SANTA CRUZ DICTÓ LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA POR EL DESPIDO DE SEIS TRABAJADORES PETROLEROS

El Gobierno de Santa Cruz, mediante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto generado por el despido de seis trabajadores petroleros. La resolución establece que las partes deberán retrotraer la situación al momento previo a las desvinculaciones mientras se encuentre vigente la medida.

La intervención de la cartera laboral abre un período de diálogo entre los sectores involucrados, con el objetivo de encontrar una salida al conflicto y evitar la pérdida de las fuentes de trabajo. Durante esta instancia, los despidos quedan suspendidos y la situación laboral deberá mantenerse en las condiciones anteriores a las cesantías.

Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que la decisión apunta a utilizar las herramientas institucionales disponibles para resguardar el empleo en la actividad hidrocarburífera.

El mantenimiento del empleo, dentro de las condiciones para las petroleras

La intervención provincial también se vincula con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Energía y Minería para las compañías que forman parte del programa “Más Producción y Más Trabajo”.

En ese sentido, la Resolución Nº 094/2026, emitida el 25 de agosto, incorporó el sostenimiento de los puestos laborales entre los objetivos de interés público que deben ser considerados al momento de implementar y evaluar los beneficios contemplados en el régimen establecido por el Decreto Provincial Nº 454/2026.

La normativa determina que las empresas adheridas tienen la obligación de comunicar cualquier decisión que implique una reducción significativa de su personal afectado a las actividades hidrocarburíferas en territorio santacruceño.

Esa comunicación debe detallar los motivos de la medida, la cantidad de trabajadores alcanzados y las circunstancias que permitan analizar sus consecuencias sobre los compromisos asumidos dentro del programa.

Qué establece el mecanismo de seguimiento

La resolución contempla que, ante una reducción de personal, el Ministerio de Trabajo intervenga dentro de sus atribuciones y aporte información sobre la situación laboral y el posible impacto de las desvinculaciones en el mantenimiento del empleo.

A partir de esos antecedentes, el Ministerio de Energía y Minería debe realizar una evaluación integral para determinar cómo esas decisiones empresariales inciden en los objetivos del programa y establecer las actuaciones que correspondan según la normativa vigente.

De esta manera, la continuidad de los puestos de trabajo forma parte de los criterios de seguimiento de los incentivos destinados al sector petrolero.

En el caso de los seis trabajadores despedidos, la conciliación obligatoria establece una instancia formal de negociación y dispone la restitución de las condiciones laborales previas, mientras se busca una resolución del conflicto.