesto Municipal 2026, pero dejó una señal política clara y contundente: no habrá endeudamiento sin control legislativo. En una sesión extraordinaria atravesada por tensiones y una votación dividida, el cuerpo deliberativo rechazó un artículo clave que pretendía habilitar al Departamento Ejecutivo a tomar crédito sin la autorización del Concejo.

El tratamiento del Presupuesto se dio luego de que el proyecto fuera rechazado el pasado 23 de diciembre. En esta nueva instancia, el oficialismo logró revertir ese escenario y consiguió la aprobación en general con cuatro votos afirmativos y tres negativos, estos últimos correspondientes a concejales del bloque SER. Sin embargo, el avance del Ejecutivo encontró un límite concreto cuando se abordó el articulado sensible vinculado al endeudamiento municipal.

En paralelo, el Concejo también aprobó el Impuesto Patente Automotor, que obtuvo tres votos positivos del bloque Unión por la Patria, mientras que el resto de los concejales optó por la abstención, lo que permitió igualmente su sanción. No obstante, el foco político de la sesión estuvo puesto en el artículo que finalmente fue rechazado.

Según pudo conocerse, el cuerpo deliberativo desestimó el artículo 11 del Presupuesto (erróneamente identificado como artículo 12 en la documentación oficial), una cláusula que otorgaba al Ejecutivo municipal amplias facultades para endeudarse sin necesidad de pasar por el Concejo Deliberante. La norma habilitaba al intendente Pablo Grasso a gestionar líneas de financiamiento, créditos o contratos de leasing con organismos multilaterales, entidades bancarias o instituciones financieras, tanto nacionales como provinciales.

El alcance de esa autorización no era menor: permitía contraer deuda hasta un monto equivalente a cuatro masas salariales brutas, con la posibilidad de afectar incluso recursos de coparticipación como garantía. Un esquema que, de haberse aprobado, habría concentrado decisiones financieras de alto impacto en el Ejecutivo, sin debate ni aval del órgano legislativo.

El rechazo de este artículo expuso una fuerte desconfianza política hacia la administración municipal y funcionó como un freno institucional a cualquier intento de avanzar con endeudamiento sin consenso. A partir de esta definición, cualquier operación de crédito que impulse el Ejecutivo deberá contar obligatoriamente con la aprobación del Concejo Deliberante de Río Gallegos, reforzando el rol de control y equilibrio de poderes.

Más allá de la aprobación general del Presupuesto 2026, la sesión dejó en evidencia que el Concejo no está dispuesto a delegar atribuciones clave en materia financiera. En un contexto económico complejo, con cuentas municipales ajustadas y demandas crecientes, el mensaje político fue claro: no habrá cheques en blanco ni endeudamiento sin control.

Así, el Presupuesto quedó sancionado, pero con límites precisos. El intento del Ejecutivo de ampliar su margen de maniobra financiera sin pasar por el Concejo no prosperó, marcando un escenario donde el debate, la transparencia y la responsabilidad institucional vuelven a ocupar un lugar central en la discusión política de Río Gallegos.