La justicia federal resolvió la revocatoria a la prisión preventiva que pesaba sobre los imputados por la causa internacional de contrabando entre Argentina y Chile que se llevaba a cabo entre la cuenca carbonífera y Puerto Natales por un paso no habilitado en una estancia fronteriza y en la cual se destapó una operatoria multimillonaria.

El Juzgado Federal con asiento en Comodoro Rivadavia determinó la liberación de los 5 procesados, Marcelo Horacio Gasparini, de los hermanos Pablo José y Maximiliano Guillermo Toledo, de Pedro Adolfo Toledo Oyarzun y de Omar Estanislao Schulmaeister por entenderlos coautores,  los 4 primeros, de los delitos de asociación ilícita agravada por sus calidades de jefes de la organización, en concurso real con contrabando agravado reiterado y lavado de activos de origen ilícito agravado y al restante por ser coautor de los delitos de asociación ilícita, en concurso real con contrabando agravado y lavado de activos de origen ilícito agravado y a su vez, trabó un embargo de 500.000.000 de pesos a cada uno de ellos, además de otros condicionantes impuestos para poder conservar su libertad mientras se desarrolla el proceso. 

En el argumento esgrimido por la justicia, señalan que las pruebas recopiladas y las investigaciones realizadas mediante escuchas telefónicas, movimientos migratorios y tareas de campo realizadas, no pudieron ser ratificadas de manera plena tras los casi 50  allanamientos, es decir que «no hay cuerpo del delito como objeto de secuestro judicial» según indica la resolución. 

Prisión preventiva

En primer término, la propia justicia dictó la detención de 4 de ellos y la prisión domiciliaria de Schulmaeister por su edad y una afección cardíaca, entendiendo que existía riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, pero finalmente «al no visualizarse indicadores concretos que configuren riesgo procesal bastante» se argumenta su liberación y a la vez, señalan que «el volumen de negocios ilícitos y las ganancias resultantes» se invalidan por las calificaciones elegidas para procesarlos.

Según indica el escrito en el que se comunica la liberación «con los elementos secuestrados en poder de la justicia y de los organismos estatales encargados de las pericias, no parece posible el entorpecimiento al que alude el juez, al no vislumbrarse cómo podrían los causantes hacer eso en este estadio del proceso, “estando ya todas las cartas echadas sobre la mesa”».

De esta manera, la justicia les impuso condiciones a los procesados para poder conservar la libertad otorgada como conseguir un trabajo lícito, presentarse cada 15 días en el Escuadrón N°43 de Gendarmería Nacional, la prohibición de concurrir a las estancias por donde se efectuaban los pasos ilegales y también el impedimento de salir del país.  (Diario Nuevo Día)