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Martes 10 de Junio del 2025

SOCIEDAD

Alquileres: El Frente de Todos tiene el número en el Senado para cambiar el proyecto y redobla la apuesta

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«La Corte no tiene la facultad para poner y sacar jueces», mascullan en el interbloque del FdT que aún evalúa tratar el pliego de la magistrada echada por los supremos en la sesión del jueves próximo, prevista para Alquileres. Las dudas.

Por María Cafferata

El Frente de Todos se prepara para aprobar, este jueves, varias modificaciones a la Ley de Alquileres en el Senado. Luego de haber logrado acordar un dictamen común con las fuerzas provinciales, el oficialismo se entusiasma con introducir algunos cambios a la reforma que viene con media sanción de Diputados (y que había sido duramente cuestionada por las asociaciones inquilinas por ser «pro mercado inmobiliario»). El panorama, sin embargo, aún es incierto. Y es que la bancada frentetodista planea subir la apuesta y tratar, a su vez, más de 70 pliegos judiciales, entre los que podría encontrarse el de Ana María Figueroa, la jueza involucrada en causas que afectan a Cristina Fernández de Kirchner que cumplió más de 75 años y la Corte Suprema obligó a dejar el cargo. «La Corte no tiene facultad para poner y sacar jueces«, mascullan en el interbloque oficialista, desde donde analizan si sumar o no su nombre a la convocatoria a sabiendas de que, la última vez que se intentó hacerlo, la sesión se terminó cayendo por falta de quórum.

Son días de cálculos y poroteos de ausencias y presencias en el Senado de la Nación. La bancada que lidera José Mayans pretende convocar a una sesión el próximo jueves para tratar la Ley de Alquileres, así como el proyecto que busca regular los Alquileres Temporarios. Pero no sólo eso: el objetivo es incluir todos las iniciativas que habían formado parte del temario de la sesión que se cayó hace un mes, como los pliegos judiciales, la Ley de Atención a personas gestantes frente a la muerte perinatal y el Tratamiento de pubertad precoz. En aquella ocasión, el faltazo del jujeño Guillermo Snopek y el entrerriano Edgardo Kueider -ambos ex oficialistas que integran el bloque Unidad Federal-, así como la ausencia no planeada del rionegrino Alberto Weretilneck, llevó a que el oficialismo no llegara a les 37 senadores para el quórum y la sesión no pudiera llevarse a cabo.

En el oficialismo insisten, sin embargo, en que esta vez el número está. La prueba es el acuerdo que se logró tejer con los cuatro federales -Kueider, Snopek, Eugenia Catalfamo y «Camau» Espínola– para el dictamen de Ley de Alquileres, que fue firmado por todes la semana pasada (aunque en disidencia). Su proyecto propone modificar la reforma de la Ley de Alquileres que se aprobó en Diputados, dejando en tres años la duración de los contratos, y estableciendo un plazo mínimo de actualización cada seis meses y un índice de ajuste basado en el coeficiente «Casa Propia» (que toma el indicador más bajo entre el promedio de variación salarial y el promedio inflacionario). Hubo un compromiso, tanto de ellos como de la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega, de dar quórum y votar a favor del proyecto. Weretilneck tenía algunas diferencias con el dictamen, pero el oficialismo había acordado con él para que diera quórum, al menos.

Con estas adhesiones, el FdT lograría hacerse de 37 o 38 senadores para dar inicio a la sesión, sin preocuparse por la oposición de Juntos por el Cambio, que defiende la media sanción de Diputados (que lleva a dos años los contratos, establece actualizaciones cada cuatro meses y con la posibilidad de que sea acordada «entre las partes»). La incógnita es si el oficialismo buscará incluir en el temario, finalmente, el pliego de Ana María Figueroa. JxC se opone tajantemente a su designación, así como también Weretilneck, y en el oficialismo analizan los pros y contras de incluir su designación. «No se puede dejar sentado el precedente de que la Corte pueda sacar una jueza», advirtió un senador oficialista, aludiendo a la decisión del Máximo Tribunal de declarar unilateralmente el «cese de funciones» de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, a pesar de que su pliego para extender su mandato durante cinco años todavía estaba siendo tratado en el Senado.

