SOCIEDAD
Una multitud para decir nunca más a la dictadura y a la miseria planificada del gobierno libertario
Cuatrocientas mil personas salieron a las calles contra el negacionismo de Javier Milei y Victoria Villarruel. «Queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan, paz, trabajo y libertad», pidieron los organismos de derechos humanos.
Daniel siempre pensó que había nacido el 24 de marzo de 1977. En julio del año pasado, supo que toda esa historia era mentira, incluso el día de su cumpleaños. El de ayer fue su primer 24 de marzo en las calles. A la Plaza de Mayo llegó abrazado a su hermano Miguel “Tano” Santucho. Él llevaba una pancarta con la cara de su mamá, Cristina Navajas. Su papá, Julio Santucho, les cuidaba las espaldas. Los tres caminando juntos mostraban la potencia de un movimiento de derechos humanos, que –a 48 años de la dictadura– sigue buscando verdad y justicia y, al mismo tiempo, convoca a miles de personas a decir que nunca más la desaparición, la tortura y el robo de los hijos pueden sembrar la tierra de la Argentina, aunque estén en el gobierno quienes buscan justificar los crímenes más atroces.
Mientras los Santucho se acercan al escenario que se montó de espaldas a la Casa Rosada, una multitud aplaude el paso de los militantes de los organismos de derechos humanos. La jornada de este domingo, con un sol abrasador, no solo busca decir que no hay ni olvido ni perdón a los criminales del terrorismo de Estado, sino también dar un mensaje en contra de la “miseria planificada” –con la que el periodista Rodolfo Walsh describió el verdadero plan de la dictadura y que se resignifica ante el programa del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Son 400.000 personas –según los cálculos de los organismos– que recorren la Avenida de Mayo y las calles aledañas. Las Madres, las Abuelas, los HIJOS, los familiares se acomodan en el escenario. Nora Cortiñas sube en una silla de ruedas y recibe como regalo un feliz cumpleaños de la multitud. Dos días antes, cumplió 94 años. Ella agradece. Levanta el puño izquierdo y saluda. A su lado está el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Del otro lado, se ubican Estela de Carlotto y Taty Almeida. En el escenario hay dirigentes sindicales: Hugo Yasky (CTA de los Argentinos), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Roberto Baradel (Suteba). También agradecen la presencia de Héctor Daer y Pablo Moyano, de la CGT, que, por primera vez, participa orgánicamente de la convocatoria.
El documento, consensuado por los organismos, recuerda que otro 24 de marzo, hace ya 20 años, Néstor Kirchner bajó el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla y pidió perdón en la ESMA por la vergüenza de haber callado en democracia. Se destaca el valor del Nunca Más, que en septiembre cumplirá 40 años, y del Juicio a las Juntas.
–¿Dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos? ¿Dónde está Julio López? –pregunta Estela de Carlotto cuando toma el micrófono.
Ya pasaron algunas horas desde que la Casa Rosada difundió un video sobre la “memoria completa”, y el reclamo del organismos toma otro ímpetu. “Frente a este gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado–dice la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo–, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo, que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas”.
Pérez Esquivel habla del proyecto de país del gobierno de La Libertad Avanza. “La patria no se vende, se defiende”, dice el fundador del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Y desde la Plaza empiezan los cánticos frente a la decisión de echar por tierra todas las empresas públicas. Hay aplausos para los trabajadores de la agencia estatal Télam y para los de la TV Pública, todos ellos con la espada de Damocles del cierre que anuncia Milei.
Hay silbidos cuando se nombra a Mauricio Macri o Patricia Bullrich. Le cantan a Milei. “El que no salta votó a Milei”, gritan y empiezan los saltos. Villarruel, abanderada de la familia militar, recibe un abucheo cuando es mencionada. Desde las redes, ella provoca y ataca a Estela de Carlotto, símbolo en el mundo de los derechos humanos.
“Vamos a seguir cuidando la democracia en la Argentina y en toda la Patria Grande, siempre, porque cuando lo hacemos estamos homenajeando la memoria de quienes lucharon por una Patria libre, justa y solidaria; porque cuando lo hacemos reclamamos que se terminen las prácticas y discursos de odio y negacionismo, porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan, paz, trabajo y libertad”, promete Taty Almeida.
Dedos en “v”. Puños izquierdos en alto. El grito que emana desde la garganta de la referente de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora: ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!
La primera marcha terminó pasadas las 3.30 de la tarde. Después llegó la del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La marea de gente no se detuvo. “Impresionante”, repite la diputada Myriam Bregman, del FIT-U, ante la convocatoria. “Fue una marcha enorme y mostró la disposición para enfrentar a Milei”, se entusiasma.
Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA y referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), estuvo en las dos convocatorias. «Fue muy intenso. Hubo mucha gente joven y mucha gente suelta. Lo vivimos con alegría al ver tanta gente», reconoce.
La previa
Las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora tienen su sede en un edificio de Piedras al 100. La puerta está abierta desde las once de la mañana. Entran y salen militantes. Eduardo Tavani, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se mueve de un lado para el otro. Iris Pereyra de Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), lleva una remera con la cara de su hijo, el “Negrito” Avellaneda, un pibe de quince años asesinado en Campo de Mayo y tirado en un vuelo de la muerte. “Nunca fue fácil”, dice Iris. “Nuestra prioridad es que nunca más tengamos un gobierno negacionista y fascista”.
