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Una ley ómnibus a medida de las petroleras

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El proyecto contiene un capítulo sobre energía que introduce más de 50 modificaciones en la ley de Hidrocarburos 17.319. Elimina el objetivo del autoabastecimiento.

El nuevo proyecto de Ley Ómnibus que el gobierno enviará al Congreso contiene un capítulo sobre energía que introduce más de 50 modificaciones en la ley de Hidrocarburos 17.319 destinadas a desregular el mercado. Además, propone derogar el artículo 1 de la ley 26.741 que declaró de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”. También introduce cambios en los marcos regulatorios del gas natural y la electricidad.

Uno de los cambios centrales que se mantiene del proyecto original presentado a fines de diciembre figura en el artículo 151 y modifica el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, promulgada en 1967. El texto original dice que “durante el período en que la producción nacional de hidrocarburos líquidos no alcance a cubrir las necesidades internas será obligatoria la utilización en el país de todas las disponibilidades de origen nacional de dichos hidrocarburos”.

En otras palabras, el mercado interno se impone por sobre la exportación. De hecho, en la actualidad, las petroleras interesadas en exportar crudo deben iniciar el trámite en la Secretaría de Energía tres meses antes de concretar la operación. En ese acto informan cuánto petróleo tienen previsto vender al exterior y a partir de ese momento se abre un plazo de 5 días hábiles para que cualquier refinador local que desea ese crudo pueda cruzar esa operación de exportación y reclamar el petróleo para su refinería.

La ley Ómnibus pone fin al paradigma que privilegia el autoabastecimiento por sobre la exportación. De hecho, la modificación propuesta en el artículo 151 del proyecto dice que “los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía”. Luego se aclara que “la eventual objeción de la Secretaría de Energía sólo podrá ser formulada dentro de los 30 días de puesta en su conocimiento las exportaciones a practicar, debiendo estar fundada en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro”.

El artículo 6 original también señala que “cuando los precios de petróleos importados se incrementaren significativamente por circunstancias excepcionales, no serán considerados para la fijación de los precios de comercialización en el mercado interno, y, en ese caso, éstos podrán fijarse sobre la base de los reales costos de explotación de la empresa estatal”. Sin embargo, la nueva redacción del artículo señala que “el Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades indicadas en el párrafo anterior”, en referencia a la extracción, industrialización, transporte y comercialización.

El artículo 160 modifica el artículo 31 de la ley de Hidrocarburos referido a las inversiones que debe hacer la petrolera dentro de la superficie incluida en su concesión. La versión actual dice que debe asegurar “la máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas”, pero el nuevo artículo 31 incluido en la ley bases elimina ese fragmento.

El nuevo proyecto de Ley Ómnibus propone modificar, a través de su artículo 157, el artículo 27 bis de la Ley de Hidrocarburos 17.319. Ese artículo 27 bis prevé la posibilidad de reconvertir un área de concesión convencional en no convencional. En la primera versión enviada al Congreso, el texto especificaba que una vez concretada la reconversión “los plazos de la concesión se adecuarán al nuevo régimen, pero manteniendo la fecha de inicio de las mismas”. Las petroleras se quejaron y lograron que ese punto se flexibilice. Ahora el texto dice que “aprobada la solicitud de reconversión, el plazo de la concesión reconvertida será por única vez de treinta y cinco años (35) años computados desde la fecha de la solicitud”. Este cambio es trascendental porque en una reconversión a no convencional el plazo de 35 años de concesión no comenzaría a regir desde la fecha de inicio de esa concesión sino desde el momento en el que se pide la reconversión.


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La estrategia del peronismo para sumar los cuatro votos que le faltan para voltear la ley ómnibus en el Senado

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Apalancado en sus 33 legisladores, Unión por la Patria ya definió donde buscará los votos que le faltan.

Por Pablo Dipierri

 José Mayans y Juliana di Tullio tienen la misión de convencer a los senadores que votaron contra el DNU 70/23 para voltear la ley ómnibus, que llegó esta semana a la Cámara Alta con media sanción de Diputados. Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que «se está trabajando para sumar voluntades», y consignaron que «es difícil pero no imposible».

