Desde el Ejecutivo de Santa Cruz advirtieron que la pauta aprobada por el Tribunal Superior de Justicia para 2026 supera las proyecciones inflacionarias y resulta contradictoria con recientes argumentos de falta de recursos.
Provinciales13/01/2026
Patagonia Nexo
El Gobierno de Santa Cruz expresó su cuestionamiento al incremento salarial dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para vocales, jueces, magistrados y funcionarios judiciales durante 2026. La medida fue formalizada mediante una resolución firmada el 30 de diciembre de 2025 por cuatro vocales del máximo tribunal y prevé aumentos mensuales automáticos que, según el Ejecutivo, oscilan entre el 46% y el 50% anual.
La ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, señaló que la pauta salarial “supera las proyecciones inflacionarias previstas para el período” y remarcó que los incrementos alcanzan a los funcionarios que perciben los haberes más altos del Estado provincial. De acuerdo al esquema aprobado, los aumentos serán del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026, y del 3% mensual entre agosto y octubre.
Según el anexo que acompaña la resolución, el salario básico de los vocales del TSJ comenzará en enero de 2026 en 1.574.940 pesos y alcanzará los 2.177.588 pesos en octubre, lo que representa un incremento del 38,2% en el básico, sin considerar otros adicionales. Desde el Ejecutivo provincial indicaron que, en términos de haberes totales, los sueldos podrían pasar de montos cercanos a los 13 y 16 millones de pesos en diciembre de 2025 a cifras que oscilarían entre 19 y casi 24 millones de pesos en octubre de 2026.
Además, desde el Gobierno señalaron que una parte significativa de los integrantes del máximo tribunal ya reúne los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, lo que vuelve a poner en discusión el impacto fiscal de este tipo de decisiones a mediano plazo.
El planteo oficial también puso el foco en la contradicción entre este aumento salarial y una resolución adoptada por el propio TSJ el pasado 17 de diciembre de 2025, cuando se rechazó la incorporación de nuevos jueces argumentando “serias complicaciones financieras” en la provincia. “Cuando se trata de ampliar la estructura para mejorar el servicio de justicia, se invoca la falta de recursos. Pero cuando se trata de fijar aumentos automáticos para la cúpula judicial, esas restricciones parecen no existir”, sostuvo Elmiger.
La ministra aclaró que el cuestionamiento no apunta a desconocer la independencia del Poder Judicial, sino a debatir la razonabilidad de las decisiones en el actual contexto económico. “La provincia atraviesa un proceso de ordenamiento y administración responsable de los recursos, un esfuerzo que involucra a todos los poderes del Estado”, afirmó, y agregó que la discusión sobre la intangibilidad salarial debe darse en sintonía con la realidad social y económica de Santa Cruz.
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