NACIONALES
Chats del lawfare: el juego opositor de Comodoro Py al desnudo

La trama va desde el cierre exprés de la investigación contra el vocero de Horacio Rosatti hasta la reapertura de la causa del Memorándum. Filtraciones, escuchas ilegales, el abogado del líder de los copitos y los jueces que visitaban a Mauricio Macri, en un mismo lodo.

El cierre exprés de la causa de los chats entre Silvio Robles, mano derecha del supremo Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, el ministro de Horacio Rodríguez Larreta, dejó al desnudo cómo funcionan los tribunales de Comodoro Py. Después de haber validado escuchas ilegales para encarcelar a kirchneristas –e incluso para reactivar una causa con impacto global como es la del Memorándum con Irán–, ahora esos mismos tribunales se escandalizan ante una filtración de conversaciones entre dos funcionarios públicos y denuncian –sin haberlo investigado– que se trataría de un caso de espionaje ilegal en la misma sintonía que tocan la oposición y la Corte Suprema. Eso fue lo que denunció Cristina Fernández de Kirchner después de que trascendiera la clausura de la denuncia contra Robles. “La mafia mediático-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”, tuiteó la vicepresidenta.
El 29 de diciembre pasado, empezó a circular un sitio web en el que se publicaron chats que habría mantenido D’Alessandro con distintas personas. Los mensajes que más impactaron son los que habría intercambiado con Robles, el director general de la vocalía de Rosatti y su hombre de mayor confianza. Allí se veía cómo el asesor del presidente de la Corte y el ministro de Larreta dialogaban sobre dos de los casos que el máximo tribunal tiene a su estudio: la conformación del Consejo de la Magistratura y el reclamo sobre la coparticipación que presentó el gobierno de la Ciudad.
El mismo día en que D’Alessandro debió anunciar que se tomaría una licencia temporaria en su cargo, ingresó al juzgado federal de Ariel Lijo una denuncia contra Robles por los intercambios con D’Alessandro. Quien la presentó fue Gastón Marano, el abogado de Nicolás Gabriel Carrizo –el dueño de la máquina de algodones de azúcar– en la causa por el intento de homicidio contra CFK. En ese momento, hubo suspicacias por la presentación –que volvió a actualizar la vicepresidenta a través de un tuit en el que se preguntaba hasta dónde llegará toda la trama–. Marano trabajó en la embajada de los Estados Unidos, era asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) y, por si fuera poco, había avisado que estaba de vacaciones para postergar la ampliación de la indagatoria de Carrizo por el atentado contra la vicepresidenta, pero aún así tuvo tiempo para meter una denuncia que le sirvió a Robles para conseguir un fallo favorable en tiempo récord.
La denuncia tuvo exactamente catorce días de vida: quedó radicada el 3 y se cerró el 17 de enero. Sobrevivió una semana más porque se excusaron de intervenir la jueza María Servini y el fiscal Rívolo y tuvo que mudarse al juzgado de María Eugenia Capuchetti, que está de vacaciones y la reemplaza Sebastián Ramos. Ahí hizo su entrada en escena el fiscal Carlos Stornelli para “salvar al ladero de Rosatti”, dijo CFK. Stornelli pidió archivar el tema y dijo que él ya investigaba como un caso de espionaje ilegal la filtración del teléfono de D’Alessandro.
Ramos recogió el guante y mandó la denuncia al arcón de los recuerdos. Sin investigar si hubo un hackeo o qué pasó, sostuvo que hubo espionaje ilegal. En el Frente de Todos, recuerdan que el juez no había tenido la misma velocidad para catalogar de la misma forma la bomba que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le dejó de regalo a un funcionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, y que se sacó de encima rápido una investigación sobre cómo se usaban las bases de la Dirección Nacional de Migraciones para espiar los ingresos de magistrados, deportistas y políticos. También fue Ramos el juez que intervino en la precausa que la AFI macrista armó para seguir a Florencia Cocucci, la modelo que viajó con Alberto Nisman a Cancún.
“El juez no se tomó la molestia de establecer los mínimos recaudos para establecer de qué se trataba”, dice a Página/12 el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, presidente de la CBI. “En realidad no dijo que los chats eran falsos. Se trata de una conversación entre funcionarios públicos, sobre temas públicos y de naturaleza institucional con el agravante de estar en presencia del delito de tráfico de influencias. Debía investigarse más”, reclama.
