La iniciativa parlamentaria que tiene por objeto establecer un servicio de justicia penal ágil y eficiente, tuvo despacho favorable en comisiones, por lo que será tratado próximamente en el recinto de la Legislatura Provincial.

El proyecto de Ley N°265/24 que tomó estado parlamentario el día 6 de este mes, de autoría del legislador Fernando Martínez Alfaro del bloque “Por Santa Cruz”, busca modificar el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Cruz en la sección de Solución de conflictos, Criterios de Oportunidad: Conciliación y Reparación Integral del Perjuicio. En ese marco se incorporan cuatro nuevos artículos y se modifican dos de ellos para robustecer el alcance y funcionamiento del sistema judicial santacruceño.

En ese sentido, se propone la incorporación de la conciliación y la reparación integral del perjuicio del Código Procesal Penal y “a la necesidad de regular estas salidas alternativas, las qué por haber sido incluidas en el Código Penal, ya resultan operativas más allá de la ausencia de reglamentación en la normativa de forma. Al no estar reguladas, su aplicación no se encuentra limitada a determinados delitos, lo cual demuestra la imperiosa necesidad de limitar su utilización a ciertos casos en los que una salida alternativa implique la mejor forma de finalizar un proceso”, señala el autor en los fundamentos de la iniciativa que además cuenta con el acompañamiento de los legisladores Javier Jara, Fernando Pérez y Cristian Ojeda.

Cabe destacar que las modificaciones que se pretenden incorporar, tras la sanción en el año 2015 del nuevo Código Procesal Penal Federal y la reforma del Código Penal, incorporarán distintas causales de extinción de la acción penal, tales como la aplicación de criterios de oportunidad, la conciliación, la reparación integral del perjuicio y el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del juicio a prueba. Estas nuevas causales representan una salida institucional de mejor calidad para las partes y una alternativa al proceso penal tradicional, evitando la necesidad de realizar un juicio con el consiguiente desgaste jurisdiccional y el uso innecesario de tiempos y recursos.

La implementación de nuevos mecanismos de extinción de la acción penal, ya reconocidos a nivel federal y reglamentados en diversas provincias, permitirá mejorar la eficacia del sistema penal y optimizar los recursos humanos de la administración de justicia en esta área. Esto resultará en un aumento de la capacidad de respuesta y en la reducción de los tiempos de resolución de los casos. La necesidad urgente de reforma de la justicia penal santacruceña permitirá acelerar los procesos penales, optimizar los recursos existentes, y adecuar herramientas y procedimientos, asegurando los derechos del imputado y garantizando una mayor protección de los derechos de la víctima.