La Sala Acusadora de la Legislatura Provincial resolvió avanzar con la investigación sobre el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, mientras que el expediente de Reneé Fernández fue devuelto a la Presidencia para su archivo. El diputado Mario Piero Boffi explicó cómo funciona el mecanismo del juicio político según la ley provincial.
Provinciales14/10/2025
Patagonia Nexo
Este martes se reunió la Sala Acusadora de la Legislatura de Santa Cruz, integrada por doce diputados provinciales, para analizar los pedidos de juicio político presentados contra los vocales del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta y Reneé Guadalupe Fernández.
Tras el encuentro, que se extendió por más de dos horas, se resolvió dar continuidad al proceso contra Basanta y archivar el expediente de Fernández, al considerar que este último no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 137 de la Constitución Provincial.
La denuncia contra Basanta fue presentada por el abogado Sergio Macagno, quien cuestiona el cumplimiento de los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de vocal del máximo tribunal. En tanto, el caso de Fernández se originó a partir de una presentación del exjuez Diego Lerena, quien la acusó de haber intervenido indebidamente en una causa penal y de ocultar un vínculo familiar con una de las partes.
El presidente de la Sala Acusadora, Mario Piero Boffi, explicó que el procedimiento está regulado por la Ley Provincial N° 13, que establece la conformación de dos instancias: la Sala Acusadora y la Sala Juzgadora, cuyos integrantes son elegidos por sorteo en la primera sesión ordinaria del año legislativo.
“De acuerdo con los artículos 4 y 6 de la ley, se llevó adelante una sesión secreta para tratar los expedientes. Se cumplió con toda la normativa vigente y ahora continúa el proceso en manos de una comisión de tres diputados que debe realizar las diligencias e instrucción correspondiente”, señaló Boffi.
El diputado también detalló que la Sala Acusadora cuenta con un plazo de entre 30 y 40 días para evaluar las denuncias y decidir si procede la acusación, lo que requiere el voto favorable de dos tercios de sus miembros. Si se acepta, el expediente pasa a la Sala Juzgadora, que tiene 30 días para emitir un fallo, también por mayoría calificada.
De acuerdo con la Constitución provincial, los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político son el Gobernador, el Vicegobernador, los Ministros y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Boffi subrayó que, aunque las sesiones sean secretas por cuestiones institucionales, “todo el proceso se realiza con responsabilidad y transparencia, en cumplimiento de la ley y de cara a la ciudadanía”.
La decisión de la Sala Acusadora marca un nuevo capítulo en la situación institucional del Poder Judicial santacruceño, en medio de un contexto de tensiones y redefiniciones dentro del Tribunal Superior. Con información de La Opinión Austral
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