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Pagarán en dos cuotas las jubilaciones de abril

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Otra marcha y contramarcha del Gobierno. Anunció adicionales y ajuste por inflación para los haberes, pero Anses anunció ahora que no vendrán en la fecha del calendario de pagos.
Raúl Dellatorre

Por Raúl Dellatorre

Pocos días después de anunciar que las jubilaciones de abril recibirían un «incremento extraordinario del 12,5 por ciento más un aumento del 13,24 por ciento correspondiente a la inflación de febrero», y a 48 horas de publicar el DNU, ayer, a través de Anses, el gobierno informó que pagará en cuotas los haberes de dicho mes. Y no sólo postergará el pago del aumento, sino también el bono de 70 mil pesos que cobran cada mes los jubilados de haber mínimo. Es decir, que en el calendario ya informado para abril, que fija las fechas de cobro a partir del día 10, los jubilados de la mínima solamente cobrarán 171.283,31 pesos. El bono y los adicionales los recibirán en una fecha posterior, aún incierta.

Esos dos pagos extra del 12,5 y 13,24 por ciento que puso sobre la mesa el gobierno la semana pasada, a través de un decreto que luego debió ser modificado porque se tropezaba con su propia letra, fue la forma en que pretendió encontrar un atajo de salida a la fórmula de movilidad jubilatoria, y a su vez eludir una compensación por los dos meses de megainflación (diciembre y enero) que Javier Milei disparó con la devaluación de diciembre y los anuncios de desregulación de precios de bienes y servicios, desde los alimentos hasta la salud.

El 25,5 por ciento de inflación de diciembre y el 20,6 por ciento de enero provocaron una fabulosa licuación (reducción del poder de compra) de las jubilaciones, que todos los análisis coinciden en que fue el factor determinante para que Luis Caputo (ministro de Economía) pudiera mostrar en enero las cuentas públicas con un aparente superávit primario (más ingresos que gastos). 

Producido el efecto buscado, el gobierno intentó escapar de esa responsabilidad prometiendo pasar a un régimen de ajuste mensual por inflación de los haberes jubilatorios (ya pasado el shock inflacionario provocado entre diciembre y enero) ofrendando, además, un aumento «adicional compensatorio» del 13,5 por ciento con las remuneraciones previsionales de abril. Muy por debajo de la inflación acumulada en sus dos primeros meses (51,3 por ciento), Milei otorgó una ofrenda que apenas supera la cuarta parte del daño causado. 

Pero eso no era todo. Ahora resulta que esos «refuerzos» a los jubilados ni siquiera llegarán junto con el cobro normal de los haberes, sino que vendrán en una segunda cuota postergada, en fecha a determinar, incluyendo también el bono que, mes a mes, los beneficiarios cobraban junto a la jubilación.

En rigor, esta marcha y contramarcha, anunciando pagos adicionales que otro anuncio posterior advierte que no sabe cuándo se van a pagar, comienza a ser una práctica recurrente del gobierno: larga los anuncios antes de saber cómo implementarlos.

“La reciente modificación de la movilidad y sus consecuentes adelantos, generará un desdoblamiento del pago prestacional, a fin de no demorar el acceso de los beneficiarios a sus haberes”, señaló la Anses en un comunicado.

“En consecuencia, habrá una primera liquidación (equivalente a la) correspondiente al haber de marzo 2024 y una segunda liquidación, dentro del mismo mes de abril, correspondiente al aumento por movilidad previsional y al refuerzo previsional de 70 mil pesos”, agregó.

La nueva modalidad jubilatoria fue decidida por decreto de necesidad y urgencia, aunque recién se pondría en vigencia en junio y el Congreso se encuentra en plena actividad ordinaria. Encima, el nuevo paso en falso tiene lugar en una semana caliente para la administración pública. Los despidos indiscriminados en la Anses provocaron zozobra en ese ámbito, como en otros oficinas estatales, que impactaron de distintas formas en los jubilados. 

Los funcionarios del Ejecutivo, incluído el presidente, revolean en público cifras de despidos (70 mil dijo Milei, 15 o 20 mil corrigieron funcionarios cercanos) de forma absolutamente irresponsable, en el inicio de un fin de semana  plagado de rumores de cierres o clausura de ingresos para el personal de diferentes espacios públicos. En paralelo, el desgobierno libertario tomó una vez más de víctimas a los jubilados.


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Qué puede pasar si el Senado rechaza o modifica la ley Bases y el paquete fiscal 

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El procedimiento está determinado en el artículo 81 de la Constitución sobre la sanción de leyes. Si hay modificaciones, el proyecto volvería a Diputados, aunque todo dependerá de los números que consiga la oposición en la Cámara alta.