En uno de los despachos peronistas, se ilusionan con alcanzar los cuatro votos que le faltan a la oposición para llegar a la mayoría de 37 sobre 72 escaños. «Con los 33 orientales unidos, más (Edgardo) Kueider, (Carlos) Espínola, (Lucila) Crexell, (Mónica) Silva y (Martín) Lousteau, que está evaluando hasta dónde tensa con la UCR, llegaríamos», explican.

A esa aritmética agregan los nombres de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano pero en los pasillos del Congreso reconocen que todavía no tienen definida su postura. «Hay que esperar», deslizan.

Kueider y Espínola integran, junto a la cordobesa Alejandra Vigo, el bloque Unidad Federal pero hasta enero de 2023 formaron parte del Frente de Todos. El entrerriano preside actualmente la comisión de Asuntos Constitucionales pero cerca suyo argumentan que el senador no dejará que le pese su rol en ese cuerpo a la hora de pronunciarse en el recinto.

El legislador correntino, por su parte, no está dispuesto a convalidar la restitución del impuesto a las Ganancias, un capítulo contemplado en el paquete fiscal. Habiendo votado por su eliminación el año pasado, reponer el gravamen como pretende ahora el gobierno nacional sería, a su criterio, prestarse para el ridículo. «El Presidente se equivoca», le habría dicho a su entorno ya en el verano y no habría cambiado de opinión.

El caso de Crexell es emblemático porque formó parte de Juntos por el Cambio, tuvo su paso por la bancada Cambia Federal que conduce el salteño Juan Carlos Romero y se desprendió para formalizar un monobloque. Aunque en el macrismo siempre le reprocharon cierta autonomía y se encuentra cercana al gobernador Rolando Figueroa, su apego a votar según su propia conciencia más allá de sus eventuales lazos orgánicos la ubica en la lista de los que optarían por la negativa. Además, ya estuvo entre los 42 que enterraron el decreto de Javier Milei.

Oriunda de Río Negro, Silva expresa las posiciones del gobernador Alberto Weretilneck en el Senado. El ajuste de la Casa Rosada sobre las jurisdicciones patagónicas había puesto en pie de guerra al mandatario provincial y ex senador a principios de marzo y la legisladora terminó votando contra el DNU. Ahora habita una de las oficinas que ficharon tanto en el peronismo como en la CGT para pautar visitas.

El voto más resonante podría llegar a ser el de Lousteau. Presidente de la UCR, ya se movió contra los deseos de los gobernadores de su partido cuando el Senado enterró el decreto 70 y este martes fue enfático contra el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). «Hay que pensar que el oficialismo está abierto a la negociación y entonces se está buscando que el bloque vote unificado», indicaron desde la bancada que preside Eduardo Vischi.

Sin embargo, Lousteau prepara su eventual candidatura por el distrito porteño y necesita despegarse de la imagen de Rodrigo De Loredo, cuya complacencia con el oficialismo en la Cámara Baja es motivo de burla en redes sociales. Además, su cálculo es que el experimento de Milei no saldría bien y estima que Evolución, espacio interno del partido al que responde, quedaría en pie frente a su electorado.

Tal vez por eso, un diputado radical que este martes pasó por el Senado a saludar a uno de los gobernadores correligionarios admitió ante LPO que temía por el voto a favor de Lousteau. El asunto es que el kirchnerismo tampoco puede aplicar un operativo de seducción sobre el senador, por la probable ineficacia que deriva del divorcio político en 2008 y porque el ex ministro de Economía perdería el atractivo que pretende cuidar frente al electorado de CABA.

Como sea, La Libertad Avanza llega con el envión de una abultada victoria en Diputados para aprobar el proyecto en el Senado pero el peronismo podría complicarle el camino, si es que sus presiones no se limitan a lograr modificaciones al expediente que se discute por estos días en el plenario de comisiones y se proponen voltear la ley.

Para colmo, los 72 miembros de la cámara estarán bajo la lupa de sectores sociales que planean movilizarse cuando se trate la ley. La presión política podría incrementar su voltaje y la fuerza con la que llegaba el proyecto con su media sanción podría disiparse.

Una senadora peronista aventuró ante LPO: «vamos a tener los mismos números que con el DNU». 


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