La sombra del Memorándum
Stornelli jugó el papel clave para propiciar la desestimación de la denuncia sobre los chats y agitar el fantasma del espionaje ilegal. No es un fiscal más: es el fiscal que está procesado por haberle querido hacer una “cama” al exmarido de su actual pareja y una cámara oculta a José Manuel Ubeira, abogado de CFK, a través de los servicios non-sanctos de su compinche Marcelo Sebastián D’Alessio.
Pero, además, Stornelli trajo a la mesa la causa del Memorándum con Irán –que se inició a partir de la denuncia de Nisman hace ya ocho años–. Después de que el juez Daniel Rafecas, la Cámara Federal porteña y el fiscal Javier de Luca dijeran que no había delito que investigar, la causa se reabrió tras la llegada al gobierno de Mauricio Macri. Para eso, jugó un papel esencial una escucha de una conversación telefónica entre el entonces presidente de la AMIA Guillermo Borger y el canciller Héctor Timerman sobre la necesidad de hacer comparecer a los iraníes.
La escucha –que nunca se aclaró de dónde apareció– se difundió en la misma semana de la asunción de Macri, más precisamente el mismo día en que el gobierno de Cambiemos retiró la apelación contra la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán. La escucha tuvo múltiples usos: se presentó como una prueba novedosa para reclamar la reapertura y se empleó como puntapié para que el juez Claudio Bonadio iniciara una investigación que le permitiría a posteriori quedarse con la causa surgida por la denuncia de Nisman.
En diciembre de 2016, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal decidió la reapertura de la causa. Para eso, contó con los votos de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos asiduos visitantes de Macri en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos. De hecho, los registros muestran que Borinsky había estado en la residencia presidencial seis días antes de firmar la reapertura. El 29 de diciembre de 2016, el mismo día del fallo, el entonces presidente salió a felicitarlos y a criticar a Figueroa.
Entonces, Figueroa había quedado en minoría al afirmar que una escucha de dudosa procedencia –como la de Borger con Timerman– no se podía aprovechar como una evidencia legítima. Eso fue lo que rescató Stornelli. Curiosamente olvidó lo que habían dicho Hornos y Borinsky: los dos camaristas habían señalado que no cabía descartar el audio y que había que examinarlo de manera “concatenada” con el resto de las pruebas en la causa. Nada dijeron entonces de la ilegalidad.
“Los mismos que aplaudían el voto de los visitantes de Macri en Olivos, Hornos y Borinsky, –cuando se valieron de escuchas ilegales realizadas a Timerman, audios que no demostraban nada y que nunca nadie explicó de donde salieron– desvergonzadamente hoy recurren al voto en minoría de la jueza Figueroa en aquella misma causa que le costó la vida al excanciller, para resolver en tiempo récord y en plena feria judicial, intentando frenar como sea la investigación sobre los escandalosos chats y las conversaciones divulgadas por todos los medios entre la mano derecha de Rosatti y un ministro de Larreta”, apunta el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, en diálogo con este diario.
Próxima estación: Casación
La causa del Memorándum con Irán terminó elevada a juicio oral por decisión de Bonadio y del fiscal Eduardo Taiano. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 volvió a decir que no había delito y sobreseyó a todos los imputados. La decisión fue recurrida. “Hoy, a esta altura, hay que hacerse la pregunta del millón: ¿Qué hará la Cámara de Casación con la causa del Memorandum con Irán?”, se preguntó CFK.
La decisión está en manos nuevamente de la Sala I de Casación, integrada por Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Son los mismos jueces que la sobreseyeron en la causa del dólar futuro y que deben decidir si reabren la causa de Hotesur y Los Sauces.
El panorama puede ser complicado especialmente de la mano de Petrone y Barroetaveña. Los dos llegaron a la Casación durante el macrismo. De hecho, Petrone se inhibió de intervenir en el D’Alessiogate por su amistad con el exministro de Justicia Germán Garavano y Barroetaveña integra el Consejo de la Magistratura por la Lista Bordó –la más antikirchnerista–. El mes pasado, CFK definió a Barroetaveña como un “teledirigido” de Carlos Mahiques, el camarista que viajó a Lago Escondido junto con otros jueces, un exintegrante de la Secretaría de Inteligencia y altos directivos del grupo de medios.
La Corte también se guarda una carta en la partida con la vicepresidenta. Días atrás, el columnista de La Nación Carlos Pagni –quien reveló el archivo de la denuncia contra Robles– recordó que los supremos tienen para revisar los sobreseimientos en la causa del dólar futuro y que podría haber novedades en marzo. De ser así, la decisión del cuarteto de la calle Talcahuano será contemporánea con el inicio del proceso de juicio político, que tendrá su punto de arranque el próximo jueves a las 11.
