El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) de la provincia de Santa Cruz realizó recientemente, nuevas denuncias contra el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y su hermana María de los Ángeles, miembro de su gabinete, por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales en la ciudad. Sergio Macagno, abogado del ente provincial, brindó detalles sobre el avance de la investigación.

Las denuncias se centran en la adjudicación de terrenos en el barrio El Faro, una zona de alto valor inmobiliario ubicada a orillas de la ría. Según el letrado, durante la gestión de Grasso como presidente del IDUV en 2019, se realizaron transferencias de tierras a particulares sin seguir los procedimientos administrativos correspondientes.

«Se observan acreditaciones de casi 31 lotes, sin ningún tipo de fundamentación sobre por qué se les daba a estas personas y no a otras, no hay una ponderación por grupo familiar ni otros criterios lógicos y acreditables», señaló.

Por otra parte, Macagno destacó que entre los beneficiados se encuentran funcionarios del gobierno anterior y allegados a la familia Grasso, incluyendo la pareja de la hermana del intendente, María de los Ángeles, quien recibió un lote de 1300 m². Además, se constató que ni el mencionado ni los adjudicatarios, cumplieron con las obligaciones establecidas, ni declaraciones juradas, ni abonos de ningún canon por el usufructo de los terrenos.

El profesional enfatizó que el IDUV no se desprendió de los terrenos y que buscará recuperarlos a través de las acciones legales correspondientes. Asimismo, se espera que la justicia investigue si existió alguna connivencia para desbaratar bienes del Estado y que determine las responsabilidades penales que pudieran derivarse.

«La acción penal debe continuar y esperamos que se aclare la verdad», afirmó Macagno. En ese sentido, remarcó: «Se le dará el derecho a defensa al Sr. Pablo Grasso y a la Sra. María de los Ángeles Grasso para que expresen su versión de los hechos».

Por último, resaltó la importancia de recuperar los terrenos para el Estado, y garantizar que se cumplan los procedimientos legales en futuras adjudicaciones. «Estos terrenos son patrimonio de todos los santacruceños y deben ser utilizados en beneficio de la comunidad. No permitiremos que se repitan este tipo de irregularidades que perjudican al Estado y a los vecinos», sentenció.