Ley Electoral en Santa Cruz: el balotaje como parte de una reforma más amplia y necesaria

El debate sobre la futura Ley Electoral Provincial de Santa Cruz volvió a instalarse en la agenda política, no por una convicción repentina de modernización institucional, sino por una urgencia concreta: el próximo 31 de diciembre de 2025 vence la ley electoral transitoria, y la provincia corre el riesgo de quedar nuevamente sin un marco normativo claro para organizar los comicios de 2027.

Provinciales11 de diciembre de 2025Patagonia NexoPatagonia Nexo
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En ese contexto, los proyectos presentados en la Legislatura —en especial el impulsado por diputados del bloque Por Santa Cruz— abren una discusión de fondo largamente postergada. Boleta única, simultaneidad de elecciones, limitación de mandatos y balotaje conforman un paquete que apunta a ordenar un sistema electoral desgastado, atravesado durante años por prácticas que deterioraron la confianza ciudadana, como la ya derogada ley de lemas.

Dentro de ese esquema, el balotaje ocupa un lugar específico y acotado. No se trata de una solución mágica ni del corazón de la reforma, sino de una herramienta más, pensada para resolver escenarios de alta fragmentación política y reforzar la legitimidad del Poder Ejecutivo. Su incorporación busca evitar que se acceda al gobierno con porcentajes reducidos, una situación frecuente en el pasado reciente de la provincia.

El balotaje, entendido de esta manera, funciona como un correctivo democrático posterior al acto electoral, pero no reemplaza ni corrige los problemas estructurales del sistema. Es la boleta única, por ejemplo, la que ataca directamente las distorsiones históricas: el clientelismo, el voto cadena, el robo de boletas y la desigualdad entre fuerzas políticas. Del mismo modo, la simultaneidad obligatoria de elecciones provinciales y municipales apunta a eliminar especulaciones políticas y a optimizar recursos públicos.

Otro punto central del proyecto —quizás el más incómodo para la dirigencia— es la limitación de mandatos. Aquí la discusión deja de ser técnica y se vuelve profundamente política. La alternancia no garantiza buenos gobiernos, pero sí evita la cristalización del poder y el uso de reglas electorales en beneficio de quienes gobiernan. En ese marco, el balotaje no genera alternancia por sí mismo; apenas ordena el desenlace cuando el escenario ya está fragmentado.

También es necesario señalar que una segunda vuelta implica costos económicos y políticos adicionales: una nueva campaña, más gasto público y negociaciones entre espacios que, muchas veces, poco tienen que ver con programas de gobierno. Por eso, su implementación debe pensarse con responsabilidad y como parte de un sistema coherente, no como un fetiche institucional.

La coincidencia entre distintos bloques en torno a la Boleta Única de Papel —incluidos los proyectos presentados por Pedro Muñoz y Daniel Peralta— demuestra que existe un consenso mínimo sobre la necesidad de transparentar el acto electoral. El desafío pendiente es que esa coincidencia se extienda al conjunto de la reforma y no quede atrapada en disputas coyunturales.

Santa Cruz tiene hoy una oportunidad que no siempre se presenta: discutir su sistema electoral antes de una elección, y no al borde del calendario o bajo presión política. En ese proceso, el balotaje puede aportar legitimidad, pero solo si se lo entiende en su verdadera dimensión: una herramienta complementaria, no el eje de la transformación.

La clave no está en un mecanismo aislado, sino en la capacidad de la dirigencia para construir reglas claras, estables y equitativas. Si el debate se reduce al balotaje sí o no, la provincia volverá a perder una oportunidad histórica de mejorar la calidad democrática.

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