SOCIEDAD
El paro y la movilización en la agenda de la CGT
«No descartamos nada, ni paro ni movilización», la frase le corresponde a Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, y la pronunció luego de una reunión de la mesa chica de la central obrera que se realizó en la sede de UPCN, el gremio estatal que conduce Andrés Rodríguez. Por ahora, según trascendió, hay un sector importante de la CGT que está más inclinado por la movilización que por el paro. El detalle de un nuevo plan de lucha quedó postergado para el próximo 11 de abril cuando se reúna el consejo directivo. Las negociaciones son intensas pero a diferencia de otras épocas, por ahora no son rupturistas. La idea de los dirigentes cegetistas es realizar una importante movilización el próximo 1º de mayo y, tal vez otra, el día que se debata en Diputados la nueva versión del proyecto ómnibus. Mientras tanto, continúan las negociaciones con diputados y gobernadores por la eliminación del DNU 70/2023.
Luego del paro y la gran movilización del 24 de enero que protagonizaron la CGT y las dos CTA, el gobierno de Javier Milei reaccionó tras las duras derrotas que representaron la caída del primer proyecto de ley ómnibus y el rechazo al megaDNU en el Senado. La reacción de Milei fue la aplicación sin piedad de su plan de despidos de trabajadores estatales que, por ahora, lleva provocando unas 15.000 cesantías. La situación económica y la vista gorda que hace el gobierno ante los conflictos por despidos en el sector privado, llevó a que las reacciones gremiales fueran sectoriales.
Parar o movilizar o las dos cosas
Ahora, parece que llegó el tiempo de que la reacción sea más general y hacia ese destino pugnan los gremios que acompañan al triunviro y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, que reclama desde los medios y en privado la convocatoria a un nuevo paro general. La decisión de la Secretaría de Trabajo de no abrir el diálogo con las centrales sindicales abonan la propuesta del camionero.
Las condiciones objetivas están para una medida de fuerza de esa magnitud que puede ser un paro nacional o una marcha federal, según pido Moyano. En esa línea se inscribe la frase de Daer: «No descartamos nada, ni paro ni movilización, habrá actividades de acá a fin de mes. El 1 de mayo haremos una gran movilización también. Por respeto al consejo directivo que tenemos que sostener la unidad y a rajatabla, la decisión la tenemos que tomar todos los sectores», dijo el titular del gremio de Sanidad a la salida de la reunión de la mesa chica.
Las propuestas que están en la mesa de la CGT incluyen la realización de un paro nacional que podría llegar coincidir con el debate en Diputados de la nueva ley ómnibus y que el oficialismo cree que para la semana del 22 al 26 de abril podría llegar al recinto. La otra propuesta es la movilización del 1º de mayo, el día del trabajador y la trabajadora.
El temor entre alguno de los participantes de la reunión de la mesa chica es que dos actividades, que requieren de una fuerte gestión organizativa, estén demasiado cerca en el tiempo y por el desgaste que implican no terminen teniendo la contundencia que necesitan. La idea es que la reunión del próximo 11 de abril se pueda definir y con mayorías cuál será la agenda de medidas de acción directa que llevará adelante la central obrera.
Hay un punto que preocupa a la conducción de la CGT y es la grieta que comienza a verse en el sector político del peronismo. Daer no ocultó su preocupación por la falta de conformación de una comisión de acción política en el PJ. Entiende que con el correr de los días y las presiones del gobierno libertario a las provincias han hecho mella en la unidad de criterio y acción.
«Hay gobernadores que opinan un poco más o un poco menos, pero en este escenario nos tenemos que defender un poco solos», dijo Daer que de todas formas no descuidó la importancia que le dan al trabajo político parlamentario. Por un lado para conseguir la derogación del DNU en Diputados pero también, como trascendió, la necesidad de entablar contactos con todos los bloques de la oposición ante la llegada del nuevo proyecto ómnibus que incluye una reforma laboral.
Para la CGT lo mejor sería frenar ese capítulo, pero saben que hay varios bloques opositores que ya se expresaron a favor de modernizar las relaciones laborales y por lo tanto están dispuestos a negociar una mejor redacción de ese capítulo. Tal vez concediendo la aplicación para otros gremios de lo que se conoce como el fondo de cese laboral que utiliza la Uocra o la morigeración de las multas que se le aplican a los patrones por no inscribir de maera correcta a sus empleados. Este es un tema que todavía está abierto al debate hacia el interior del consejo directivo de la CGT.
28 DE NOVIEMBRE
Juana Albarracín y Gabriel Torrengo denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio
En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.
La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Ayer, los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.
Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.
Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.
En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.
Puntos claves:
- Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
- Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
- Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
- Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
- Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.
“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.
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