El actual vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz avaló una suba del 42% para los jueces supremos —incluido él mismo— que llevará sus sueldos hasta los 24 millones de pesos, a contramano de sus posturas públicas de años atrás contra el “enganche” salarial y los incrementos automáticos.
Info. General17/01/2026
Patagonia Nexo
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz aprobó a fines de diciembre de 2025 una resolución que establece un aumento salarial del 42% para el Poder Judicial, a aplicarse de forma escalonada entre enero y octubre de 2026. La medida alcanza a todos los funcionarios judiciales, pero eleva de manera significativa los ingresos de los propios vocales del máximo tribunal, que pasarán a percibir entre 17 y 24 millones de pesos mensuales.
La decisión generó fuertes cuestionamientos desde el Gobierno Provincial y desde el gremio ATE Santa Cruz, que conduce Carlos Garzón. Desde la organización sindical advirtieron que el incremento supera tanto los aumentos otorgados al resto de los trabajadores estatales como las proyecciones oficiales de inflación para 2026, y reclamaron que se frenen las liquidaciones. Sin embargo, la autonomía financiera del Poder Judicial y el presupuesto ya aprobado por la Legislatura dificultan cualquier intervención directa del Ejecutivo.
Más allá del impacto fiscal y político, el aumento dejó al descubierto contradicciones dentro del propio poder judicial. El caso más visible es el de Fernando Basanta, actual vocal del TSJ y uno de los firmantes de la resolución. Años atrás, cuando era ministro de Gobierno durante la gestión de Alicia Kirchner, Basanta fue una de las voces más críticas contra los incrementos salariales del Poder Judicial.
En marzo de 2017, en medio de un conflicto entre el Ejecutivo y el TSJ, Basanta sostenía públicamente que la provincia no tenía recursos para afrontar aumentos automáticos para la Justicia. En ese contexto llegó a calificar esas subas como “anticonstitucionales” y cuestionó la vigencia de la ley de enganche, que vincula los salarios judiciales provinciales con los de la Justicia Federal. Incluso, planteaba la posibilidad de dejarla sin efecto por decreto por el impacto que —según afirmaba— tenía sobre las finanzas provinciales.
Más tarde, en 2020, ya como fiscal y paritario del Tribunal, también había advertido al gremio judicial sobre la necesidad de no “tensar la cuerda” en las negociaciones, en un escenario donde se discutía modificar el régimen salarial del sector.
Hoy, el mismo funcionario integra el cuerpo que aprobó un incremento histórico para los jueces supremos, con porcentajes por encima de la inflación y muy superiores a los otorgados al resto de los empleados públicos. La situación reavivó el debate sobre los privilegios del Poder Judicial, la falta de control externo sobre sus decisiones salariales y la distancia entre los discursos de austeridad y las resoluciones adoptadas cuando cambian los roles de poder.
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