SOCIEDAD
Aislado, Javier Milei corta el diálogo con gobernadores, pide la cabeza de funcionarios y se plantea gobernar vía DNU
Enterrado el proyecto de ley ómnibus, el Gobierno va por el plan B: implementar por decreto varios de los artículos rechazados por el Congreso. La furia del Presidente tras el papelón en Diputados se descargó sobre varios mandatarios provinciales, con quienes cortó puentes. La caza de «traidores» puede alcanzar al titular de ANSES, Osvaldo Giordano, y a otros dirigentes con cargos en Ejecutivo que responden al cordobesismo.
La primera reacción, en caliente, fue armar un pelotón de fusilamiento. A través de su cuenta personal de Twitter, Javier Milei descargó su furia desde Israel reposteando un listado de los diputados “traidores” que hicieron caer el proyecto de ley ómnibus, y también otro que señalaba a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, como responsables de su fracaso. El círculo más cercano al Presidente, en la tarde de este miércoles, se animaba a dar por terminado todo tipo de diálogo con ellos y con otros mandatarios provinciales a los que, durante las primeras semanas de gestión, un sector de la Rosada aspiraba a contar como aliados potenciales.
Como parte de esa ruptura en ciernes, podría rodar la cabeza del titular de ANSES, Osvaldo Giordano, espada del cordobesismo. Otro de los síntomas del aislamiento político en el que empieza a sumirse el Gobierno tras la derrota legislativa es que se reflotó la idea de gobernar por decreto. En la Rosada no descartan implementar a través de nuevos DNUs varias de las medidas contenidas en los artículos que fueron rechazadas por el Congreso, una idea que ya anidaba en los despachos de Balcarce al menos desde diciembre pasado como plan B en caso de que la megaley no pasara el filtro.
Las «bases», por decreto
“Hay muchas otras maneras de llevar a cabo el plan de Gobierno e implementar varios de los artículos de la ley, desde DNUs hasta decretos simples y resoluciones”, resumían al respecto en la Rosada, donde ayer le bajaban el precio a la idea de reflotar el proyecto ómnibus con una consulta popular. De todos modos, esos decretos se limitarían a los puntos que no tienen que ver ni con los capítulos fiscal, penal y de la reforma política, entre otros, que sí o sí necesitan la aprobación del Congreso. Ese fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa en la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Interior, Guillermo Francos, el asesor estrella Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
En resumen, la idea es mandar vía decreto todos los puntos del paquete que puedan ser implementados a sola firma desde el Ejecutivo. Varios funcionarios ya fueron abriéndole la puerta a esa posibilidad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en la noche del miércoles que tras el fracaso de la ley, «ahora hay que ir por otro camino». El vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó en la mañana del miércoles al planteo y aseguró que el Presidente aplicará su programa «con las herramientas que la Constitución le permite (SIC)».
El ministro sin cartera, Federico Sturzenegger, había dicho en diciembre pasado en una entrevista con Bloomberg que tanto el primer mega DNU como el proyecto de «bases» eran «apenas un 40 por ciento» del programa de «reconfiguración de la estructura del poder económico en Argentina». Su primera criatura ya tuvo un fuerte rechazo en la justicia, sobre todo en el apartado de la reforma laboral. Por eso está por verse cuánto del paquete rechazado de la megaley puede seguir ese camino sin tropezarse otra vez con la misma piedra.
«No me interesa»
Consumado el fracaso legislativo, fue el diputado libertario Carlos D’Alessandro quien adelantó que el proyecto de Bases “va a ser retirado por el Ejecutivo” y que el Gobierno “no piensa enviar ninguna ley durante 2024″, es decir, que va a prescindir del Congreso. Mas tarde, el propio Milei confirmó la novedad en una entrevista en TN y aseguró que no le interesa que»se siga tratando» el proyecto en Diputados. De paso, la acusación de traición a los gobernadores salió de su propia boca. «El motivo por el cual ayer fue saboteado el proyecto es porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%, lo cual explica la traición de los gobernadores, que te dicen que quieren el cambio siempre y cuando lo suyo no se toque», dijo.
“Recibimos noticias desde el Ejecutivo de que no piensan enviar ninguna ley durante 2024, por lo cual entiendo personalmente que esta ley ómnibus va a ser retirada por el Ejecutivo”, explicó D’Alessandro en declaraciones radiales. El resto de los proyectos del oficialismo, dijo, quedarán en la iniciativa de cada diputado o senador de LLA, como quedó ya claro con la presentación del proyecto que pretende revertir la legalización del aborto.
¿Ruedan cabezas?
La bronca del Ejecutivo tras la derrota estuvo dirigida, además de hacia Llaryora y Pullaro, a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, de Neuquén, Rolando Figueroa y de Jujuy, Carlos Sadir. Pero con el cordobés, la tirria es personal. Al punto que en la noche del miércoles circulaba con fuerza la renuncia de Giordano pero también de otros dirigentes ligados al mandatario cordobés que ostentan cargos en la función pública, como el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, además de los funcionarios Fabián López y Luis Giovine, de Infraestructura, que quedó bajo el ala del ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
Para Milei, su presencia en el gabinete es como tener al enemigo «traidor» dentro de su propia casa. Así lo dejó en claro cuando en medio de una catarsis vía Twitter, compartió un posteo que pedía despedir a Giordano “inmediatamente, por traidor», dado que su mujer, la diputada de Hacemos Coalición Federal, Alejandra Torres, votó en contra de las facultades delegadas. «Me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser “mujer de” no podemos tener opinión y criterio propio…», le respondió la diputada al Presidente a través de su propia cuenta.
La pelea de frente con los gobernadores complica la tarea de construcción de puentes que intentó con fuerza pero sin mucho éxito el ministro de Interior, Guillermo Francos. Aunque criticó a los diputados que «habían acordado una cosa y después votaron otra», el ministro intentó bajar un cambio a la confrontación. «Yo no me siento traicionado por nadie», se despegó.
28 DE NOVIEMBRE
Juana Albarracín y Gabriel Torrengo denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio
En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.
La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas. La Tarifaria no se debería haber aprobado por los ediles oficialista ya que la nueva Ordenanza de tierras se encuentra aun en comisiones para su análisis y tratamiento, denuncio.
Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.
Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.
En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.
Puntos claves:
- Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
- Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
- Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
- Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
- Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.
“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.
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