NACIONALES
Qué le espera al país con Javier Milei como presidente

La historia muestra que cada vez que gobernó la ortodoxia económica hubo catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, entrega de soberanía y atraso económico. Milei no será la excepción.

«Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatinos y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace más de diez años. Dejaremos que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos lanzar hoy una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno’«. El nefasto experimento de Alvaro Alsogaray, ministro de Hacienda de Arturo Frondizi entre 1959 y 1961, que llegó al cargo por presión militar, empezará a repetirse a partir de mañana con Javier Milei como presidente.
Le espera al país lo que ya vivió tantas veces a lo largo de décadas de gobiernos liberales: catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, atraso económico. Cada una de esas experiencias hundió a la Argentina en un pantano del que cada vez resultó más difícil salir. La entrega de soberanía también fue una constante con esos gobiernos.
Como Alsogaray a mediados del siglo pasado, el endeudador serial Luis «Toto» Caputo sostiene ahora que su gestión como ministro de Economía será muy complicada por «la pesada herencia» que recibe del gobierno que se va. Deja de lado que en su paso anterior por la gestión pública, como ministro de Finanzas, Economía y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, llegó al extremo de comprometer a diez generaciones a pagar la deuda que contrajo a cien años.
Esa plata no se usó para la construcción de rutas, centrales eléctricas o nuevas industrias, sino para la especulación financiera. Los dólares se evaporaron en esa fiesta que disfrutaron pocos y pagarán todos los argentinos. También como suele pasar, el gobierno peronista tuvo que reestructurar esos pasivos con el capital financiero internacional y, junto con ello, la deuda monumental que Macri, Caputo y compañía dejaron con el FMI. La desfachatez de Caputo para hablar de pesada herencia es marca registrada de los gobiernos liberales.
La lista
La dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, después del golpe de Estado a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, tuvo como uno de sus ministros de Economía emblemáticos al liberal Adalbert Krieger Vasena. Ese gobierno fue responsable de la adquisición de un préstamo con varios bancos europeos que supuestamente se pagaría con el crecimiento económico que generarían las políticas liberales. El resultado fue que el préstamo no se pudo devolver, la Argentina cayó en default y los gobiernos de Europa crearon el Club de París para presionar por los pagos. También a esa administración hay que computarle la incorporación de Argentina al Fondo Monetario Internacional y el alineamiento incondicional con Estados Unidos.
El gobierno que siguió, de Arturo Frondizi, tuvo como ministros de Economía al mencionado Alsogaray y luego al liberal Roberto Alemann, quien en 1981 volvería al Palacio de Hacienda como ministro del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. En 1961 estuvo al frente de una renegociación ruinosa de la deuda con el Club de París y desplegó un plan de ajuste que sumergió a las mayorías populares: hubo despidos y congelamiento de salarios de empleados estatales, aumentos exorbitantes de tarifas de servicios públicos, quita de aranceles a la importación, rebaja de indemnizaciones por despido y acortamiento de licencias por maternidad.
En 1962, días antes del derrocamiento de Frondizi y la asunción de José María Guido, Jorge Wehbe llegó por primera vez al Ministerio de Economía. Permaneció en ese cargo apenas un mes y mantuvo la línea del ajuste permanente. Wehbe reapareció como ministro de Economía con Alejandro Agustín Lanusse en 1972, con la misma impronta, y tuvo una tercera participación sobre el final de la última dictadura, en la gestión de Reynaldo Bignone en 1982 y 1983.
En 1962 y 1963, con Guido, se sucedieron como ministros de Economía Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz. Joe, como lo llamaban, fue exponente principal de la oligarquía terrateniente y la patria financiera, odiador acérrimo de la industria nacional, fanático de la apertura importadora, la desregulación económica y la libertad de mercado. Cada vez que intervino en la gestión pública, el país cayó en graves crisis, terminó endeudado hasta el cuello y su círculo social se enriqueció en la misma proporción.
Después de los tres años de gobierno de Arturo Illia, otro golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía nombraría como ministros de Economía otra vez a Krieger Vasena (1967-1969) y a otra figura rutilante de la derecha económica, José María Dagnino Pastore (1969-1970). En esos años se decretó la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, se aprobó la ley de hidrocarburos que permitió la participación de empresas privadas en el negocio petrolero, se sancionó la ley de alquileres que facilitó los desalojos, se suspendieron los aumentos de salarios por dos años y se dio impulso a la patria contratista para la realización de obras públicas que antes asumía el Estado. Unas cuantas de esas políticas se repetirán ahora con Milei.