A las 10.55, el gobierno publicó en la cuenta X de la Casa Rosada un video con el que pretende justificar los crímenes de la dictadura.
–¿Lo viste? ¿Qué dice?– preguntan en el departamento de las Madres.
Eduardo Jozami está junto a su compañera Lila Pastoriza. “El gobierno está redoblando su ofensiva negacionista. Nos resulta bien difícil no evocar las peores situaciones vividas en la Argentina”, dice el exdirector nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
En la puerta del edificio están Cecilia De Vincenti y Mabel Careaga. Son las hijas de Azucena Villaflor y Esther Careaga, Madres de Plaza de Mayo secuestradas en diciembre de 1977. “Es un 24 de marzo especial porque tenemos que enfrentar a un gobierno que reivindica los crímenes de la dictadura. Espero que este día sea un punto de inflexión en la organización popular contra el hambre que esta administración también está generando”, se esperanza Careaga.
Cecilia De Vincenti está emocionada. “Es importante poder demostrarle a este gobierno que no puede seguir hablando de guerra. Los genocidas fueron juzgados y deben seguir en la cárcel”, dice.
Minutos antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado recordándole al Estado argentino que no puede indultar ni dar beneficios carcelarios a los criminales de la última dictadura.
En la zona del escenario están Graciela Lois y Adriana Taboada, entre otros, con los preparativos. Graciela milita desde diciembre de 1976 en Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Se unió después de que secuestraran a su marido. “Ningún 24 de marzo es un día de festejo, como dijo Villarruel. Para nosotros, ese día empezó la noche más terrible que hubo en este país: un genocidio, 30.000 desaparecidos. Ellos impugnan el número de desaparecidos. Que ellos y sus amigos nos digan dónde están”, reclama.
Taboada dice que no sabe cuántos hechos trágicos cómo el genocidio que atravesó la sociedad Argentina provocan lo que provoca el 24 de marzo. “En este momento nosotros tenemos un gran desafío que es volver a pensar de qué manera comunicar toda esta historia a los más jóvenes. Pero no hay ninguna duda de que esta contundencia de la gente en las calles para esta fecha es un logro de este faro que es el Nunca Más. Esto es un grito por el Nunca Más, que después de casi cinco décadas se sigue escuchando con toda esta fuerza”, afirma.
La abogada Guadalupe Godoy camina por Avenida de Mayo. “El gobierno habla de un pacto para el 25 de mayo. Es obvio que el 24 de marzo es la fecha en la que el pueblo sale a defender la democracia”, comenta mientras trata de abrirse paso hacia la sede de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo –donde se vivirá el segundo 24 de marzo sin Hebe de Bonafini.
El gobernador Axel Kicillof fue hasta la Casa de las Madres, donde se encontró con Carmen, Visitación, Pina y Azucena. «Es la primera vez que algunos sectores que tienen las máximas responsabilidades cuestionan este tipo de cosas. No es una cuestión de contraste o trinchera ni de chicanas. Todos los que están acá están defendiendo la democracia, la verdad y la justicia y eso no debería tener bandera política. Y creo que la novedad es que quieren negar lo que ocurrió en la Argentina y eso es algo que nuestro pueblo no está dispuesto a permitir«, dice.
Caminar
Carlos Pisoni camina por Avenida de Mayo con la columna de H.I.J.O.S Capital. “Es un 24 de marzo distinto –dice–. Tenemos un gobierno de ultraderecha en el poder con el mismo plan económico por el que desaparecieron a nuestros viejos. Lo que logra con este programa es que hoy hayamos marchado con la CGT”.
En un lateral, están Analía Kalinec y Bibiana Reibaldi. Las dos son hijas de genocidas e integran Historias Desobedientes. “Ellos saben –dice Reibaldi en relación a los represores–. Y los hijos obedientes son cómplices de ese silencio”. Es una alusión a Villarruel, cuyo padre se jactaba de haber combatido a la subversión tanto en el ámbito urbano como rural.
Guillermo Pérez Roisinblit –uno de los nietos encontrados por las Abuelas– está contento con la movilización de este domingo para la que trabajó durante las semanas previas. “La gente salió a bancar y a decir que hay cuestiones con las que no se puede jugar. El pueblo es el que está en la calle, no en Twitter. Casi medio millón de gente marchó, no eran trolls”. Para Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hay una palabra que define la movilización de este año: «potente».
Victoria Montenegro coincide. “La marcha es la mejor respuesta a un gobierno que quiere negar nuestra historia –dice la diputada, que fue secuestrada con sus padres, apropiada por un militar del Ejército y restituyó su identidad por la búsqueda de Abuelas–. Por más que intenten reinstalar la teoría de los dos demonios, la memoria sigue viva en las calles”.
Referentes del partido SER denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio
En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.
La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Ayer, los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.
Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.
Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.
En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.
Puntos claves:
- Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
- Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
- Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
- Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
- Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.
“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.
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