PROVINCIALES
ADOSAC rechaza la conciliación obligatoria y define 48 horas de paro y movilización

Así lo determinaron en el congreso provincial que se realizó este viernes, con fuerte participación de las filiales de la asociación docentes de Santa Cruz
El Congreso Extraordinario Provincial de la ADOSAC determinó:
CONVOCAR A UN PARO PROVINCIAL por 48 horas para los días miércoles 10 y jueves 11 de agosto del corriente año, con movilizaciones en las distintas localidades, rechazando la Conciliación Obligatoria por considerar al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad de la provincia parte manifiesta en este conflicto, alejado de toda imparcialidad y reiterativo en sus conductas persecutorias para con nuestro sindicato.
REPUDIAR enérgicamente las declaraciones vertidas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz en los medios de comunicación, las que se configuran como una amenaza contra la integridad política y económica de Organización.
Exigimos que ningún docente de la provincia viva por debajo de la línea de la pobreza y para ello demandamos un salario inicial de $120.000 para el cargo testigo retroactivo al mes de Julio, con clausula de indexación de acuerdo a los índices inflacionarios que
experimente el país.
Denunciar los aprietes y hostigamiento por parte de las autoridades del CPE con los docentes que realizan medidas de fuerza y manifestar nuestro más enérgico repudio a LAS LISTAS NEGRAS.
EXIGIR mayores inversiones en infraestructura escolar y que se transparenten los gastos asumidos en tareas de mantenimiento y refacción edilicia, ya que las cifras y obras publicitadas por el CPE no concuerdan con el estado actual de las Instituciones. Junto
a ello, demandar la construcción de edificios propios para todas las instituciones existentes
RECHAZAR la reforma laboral que implica la puesta en práctica de la jornada extendida, política tomada por parte del CPE sin previsibilidad alguna, ni participación real del colectivo docente en el debate por su implementación, todo esto, además,
llevado adelante en un contexto de vaciamiento pedagógico. La falta de claridad ante las innumerables aristas planteadas (salariales, laborales y pedagógicas) y que se desprenden de este proyecto impuesto por el CPE genera que la docencia no admita tal modificatoria.
DEMANDAR la descentralización y la presencialidad para las Comisiones de Ofrecimientos en toda la provincia.
Reafirmar nuestro rechazo a toda medida pedagógica que conduzca al vaciamiento de los contenidos en los niveles primario y secundario, al atropello hacia la libertad de cátedra y a la flexibilización de las tareas docentes.
PROVINCIALES
ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.
Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.
Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.
El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.
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