Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) formularon el reclamo en 1999 por la falta de esclarecimiento y el encubrimiento.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará mañana y el viernes en Uruguay una audiencia pública sobre el reclamo de familiares de víctimas del atentado contra la AMIA por la falta de investigación efectiva que derivó en la impunidad del mayor atentado terrorista de la Argentina.

La CIDH tiene a estudio un reclamo que iniciaron en 1999 la agrupación de familiares y víctimas del ataque antijudío Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ambas entidades denunciaron “la responsabilidad internacional del Estado argentino por el atentado y la falta de esclarecimiento, de verdad y de justicia”.

Mientras la causa judicial tropezaba una y otra vez en los tribunales argentinos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos elevó en octubre de 2020 el caso a la Corte, la máxima instancia penal internacional a nivel americano.

La acusación sostiene que “el Estado argentino es responsable por la violación del derecho a la vida de las y los 85 muertos y por haber desplegado y sostenido un entramado de relaciones entre sectores del poder político, el sistema de inteligencia y miembros del poder judicial y del ministerio público fiscal que impidió y resistió el esclarecimiento y sanción de los hechos”.

La audiencia pública se realizará desde las 9 en Montevideo y constituirá el paso previo al dictado de una sentencia de la Corte Interamericana.

Por el CELS alegará la abogada Paula Litvachky, en tanto que por Memoria Activa lo hará su representante legal, Rodrigo Borda, y expondrán también Adriana Reisfeld y Diana Wassner, ambas familiares de víctimas del atentado.

En la audiencia de mañana declararán testigos y peritos de las partes y el viernes será el momento de las alegaciones finales antes de que el tribunal internacional delibere para emitir una decisión.

La Corte Interamericana tiene capacidad sancionatoria contra el Estado argentino en caso de que de por probadas las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, especialmente el esclarecimiento del atentado, la adecuada respuesta judicial y el derecho de las víctimas.

El abogado Rodrigo Borda lamentó que “las víctimas se ven forzadas a buscar en organismos internacionales la justicia que se les niega en su propio país”.

“Esperamos una fuerte condena al Estado argentino por la falta de prevención del atentado, por la impunidad del atentado y por su encubrimiento”, resumió.