ATE en alerta ante la posible privatización de los hospitales nacionales SAMIC

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en estado de alerta y asamblea permanente frente a la posibilidad de privatización o gerenciamiento privado de los hospitales nacionales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), luego de que el Gobierno nacional dejara trascender esa alternativa y el diario La Nación informara que se evalúa un sistema de gestión privada para estos establecimientos.

El rechazo del gremio apunta especialmente a los hospitales SAMIC ubicados en la provincia de Buenos Aires: el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y el “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela, todos ellos administrados de manera mixta entre Nación y Provincia.

Según datos difundidos por ATE, la concurrencia en los hospitales bonaerenses aumentó entre un 12% y un 15%, con picos de hasta el 50% en algunas zonas, como consecuencia directa de la pérdida de cobertura de obras sociales tras los despidos registrados durante la gestión del presidente Javier Milei. Este escenario profundizó la dependencia del sistema público de salud por parte de amplios sectores de la población.

Desde el sindicato advirtieron que cualquier intento de privatización o gerenciamiento privado quiebra el principio fundamental del acceso universal, gratuito y de calidad a la salud pública, además de poner en riesgo miles de puestos de trabajo del sector estatal.

ATE remarcó que alrededor de 18 millones de argentinos y argentinas acceden exclusivamente al sistema público de salud, cifra que se incrementó en los últimos meses debido al aumento del desempleo y la pobreza. En ese contexto, sostuvieron que avanzar sobre los hospitales SAMIC representa un golpe directo a un sistema integrado de salud y a un derecho esencial de la comunidad.

“Defender los hospitales SAMIC es defender la salud pública, el trabajo y la dignidad de millones de personas”, señalaron desde el gremio, al tiempo que advirtieron que la provincia de Buenos Aires vuelve a convertirse en un foco de ajustes y estigmatización por parte del Gobierno nacional.

El conflicto abre un nuevo frente de tensión en torno al futuro del sistema sanitario público y reinstala el debate sobre el rol del Estado nacional en la garantía del derecho a la salud.