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Una multitud para decir nunca más a la dictadura y a la miseria planificada del gobierno libertario

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Cuatrocientas mil personas salieron a las calles contra el negacionismo de Javier Milei y Victoria Villarruel. «Queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan, paz, trabajo y libertad», pidieron los organismos de derechos humanos.
Luciana Bertoia

Por Luciana Bertoia

Daniel siempre pensó que había nacido el 24 de marzo de 1977. En julio del año pasado, supo que toda esa historia era mentira, incluso el día de su cumpleaños. El de ayer fue su primer 24 de marzo en las calles. A la Plaza de Mayo llegó abrazado a su hermano Miguel “Tano” Santucho. Él llevaba una pancarta con la cara de su mamá, Cristina Navajas. Su papá, Julio Santucho, les cuidaba las espaldas. Los tres caminando juntos mostraban la potencia de un movimiento de derechos humanos, que –a 48 años de la dictadura– sigue buscando verdad y justicia y, al mismo tiempo, convoca a miles de personas a decir que nunca más la desaparición, la tortura y el robo de los hijos pueden sembrar la tierra de la Argentina, aunque estén en el gobierno quienes buscan justificar los crímenes más atroces.

Mientras los Santucho se acercan al escenario que se montó de espaldas a la Casa Rosada, una multitud aplaude el paso de los militantes de los organismos de derechos humanos. La jornada de este domingo, con un sol abrasador, no solo busca decir que no hay ni olvido ni perdón a los criminales del terrorismo de Estado, sino también dar un mensaje en contra de la “miseria planificada” –con la que el periodista Rodolfo Walsh describió el verdadero plan de la dictadura y que se resignifica ante el programa del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.

Son 400.000 personas –según los cálculos de los organismos– que recorren la Avenida de Mayo y las calles aledañas. Las Madres, las Abuelas, los HIJOS, los familiares se acomodan en el escenario. Nora Cortiñas sube en una silla de ruedas y recibe como regalo un feliz cumpleaños de la multitud. Dos días antes, cumplió 94 años. Ella agradece. Levanta el puño izquierdo y saluda. A su lado está el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Del otro lado, se ubican Estela de Carlotto y Taty Almeida. En el escenario hay dirigentes sindicales: Hugo Yasky (CTA de los Argentinos), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Roberto Baradel (Suteba). También agradecen la presencia de Héctor Daer y Pablo Moyano, de la CGT, que, por primera vez, participa orgánicamente de la convocatoria.

El documento, consensuado por los organismos, recuerda que otro 24 de marzo, hace ya 20 años, Néstor Kirchner bajó el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla y pidió perdón en la ESMA por la vergüenza de haber callado en democracia. Se destaca el valor del Nunca Más, que en septiembre cumplirá 40 años, y del Juicio a las Juntas.

–¿Dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos? ¿Dónde está Julio López? –pregunta Estela de Carlotto cuando toma el micrófono.

Ya pasaron algunas horas desde que la Casa Rosada difundió un video sobre la “memoria completa”, y el reclamo del organismos toma otro ímpetu. “Frente a este gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado–dice la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo–, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo, que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas”.

Pérez Esquivel habla del proyecto de país del gobierno de La Libertad Avanza. “La patria no se vende, se defiende”, dice el fundador del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Y desde la Plaza empiezan los cánticos frente a la decisión de echar por tierra todas las empresas públicas. Hay aplausos para los trabajadores de la agencia estatal Télam y para los de la TV Pública, todos ellos con la espada de Damocles del cierre que anuncia Milei.

Hay silbidos cuando se nombra a Mauricio Macri o Patricia Bullrich. Le cantan a Milei. “El que no salta votó a Milei”, gritan y empiezan los saltos. Villarruel, abanderada de la familia militar, recibe un abucheo cuando es mencionada.  Desde las redes, ella provoca y ataca a Estela de Carlotto, símbolo en el mundo de los derechos humanos.

“Vamos a seguir cuidando la democracia en la Argentina y en toda la Patria Grande, siempre, porque cuando lo hacemos estamos homenajeando la memoria de quienes lucharon por una Patria libre, justa y solidaria; porque cuando lo hacemos reclamamos que se terminen las prácticas y discursos de odio y negacionismo, porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan, paz, trabajo y libertad”, promete Taty Almeida.

Dedos en “v”. Puños izquierdos en alto. El grito que emana desde la garganta de la referente de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora: ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!

La primera marcha terminó pasadas las 3.30 de la tarde. Después llegó la del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La marea de gente no se detuvo. “Impresionante”, repite la diputada Myriam Bregman, del FIT-U, ante la convocatoria. “Fue una marcha enorme y mostró la disposición para enfrentar a Milei”, se entusiasma.

Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA y referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), estuvo en las dos convocatorias. «Fue muy intenso. Hubo mucha gente joven y mucha gente suelta. Lo vivimos con alegría al ver tanta gente», reconoce.