Dictadura
Tras casi dos décadas de exilio forzoso, Perón volvió a ser presidente entre octubre de 1973 y el 1 de julio de 1974, cuando falleció. Fueron apenas ocho meses, pero los resultados de la gestión económica resultaron exitosos. El plan del ministro José Ber Gelbard, quien había sido fundador de la Confederación General Económica (CGE), consistió en una revitalización notable del mercado interno, los salarios, las pymes y las actividades productivas. Hubo una fuerte intervención del Estado en la economía y la imposición de reglas estrictas a capitales nacionales y extranjeros. En 1974 la inflación bajó al 30,2 por ciento, desde el 79,6 de 1972; la desocupación se redujo a solo 2,5 por ciento, desde el 6,1 por ciento del gobierno de Lanusse, y el PIB trepó 6,4 por ciento, desde el 3,5 de dos años antes.
El plan de Gelbard se completó con la firma de un pacto social entre la CGT y la CGE para coordinar precios y salarios, anclar expectativas y habilitar una etapa de expansión económica. Sin embargo, esa estrategia se vino a pique con el fallecimiento de Perón y el pandemónium político que le siguió.
Gelbard renunció en octubre de 1974 y tras un interregno de ocho meses de Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo escaló al Ministerio de Economía. Su número dos y auténtico creador del plan de desestabilización más grande de la historia argentina, Ricardo Zinn, convenció al gobierno de María Estela Martínez de Perón de producir una enorme devaluación, con suba astronómica de tarifas y precios, y los salarios por detrás. Fue allí que se generó una bisagra histórica en el país, porque de ese caos empezó a surgir la economía bimonetaria que aún persiste, con la cobertura permanente en el dólar.
Zinn tenía fuertes vínculos con grupos empresarios, particularmente el Consejo Empresario Argentino, que integraba Martínez de Hoz y que tuvo activa participación desestabilizadora en las semanas previas al golpe del 24 de marzo.
Después del derrocamiento de Isabelita, la dictadura genocida cívico-militar desplegó con Martínez de Hoz un plan con los siguientes ejes estructurales: liberación de los precios, del mercado cambiario, de las importaciones, de los alquileres, quita de retenciones a las exportaciones, eliminación de subsidios y planes sociales y endeudamiento millonario con el FMI y la banca extranjera.
Ese plan, con sus más y sus menos, fue continuado por sus sucesores, otros conspicuos representantes de la ortodoxia económica: Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Jorge Wehbe, con los resultados conocidos de destrucción del aparato productivo, incremento de la pobreza y atraso por generaciones.
Menem, De la Rúa, Macri
Después del golpe de mercado que terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, en el que hubo economía de guerra y más inviernos que primaveras, el menemismo produjo otro quiebre histórico similar al que ahora quiere recrear Milei, con privatizaciones, negociación de la deuda en default a favor de los acreedores, destrucción del Estado y sus capacidades de intervención, reformas estructurales regresivas en materia laboral, previsional e impositiva, endeudamiento a mansalva y afianzamiento de la economía bimonetaria con la convertibilidad. Las consecuencias fueron lamentables para las mayorías populares y rutilantes para los sectores concentrados, con seis años de crisis, desocupación y fractura social, y apenas cuatro en los que Domingo Cavallo pudo disfrutar de una expansión del PIB que solo favoreció a un sector minoritario de la sociedad.
Fernando de la Rúa mantuvo el esquema de la convertibilidad y se hundió con el propio Cavallo en diciembre de 2001. La reaparición de los liberales en la Casa Rosada se dio con Macri, con resultados fáciles de recordar: trajo nuevamente al FMI, tomó deuda en dólares por casi 100 mil millones y el país permaneció casi todo el tiempo en crisis. A eso le sumó la post verdad, que consiste en decir cualquier cosa negando los hechos objetivos. Pero la única verdad es la realidad de que con los liberales, la Argentina no hizo más que retroceder. Milei no será la excepción.
-
RIO TURBIO2 días atrás
Se asignó el nombre Matías Mazú al Centro de Formación N°2 de Río Turbio
-
RIO TURBIO2 días atrás
TV Pública cumple con sus compromisos y muestra la diversidad de la región
-
PROVINCIALES1 día atrás
Claudio Vidal asumirá como nuevo gobernador de Santa Cruz
-
PROVINCIALES2 días atrás
Multitudinario encendido del arbolito riogalleguense