El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el Gobierno notificó a alrededor de 5 mil trabajadores por vías informales y otros que se encuentran en «transición de despido». El sindicato realizará un paro nacional con «ingreso masivo» a las dependencias estatales el próximo miércoles.

Por Adrián Figueroa Díaz

La ola de despidos desatada por el gobierno de Javier Milei cayó hasta el momento sobre al menos 7 mil trabajadores de ministerios, secretarías, distintas dependencias y áreas descentralizadas del Estado. No obstante, el número es provisorio y no se descarta que para mediados de la semana próxima pueda duplicarse, tal como lo prometió la administración de La Libertad Avanza (LLA).

La cifra de los despidos que ayer sacudieron a toda la administración pública nacional fue precisada a Página/12 por el monitor de despidos que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elabora minuto a minuto sobre la base de la información que remiten delegados y delegadas de las distintas reparticiones del Gobierno y ya anunció un paro nacional con un “ingreso masivo y simultáneo” a todos los organismos estatales el próximo 3 de abril.

Los 7 mil casos provisorios se tratan de despidos fehacientes, es decir de personas que fueron notificadas a través de las vías informales que el Gobierno eligió para decirles que quedaron en la calle: whatsapp y mails.

Según el monitoreo, los que recibieron esos mensajes en los últimos días fueron 4.969 trabajadores. Otros 2 mil se encuentran en transición de despido, es decir que serían notificados en breve porque el cierre de las áreas donde se desempeñan ya fue anunciado, según aclaró a este diario el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

La razón por la que el gremio interpreta que esos números son provisorios tiene que ver con la aclaración que ayer hizo el vocero Manuel Adorni cuando corrigió la cifra de 70 mil despidos arrojada por el presidente Javier Milei.

El portavoz aclaró que, en rigor, los despidos serían el 20 por ciento de lo dicho por el mandatario y estimó que se despedirán a alrededor de 15 mil trabajadores. O sea que si hasta ahora hubo 7 mil despidos, la faena del Estado estaría a mitad de tránsito.

Pero la duda no está tanto en el número de despidos como en el porcentaje. “Al parecer, ese 20 por ciento es la ‘pauta’. Esta es la versión que está cobrando fuerza porque el Gobierno habría ordenado elaborar listados con una reducción de personal de entre el 20 y 30 por ciento. Si ese número de referencia fuera la premisa, sufriríamos entre 14 mil y 21 mil despidos”, alertó Aguiar.

Según el monitoreo provisorio hecho por ATE, algunas de las notificaciones que se produjeron hasta el momento son las siguientes:

• Anses: 1.200
• Secretaría de Agricultura Familiar: 900
• Ministerio de Capital Humano: 800
• Centros de Referencia de Desarrollo Social (CDR): 600
• Secretaría de Trabajo: 517
• Agencia Nacional de Discapacidad: 332
• Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf): 300
• Personal Civil de las Fuerzas Armadas: 280
• Secretaría de Comercio: 225
• Secretaría de Cultura: 208
• Nación ART: 200
• INCAA: 170
• Acumar: 120
• Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo): 120
• Subsecretaría de la Mujer: 150
• Indec: 100
• Secretaría de Derechos Humanos: 12
• Administración General de Puertos: 185
• Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): 89
• Conicet: 87
• Servicio Meteorológico Nacional: 80
• Parques Nacionales: 79
• Vialidad: 67
• Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): 40
• Ministerio de Economía: 26
• COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo): 25
• Secretaría de Energía: 21
• CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte): 2

En esa lista, hay algunas particularidades. Por ejemplo, en la Secretaría de Derechos Humanos, su titular Alberto Baños niega la información pero se conoce que tiene tomada la decisión.

En el Ministerio de Capital Humano hubo 800 despidos pero prácticamente se da por hecho que para la semana próxima habrá otros 1000 más.

En la Agencia Nacional de Discapacidad, entre los despedidos hay una veintena que son personas con distintas discapacidades, lo cual viola la ley de cupo que obliga al Estado a su contratación.

Lo último: los 900 despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar son parte de los 2 mil que están en transición de despidos, porque la efectivización del vaciamiento –según el decreto que lo ordena- es dentro de 90 días. 

El Gobierno dijo que las bajas de contratos alcanzarán a personas incorporadas durante el último año. Sin embargo, esto no fue así. “Analizamos que no existió un patrón de antigüedad. No despidieron solo a quienes ingresaron en el gobierno anterior sino a personas con más de 20 años de antigüedad, es decir que ingresaron en la gestión de (Carlos) Menem”, subrayó Aguiar.

Además, el dirigente confirmó que el equipo jurídico nacional de ATE “se reunió de urgencia para definir criterios” de acción a fin de defender tanto los puestos de trabajos como el derecho a indemnización de estos trabajadores, si es que los ceses son definitivos. “Se está violentando la estabilidad en el empleo, algo que está garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, advirtió.

Pero la estrategia del gobierno de Milei para su achique del Estado no se detiene en los despidos. La licuación del salario, la magra paritaria y el congelamiento de sueldos es una forma indirecta de despidos de la que el Estado hace gala y que, inclusive, inspira a algunas empresas.

“El recorte del salario, que a marzo superará el 20 por ciento” equivaldría a (el costo de) 14 mil puestos de trabajo”, reveló a Página/12 Flavio Vergara, director del Departamento de Negociación Colectiva de ATE. Este ajuste también suma “al listado de trabajadores injusta y brutalmente despedidos”, añadió.

En total, la administración pública nacional tiene 140 mil trabajadores, 70 mil de los cuales son contratados. Esta es la cantidad que planea echar Javier Milei, tal como se ufanó el martes en su discurso en el IEFA Latam Forum.

Se trata de la tercera “reforma del Estado” neoliberal en los últimos 40 años de democracia. La primera fue durante el gobierno de Carlos Menem, con las devastadoras consecuencias que ya se conocen. La segunda fue con Mauricio Macri, con la insolvencia y el daño que ya se conoce.

Pero, como se sabe, reestructurar el Estado no es gratis ni es fácil. El entramado de leyes que lo sustentan y las estructuras que sostienen la administración son tantas que lo único que se logra es un daño temporal que a largo plazo le cuesta al Estado más de lo que un gobierno quiso “ahorrar” en el corto plazo.