Miguel Jorquera

Por Miguel Jorquera

El Senado atraviesa un arduo debate sobre la media sanción que la Cámara de Diputados le dio a la llamada Ley Bases y su paquete Fiscal del gobierno de Javier Milei, donde la puja por los votos a favor y en contra todavía genera incertidumbre sobre el resultado final que se alcance en el recinto. Desde el bloque de la primera mayoría que representa Unión por la Patria en la Cámara alta se impulsa el rechazo de ambos proyectos aunque cuenta con 33 senadores propios, cuatro menos de los necesarios para alcanzarla mitad mas uno de los miembros de cuerpo que tiene 72 integrantes, por lo que debería alcanzar esos votos para imponer el rechazo. Mientras que la oposición dialoguista cuestiona muchos de los centenares de artículos que contiene la tanto la ley Bases como el apartado fiscal, donde la lista de los puntos más conflictivos incluye desde las facultades delegadas al Poder Ejecutivo hasta la reversión del Impuesto a Ganancias a los trabajadores, pasando por las privatizaciones, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el blanqueo de capitales y la rebaja del impuesto a los Bienes Personales, la flexibilización laboral, y al que además se sumó la controvertida «ley del Tabaco». Una resistencia que provocó que la oficialista La Libertad Avanza y funcionarios de la Casa Rosada terminaran por admitir la posibilidad que el texto que llegó a la Cámara revisora pueda ser devuelto a Diputados. ¿Qué podría pasar entonces si el Senado rechaza o modifica parcialmente alguno o ambos proyectos?

Lo que dice la Constitución

El procedimiento a seguir está determinado en la propia Constitución Nacional en su Capítulo Quinto que se refiere a la “formación y sanción de leyes”. Allí, el Artículo 81 establece: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora”.

Si el Senado rechaza la totalidad de uno o los dos proyectos (para lo que deberá contar al menos con 37 votos), los mismos no podrán volver a tratarse durante el presente periodo parlamentario (2024).

En cambio, si el Senado rechaza algunos de los artículos de uno o ambos proyectos, o si modifica o hace correcciones al texto, el o los proyectos deberán volver a la Cámara de origen (Diputados), para que esta acepte o ratifique los rechazos o modificaciones. Allí, todo depende nuevamente de los números.

La actual fragmentación de la representación política de ambas Cámaras, hace que ninguno de los proyectos en debate alcance una mayoría abrumadora, o al menos agravada. Por lo que la disputa por el número es mas significativa.

Qué podría pasar

En el Senado, la oposición dura, sumado a los dialoguistas menos blandos, podrían alcanzar el número para modificar artículos, incluso rechazarlos en particular. Aunque, de acuerdo al poroteo en la Cámara alta, los números son muy finos y esa posible proyección para una modificación o rechazo de un artículo podría sumar un ajustado resultado de 37 votos a favor (tal vez algunos mas): la mayoría absoluta –la mitad mas uno de sus integrantes— y el proyecto volvería a Diputados en su totalidad.

Por lo cual, la Cámara baja, si no acepta la supresión o modificación, deberá reunir igual número para sostener el texto original con el que ese artículo fue enviado al Senado, que ya no tendrá posibilidad de revisarlo nuevamente y el mismo quedará firme en la ley. La Constitución estable solo tres instancias para el procedimiento: Cámara de Origen, Cámara Revisora y Cámara de Origen para aceptar las modificaciones que se hayan introducido o ratificar el proyecto original (antes de la reforma del ’94 las instancias eran 5).

Por ejemplo, si el Senado rechaza o modifica un artículo con 37 votos (mayoría absoluta), Diputados podría ratificar el texto original con la misma mayoría absoluta: 129 votos, la mitad mas uno de sus miembros y teniendo en cuenta que ambos proyectos cosecharon en la Cámara baja un número aun mayor: Bases con 142 votos en general y el paquete fiscal con 140.

Es decir, Diputados necesita igualar o superar el número de forma proporcional al rechazo o modificación del Senado, para ratificar su dictamen. En caso contrario, quedarían firmes las modificaciones del Senado.

Si el Senado lograra dos tercios de sus integrantes para modificar o rechazar un artículo, Diputados necesitaría de la misma cantidad para ratificar su texto. Un escenario que no aparece hoy como posible: ni la oposición podría alcanzar ese número en la Cámara alta ni el oficialismo y sus aliados mas firmes tampoco lo lograrían en la Cámara baja.

Tal vez, en los artículos mas resistidos de la ley bases en el Senado y que cosecharon muchos menos votos en Diputados, la ecuación podría ser distinta. El antecedente mas cercano es la ley de alquileres que entonces impulsó lo que era Juntos por el Cambio en 2023 en Diputados y que el Senado modificó en septiembre de ese año. La disputa cruzada que generaba el texto original, hizo que la entonces oposición tuviera serios inconvenientes para sostener el caudal de votos con los que consiguió la media sanción en Diputados y terminara aceptando los cambios que realizó la Cámara alta.

Esta última posibilidad, dependerá mucho de cómo finalmente se comporten los gobernadores de distinto signo político ante los artículos de la ley Bases y el paquete fiscal que afectan a sus territorios. Si se plantan frente a la Casa Rosada y la obligan a aceptar modificaciones en el texto para que no vuelva a empantanarse los proyectos de Milei, o aceptan las consecuencias que las leyes acarrearán sobre sus provincias.     


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