Autoridades Provinciales brindaron una conferencia de prensa en Caleta Olivia para hablar y brindar todos los detalles pertinentes a la situación en el complejo Fundación Valdocco de Cañadón Seco. Destacaron que la actuación del Gobierno se realizó en el marco de la ley y que no se actuó con violencia ni vulnerando los derechos.

Esta tarde, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, junto a las ministras de Salud y Ambiente, Analía Costantini, y de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, mantuvieron un extenso diálogo con los medios de comunicación de Zona Norte en las dependencias de la Municipalidad de Caleta Olivia. A las funcionarias se sumaron el subsecretario de Niñez de Santa Cruz, Luciano Achetoni, y la directora General de Educación de Zona Norte, María Mercedes Barrionuevo.

En la oportunidad, las autoridades presentes brindaron detalles acerca de la situación de la Fundación Valdocco; hablaron de la inspección que realizaron convocados por la Justicia; y manifestaron su intención de trabajar para garantizar los derechos de quienes residen en la Fundación. La primera en tomar la palabra fue Iris Rasgido, quien manifestó: “Nos parece importante que la comunidad de Santa Cruz conozca las situaciones relacionadas con la Fundación Valdocco, especialmente con la casa Pibes de la Patagonia en Cañadón Seco”.

“Uno de los lineamientos del Consejo Provincial de Educación (CPE) es que todos los directores provinciales y generales se acerquen a cada institución educativa para conocer su realidad, acompañar, orientar y sugerir”, agregó.

Además, explicó que el 7 de octubre, la directora provincial de Gestión Privada, Prof. Daniela Franchini, junto a la directora Regional, Prof. María Mercedes Barrionuevo, la coordinadora Pedagógica de Zona Norte, Prof. Mariela Pescara, y la secretaria Técnica, Prof. Magdalena Paredes, visitaron la casa “Pibes de la Patagonia”, que cuenta con una institución educativa dependiente del CPE aunque sea de gestión privada.

“Tras realizar la visita redactaron un informe para las autoridades del CPE, donde expresan su preocupación por ocho niños sin escolaridad, confirmada esta situación por la directora del establecimiento”, señaló Rasgido.

En ese sentido, la presidenta del CPE manifestó: “Coincidimos en la preocupación porque esos niños permanecen en la Institución, y en el marco de la Ley 26061 y la Convención de los Derechos del Niño, reforzada con la Ley 3062 de Santa Cruz sobre Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, nos presentamos ante la Fiscalía de Estado y el Juzgado de Familia”. Además, indicó que la Dra. Rosa Elena González, jueza de Familia, “recibió la presentación e inmediatamente envió una Providencia a los organismos correspondientes, pidiendo a Valdocco que brinde toda la documentación que corresponde a los niños”.

Rasgido continuó informando que también se solicitó una inspección ocular y una audiencia con los sectores implicados. “Estuvimos presentes en la inspección ocular coordinada por la jueza de Familia, lo cual es fundamental para que la comunidad comprenda que actuamos en cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales”, expuso.

“Estamos hablando de leyes que definen políticas públicas, y para nosotros, la protección de los derechos de los niños exige una acción rápida; por eso nos amparamos en la normativa vigente”, añadió.

Luego, Rasgido enfatizó: “Todo funcionario que detecte una posible vulneración de derechos tiene la obligación de hacer las presentaciones judiciales necesarias”. Explicó también que su rol en el CPE no solo abarca la educación, sino también el control de los recursos públicos, ya que “el CPE gestiona fondos del pueblo santacruceño”.

Aportes desde Educación

Rasgido detalló que, mediante la Resolución N° 3340 de 2023, el CPE asignó 107 cargos y 96 horas cátedra para la casa “Pibes de la Patagonia”. Para la casa “Nuestra Señora de la Patagonia” en El Calafate, asignaron 114 cargos y 334 horas. Además, para la institución “Monseñor Alejandro Buccolini” también en El Calafate, se crearon 43 cargos y 906 horas, sumando un total de 264 cargos y 1336 horas cátedra.

“Estos cargos representan una inversión mensual de 473 millones 584 mil pesos, con los que el CPE respalda a la Fundación Valdocco en su función educativa”, dijo Rasgido, resaltando que el apoyo económico es parte de una política provincial orientada a fortalecer las instituciones educativas.

El acompañamiento de Desarrollo Social

La ministra de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas, informó que su cartera otorga aportes económicos bimestrales a la Fundación Valdocco. “El 30 de agosto de este año entregamos 7 millones de pesos a la sede en Cañadón Seco, y 20 millones 422 mil a la sede en El Calafate”, explicó Cárdenas, asegurando que los aportes se realizaron con normalidad.

Más adelante, Cárdenas expresó preocupación por el hecho de que la Fundación no haya presentado las rendiciones de los aportes de 2023 hasta el 6 de noviembre, y añadió que “el informe de la Fundación menciona la asistencia de 220 niños, pero en la inspección ocular encontramos solo 25, lo cual amerita una revisión”.

El respaldo de Salud y Ambiente

La ministra de Salud y Ambiente, Analía Costantini, indicó que durante la visita solicitó las libretas sanitarias de los niños, pero no le fueron proporcionadas. “No pude corroborar si el esquema de vacunación estaba completo ni obtener medidas antropométricas”, detalló. Aclaró que, según Valdocco, los controles de salud se realizan en el Centro de Salud de la localidad, pero expresó su preocupación por la falta de documentación durante la inspección.

Creación de un Comité Interministerial

Por su parte, el subsecretario de Niñez, Luciano Achetoni, destacó el trabajo conjunto con otros organismos para garantizar los derechos de los niños en Valdocco. Explicó que se convocó a un comité interministerial y subrayó que “la función básica del Estado es acompañar, asistir y proteger, asegurando que la intervención siempre se realiza desde un marco de protección integral de derechos”.

Achetoni indicó que la intervención se dio por orden judicial y que, en el contexto de las leyes vigentes, se busca evitar la institucionalización, trabajando en conjunto con la Comisión de Fomento de Cañadón Seco y las provincias de origen de los niños, para garantizar una adecuada protección.