La previa

Las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora tienen su sede en un edificio de Piedras al 100. La puerta está abierta desde las once de la mañana. Entran y salen militantes. Eduardo Tavani, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se mueve de un lado para el otro. Iris Pereyra de Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), lleva una remera con la cara de su hijo, el “Negrito” Avellaneda, un pibe de quince años asesinado en Campo de Mayo y tirado en un vuelo de la muerte. “Nunca fue fácil”, dice Iris. “Nuestra prioridad es que nunca más tengamos un gobierno negacionista y fascista”.

A las 10.55, el gobierno publicó en la cuenta X de la Casa Rosada un video con el que pretende justificar los crímenes de la dictadura.

–¿Lo viste? ¿Qué dice?– preguntan en el departamento de las Madres.

Eduardo Jozami está junto a su compañera Lila Pastoriza. “El gobierno está redoblando su ofensiva negacionista. Nos resulta bien difícil no evocar las peores situaciones vividas en la Argentina”, dice el exdirector nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

En la puerta del edificio están Cecilia De Vincenti y Mabel Careaga. Son las hijas de Azucena Villaflor y Esther Careaga, Madres de Plaza de Mayo secuestradas en diciembre de 1977. “Es un 24 de marzo especial porque tenemos que enfrentar a un gobierno que reivindica los crímenes de la dictadura. Espero que este día sea un punto de inflexión en la organización popular contra el hambre que esta administración también está generando”, se esperanza Careaga.

Cecilia De Vincenti está emocionada. “Es importante poder demostrarle a este gobierno que no puede seguir hablando de guerra. Los genocidas fueron juzgados y deben seguir en la cárcel”, dice.

Minutos antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado recordándole al Estado argentino que no puede indultar ni dar beneficios carcelarios a los criminales de la última dictadura.

En la zona del escenario están Graciela Lois y Adriana Taboada, entre otros, con los preparativos. Graciela milita desde diciembre de 1976 en Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Se unió después de que secuestraran a su marido. “Ningún 24 de marzo es un día de festejo, como dijo Villarruel. Para nosotros, ese día empezó la noche más terrible que hubo en este país: un genocidio, 30.000 desaparecidos. Ellos impugnan el número de desaparecidos. Que ellos y sus amigos nos digan dónde están”, reclama.

Taboada dice que no sabe cuántos hechos trágicos cómo el genocidio que atravesó la sociedad Argentina provocan lo que provoca el 24 de marzo. “En este momento nosotros tenemos un gran desafío que es volver a pensar de qué manera comunicar toda esta historia a los más jóvenes. Pero no hay ninguna duda de que esta contundencia de la gente en las calles para esta fecha es un logro de este faro que es el Nunca Más. Esto es un grito por el Nunca Más, que después de casi cinco décadas se sigue escuchando con toda esta fuerza”, afirma.

La abogada Guadalupe Godoy camina por Avenida de Mayo. “El gobierno habla de un pacto para el 25 de mayo. Es obvio que el 24 de marzo es la fecha en la que el pueblo sale a defender la democracia”, comenta mientras trata de abrirse paso hacia la sede de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo –donde se vivirá el segundo 24 de marzo sin Hebe de Bonafini.

El gobernador Axel Kicillof fue hasta la Casa de las Madres, donde se encontró con Carmen, Visitación, Pina y Azucena. «Es la primera vez que algunos sectores que tienen las máximas responsabilidades cuestionan este tipo de cosas. No es una cuestión de contraste o trinchera ni de chicanas. Todos los que están acá están defendiendo la democracia, la verdad y la justicia y eso no debería tener bandera política. Y creo que la novedad es que quieren negar lo que ocurrió en la Argentina y eso es algo que nuestro pueblo no está dispuesto a permitir«, dice.

Caminar

Carlos Pisoni camina por Avenida de Mayo con la columna de H.I.J.O.S Capital. “Es un 24 de marzo distinto –dice–. Tenemos un gobierno de ultraderecha en el poder con el mismo plan económico por el que desaparecieron a nuestros viejos. Lo que logra con este programa es que hoy hayamos marchado con la CGT”.

En un lateral, están Analía Kalinec y Bibiana Reibaldi. Las dos son hijas de genocidas e integran Historias Desobedientes. “Ellos saben –dice Reibaldi en relación a los represores–. Y los hijos obedientes son cómplices de ese silencio”. Es una alusión a Villarruel, cuyo padre se jactaba de haber combatido a la subversión tanto en el ámbito urbano como rural.

Guillermo Pérez Roisinblit –uno de los nietos encontrados por las Abuelas– está contento con la movilización de este domingo para la que trabajó durante las semanas previas. “La gente salió a bancar y a decir que hay cuestiones con las que no se puede jugar. El pueblo es el que está en la calle, no en Twitter. Casi medio millón de gente marchó, no eran trolls”. Para Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hay una palabra que define la movilización de este año: «potente».

Victoria Montenegro coincide. “La marcha es la mejor respuesta a un gobierno que quiere negar nuestra historia –dice la diputada, que fue secuestrada con sus padres, apropiada por un militar del Ejército y restituyó su identidad por la búsqueda de Abuelas–. Por más que intenten reinstalar la teoría de los dos demonios, la memoria sigue viva en las calles”.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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