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SOCIEDAD

Alicia: “Primero los desfinanciaron y vaciaron de respuestas, ahora quieren echar a la gente”

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La senadora Alicia Kirchner presentó ayer un proyecto de declaración para repudiar la decisión del Gobierno Nacional de cerrar los Centro de Referencias del actual Ministerio de Capital Humano y el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras que llevan adelante políticas sociales en todo el país. “Están llevando a muchas familias a una situación crítica por la falta de atención ante las situaciones de emergencias y la creciente demanda de problemáticas de salud y alimentos”, denunció.

Ayer ingresó al Senado de la Nación un proyecto de la senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner para repudiar el cierre de 59 Centros de Referencia (CDR) en todo el país y denunciar la eliminación de la articulación de las políticas sociales en el territorio.
Los CDR son parte de una política pública impulsada por Alicia Kirchner como ministra de Desarrollo Social de la Nación con el objetivo de generar acceso y articular en el territorio políticas sociales entre Nación, Provincia y Municipios. Desde 2006, la presencia de estos Centros en cada provincia argentina había consolidado una red federal de políticas sociales con el objetivo de garantizar equidad territorial a partir de respetar la identidad local.
La decisión del Gobierno de Javier Milei de cerrar los CDR pone en riesgo la fuente de trabajo de más de 600 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Al respecto, la senadora sostuvo: “A lo largo de los años, los centros conformaron equipos técnicos muy valiosos con profesionales y administrativos calificados con una mirada en territorio que llegaban a cada rincón del país”.
Asimismo, manifestó su preocupación por el desconocimiento de la tarea que desempeñan cada uno de estos centros: “Me pregunto si la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello que ejecutó el cierre de los CDR se habrá preguntado cuál era su función“.
“La información difundida por el Ministerio de Capital Humano manifiesta un absoluto desconocimiento del para qué están en el territorio. Estamos siendo testigos del vaciamiento de las herramientas destinadas a quienes más lo necesitan, tirando por la borda equipos de profesionales, técnicos y administrativos que tardaron años en formarse”, afirmó la senadora.
Al respecto, puso como ejemplo los casos recientes de Bahía Blanca o Corrientes, en los cuales las inclemencias climáticas afectaron gravemente a las familias y añadió: “Me pregunto cuál fue la asistencia, acompañamiento para las recientes catástrofes naturales como las que han sufrido estas localidades y tantas otras del país y barrios del conurbano. Cada persona, municipio y provincia ¿se debe arreglar como pueda? ¿Y si no pueden?”
“¿En serio piensan que el Estado es “criminal”por abordar a la población más vulnerable? Criminal es desproteger a las provincias, a la gente”. subrayó Kirchner.
En cada CDR se tramitan, entre otras situaciones por ejemplo, la orientación de distintos trámites como el Monotributo Social, se monitorea e impulsan microemprendimientos, los centros de desarrollo infantil, una pensión por discapacidad o la asistencia para los medicamentos de alto costo (Dadse) para quienes no tienen ingresos suficientes, se promovían cursos de formación y capacitación para terminar los estudios y para adquirir oficios, entre otras actividades. “Es decir, se buscaba que una persona ya sea de un pueblo de Santa Cruz o de Jujuy tenga el mismo acceso a sus derechos que aquel que vive en cercanías al Ministerio de Capital Humano en Buenos Aires”.
“Ya en el gobierno de Macri asistimos al inicio de este desfinanciamiento de programas y la falta de políticas públicas territoriales, que se ven profundizadas en la actualidad con el aumento acelerado de la pobreza”, añadió Kirchner.
Para finalizar, indicó: “Nos están llevando a situaciones críticas en especial a muchas familias por la falta de atención ante las emergencias y la creciente demanda de problemáticas de salud y alimentos”.


28 DE NOVIEMBRE

Concejales advirtieron sobre el impacto del aumento de tasas municipales en 28 de Noviembre

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Comerciantes locales, denuncian un incremento del 400% en el impuesto de salubridad e higiene, mientras los concejales Juana Albarracín y Gabriel Torrengo critican la falta de análisis y transparencia en las decisiones del Ejecutivo Municipal. Ambos insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.

En 28 de Noviembre, el reciente aumento de tasas municipales ha generado un fuerte rechazo tanto en comerciantes como en algunos concejales. Marlene Castro, propietaria de la tienda María Elvia, expresó su indignación en las redes al encontrarse con un incremento del impuesto de salubridad e higiene que pasó de $60.000 en 2024 a $300.000 en 2025, pagaderos en dos cuotas.


“Aunque no estoy en contra de las ferias que venden ropa usada, los comerciantes legales enfrentamos cada vez más dificultades. Pagamos impuestos, servicios comerciales y otros costos que hacen insostenible mantener nuestros negocios”, afirmó Castro. La comerciante intentó plantear su preocupación al intendente, pero fue atendida por funcionarios que señalaron que el aumento ya estaba aprobado por el Concejo Deliberante y no podía revertirse.


En paralelo, los concejales Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, del partido SER, denunciaron en la última sesión legislativa que la modificación tarifaria fue aprobada sin un análisis exhaustivo, a pesar de sus pedidos para que fuera tratada en comisión. Según Albarracín, “los valores exorbitantes limitan a muchos vecinos, especialmente a los sectores más vulnerables”.
Por su parte, Torrengo cuestionó la falta de debate sobre los aumentos, destacando que no se realizó el mismo tratamiento que en otros proyectos, como la ordenanza de tierras, aún en análisis. Ambos concejales coincidieron en que el incremento perjudica directamente a la comunidad y favorece la informalidad en el comercio local.


Además, Albarracín criticó un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor. Según la edil, la municipalidad aprobó un pago de $36,5 millones sin dictámenes legales claros ni justificación suficiente.


“Estamos trabajando solo para el Ejecutivo y sus intereses. ¿Qué pasa con los vecinos?”, concluyó Albarracín, quien advirtió sobre el descontento creciente entre los ciudadanos.
El caso expone la necesidad de un mayor debate y análisis en las decisiones municipales, así como políticas más equilibradas que contemplen la realidad de los pequeños comerciantes y los sectores vulnerables.


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