El máximo tribunal inició el proceso para incorporar fondos y propiedades vinculadas a “la ruta del dinero K”, tras quedar firmes las condenas y los decomisos.
Info. General04/12/2025
Patagonia Nexo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso decisivo en la ejecución de los bienes decomisados a Lázaro Báez y a su hijo Martín, en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Más de 60 millones de dólares y varios inmuebles comenzarán a ser formalmente transferidos al Estado, luego de que el máximo tribunal dispusiera la adjudicación definitiva de esos activos.
La comunicación fue enviada al juez del Tribunal Oral Federal N.º 4, Néstor Costabel, a través del director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero. En el oficio, se informó que ya se ordenó el decomiso y la incorporación al patrimonio estatal de los fondos obtenidos por subastas, además de la inscripción registral de los inmuebles bajo titularidad de la Corte Suprema.
Según la sentencia dictada en abril de 2021 por el TOF 4 y ratificada por la Cámara de Casación en 2023, el monto total decomisado asciende a USD 61.130.860,86, junto con $4.174.697, suma que deberá actualizarse según el índice de precios del INDEC. Con esta base, la Corte solicitó la transferencia del dinero a dos cuentas del tribunal y pidió al TOF la remisión de toda la documentación vinculada a las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14.
El avance judicial fue posible luego de que, el 29 de mayo de 2025, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararan inadmisibles los últimos recursos presentados por las defensas, dejando firmes las condenas y habilitando la ejecución de los bienes.
Mientras esto ocurría, el Poder Ejecutivo había impulsado por decreto la creación del Consejo de Bienes Recuperados, destinado a administrar activos provenientes del delito. Sin embargo, en octubre pasado, el juez federal Pablo Cayssials suspendió su implementación mediante una medida cautelar, al considerar que la norma comprometía la independencia judicial.
En su fallo, Cayssials señaló que el decreto modificaba de manera profunda el sistema de gestión de bienes de origen ilícito y afectaba la estructura del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y su autarquía presupuestaria.
Con este nuevo avance de la Corte, el Estado comienza a tomar control efectivo de uno de los decomisos más importantes de los últimos años, cerrando así un capítulo clave en la investigación por lavado de dinero durante el kirchnerismo.
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