La convocatoria, afirman en el interbloque oficialista, saldrá recién el miércoles y adelantan que también incluirá el proyecto de Alquileres Temporarios. Esta iniciativa, que busca regular el negocio de alquileres con fines turísticos a través de plataformas, divide las posiciones en JxC: el radicalismo lo apoya y firmó el dictamen, mientras que el PRO, con Patricia Bullrich a la cabeza, se opone. Persiste la duda sobre qué postura terminará adoptando el bloque radical, que previamente ya había amagado con negociar modificaciones a la Ley de Alquileres pero terminó teniendo que echarse atrás por las presiones del PRO frente al contexto electoral.


Avisos

RIO TURBIO

ATE advierte por la transformación de YCRT: “Hace dos meses que esperamos una convocatoria”

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El secretario general de ATE Río Turbio, Matías Delgado, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional en el proceso de transformación de YCRT en Sociedad Anónima. Denunció falta de inversión, creciente incertidumbre y advirtió sobre el riesgo de despidos en la Cuenca Carbonífera.

El proceso de transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima sigue generando malestar e incertidumbre entre los trabajadores. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio mayoritario en el yacimiento, advirtieron que aún no fueron convocados a ninguna instancia de diálogo por parte del Gobierno nacional.

“Hace dos meses nos dijeron que nos iban a convocar y todavía no llamaron a ninguno de los gremios”, expresó Matías Delgado, secretario general de ATE Río Turbio, en declaraciones a LU12 AM680 Radio Río Gallegos. Según el dirigente, la preocupación se centra en la falta de información oficial y en el avance unilateral del Ejecutivo en una decisión que afecta directamente a los trabajadores.

YCRT y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) trabajan en los aspectos administrativos para convertir la empresa de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima. El interventor Pablo Gordillo explicó recientemente que ya se resolvieron los aspectos económicos y financieros, y resta definir los convenios laborales y la posible participación accionaria de los trabajadores.

Sin embargo, Delgado remarcó que “la incertidumbre crece” y criticó la falta de voluntad política para sentarse a negociar. En ese contexto, ATE presentó una acción judicial contra el decreto que impulsa la transformación de la minera, exigiendo que cualquier modificación se discuta en la Secretaría de Trabajo de la Nación y no con la ATEP. “Vamos a defender el Convenio Colectivo homologado en 1975”, afirmó.

La misma postura fue sostenida por Luz y Fuerza, otro gremio con representación en el yacimiento. Su secretario general, Luis Avendaño, también se mostró dispuesto a dialogar, pero aclaró que no lo harán con la ATEP.

Uno de los principales temores de los sindicatos es la pérdida de empleos. Delgado advirtió que ya se registraron cerca de 48.000 despidos estatales en todo el país y que una ola similar en la Cuenca Carbonífera sería “una catástrofe social”.

Mientras tanto, los trabajadores continúan en sus puestos, produciendo carbón a pesar de que la venta del mineral está paralizada. “La gente ha cumplido. Se sigue sacando carbón, pero no se está comercializando. Eso es responsabilidad de la intervención”, señaló Delgado.

La falta de inversión agrava el panorama: escasean los elementos de trabajo, la indumentaria y los equipos de protección, y las maquinarias presentan signos de obsolescencia. “Solo se reciben fondos para pagar sueldos, nada más”, denunció.

Con agosto como fecha límite para completar la transformación en Sociedad Anónima, el reloj corre y el diálogo sigue ausente. “Cada vez nos queda menos tiempo”, alertó el dirigente sindical, que insistió en la necesidad de que la política reabra los canales de comunicación.

Respecto del Programa de Propiedad Participada, que plantea la posibilidad de que los trabajadores accedan al 10% del paquete accionario, Delgado sostuvo que no rechazan la idea, pero reclaman ser parte del debate. “No nos oponemos a dialogar ni a construir consensos, pero no podemos opinar sobre algo que ni siquiera nos presentaron”, concluyó.


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