SOCIEDAD
El oficialismo festejó la caída de la sesión, pero le surgió una nueva mayoría opositora
La oposición estuvo a 10 diputados de alcanzar el quórum y forzarle a Martín Menem una sesión para debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Hacemos Coalición Federal, que comanda Miguel Ángel Pichetto, logró sumar a Unión por la Patria, la izquierda y unos cinco radicales díscolos, pero no le alcanzó para hacerse de una mayoría suficiente para acorralar al gobierno. Sin embargo, al final del día, todos sentían que habían ganado. La Libertad Avanza logró, sí, desactivar una sesión potencialmente peligrosa y lo hizo exhibiendo el nuevo vínculo que logró tejer con algunos gobernadores. Y es que, en efecto, fue gracias a la presión ejercida sobre los legisladores que responden a Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Alfredo Cornejo que la oposición no logró, por un pelo, conseguir quórum. Los opositores, mientras tanto, aprovecharon para sacar pecho y enviarle un mensaje al gobierno a pocos días que comience el debate del proyecto de ley ómnibus 2.0: la relación de fuerzas estaba empezando a cambiar.
Pasada media hora desde el inicio oficial de la sesión, HCF tuvo que reconocer la derrota: con solo 119 diputados sentados en sus bancas, no estaba el número para dar inicio a la sesión que tenía como objetivo modificar la fórmula jubilatoria y atarla a la inflación. UxP se había encargado de aportar el grueso de los presentes: había 96 legisladores peronistas e, incluso, los que faltaban estaban en camino y no habían llegado por culpa del temporal. Era la primera demostración de fuerza conjunta con HCF, que está integrada por socialistas, cordobeses, lilitos, exmacristas y peronistas no kirchneristas, y que, hasta ahora, había hecho todo lo posible para mostrarse lo más alejada de UxP posible. El objetivo, en esta ocasión, era forzar el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y de Seguridad Social para poner en agenda el ajuste sobre los jubilados, que vienen de sufrir una pérdida del 30 por ciento de su poder adquisitivo.
«Ustedes porque son peronistas, pero nosotros estamos más acostumbrados a perder», se reía, fuera del micrófono, Juan Manuel López, titular de la Coalición Cívica, mirando a con Pichetto. Después de unas horas, cuando ya había vencido el plazo para conseguir el quórum y se comenzaron a suceder los discursos en minoría, el número opositor fue engrosándose hasta llegar a 124. Ese será el número que, a partir de ahora, la oposición buscará esgrimir como base para una potencial mayoría opositora. Allí se encontraban los cinco diputados del FIT, los seis de la CC, Florencio Randazzo, Natalia de la Sota, Monzó, Pichetto, Oscar Agost Carreño, los dos socialistas santafesinos, y, finalmente, cinco diputados radicales que terminaron jugando en minoría: Facundo Manes, Pablo Juliano, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pedro Galimberti.
La UCR, hasta último momento, buscó una forma de unificar posturas y evitar una fractura interna, pero no lo logró. Los gobernadores presionaron con fuerza: ni los jujeños y chaqueños, más alineados con la línea dura de Manes-Carbajal, terminaron participando. Lo mismo sucedería en otros bloques, como los cordobeses de HCF que no terminaron participando de la sesión por presión de Llaryora. Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Sáenz (Salta) también bajaron línea a sus legisladores y les prohibieron dar quórum. «Los gobernadores presionan porque no quieren chocar con el gobierno. Pero cuando la UCR se rompa muchos se irán con nosotros», pronosticó uno de los «díscolos» radicales.
Las quejas en minoría
«Sabemos que al Presidente le cuesta tener sensibilidad, tener empatía y entender la situación de las personas que sufren más que el resto, pero le pedimos que sea inteligente, que corra a los jubilados de la disputa fiscal que tiene con los gobernadores», cuestionó Juan Manuel López cuando comenzó el debate en minoría. La CC había presentado un proyecto que modificaba el cálculo de la actualización de las jubilaciones, reemplazando el de Alberto Fernández –que combina la recaudación de la ANSES con la evolución de los salarios formales– por uno que variara de acuerdo al IPC y se le sumara una compensación del 20,6 por ciento. Habían sido los principales impulsores de la sesión y, luego de que esta fracasara, igual celebraban haber logrado «meter el tema» en la agenda del oficialismo.
«Hoy, presidente, los salvaron las fuerzas del cielo que invocaron las lluvias e impidieron que por muy poquitos diputados hoy no tengamos quórum», le espetó Germán Martínez, titular de UxP, quien señaló a los diputados presentes como «la oposición que quiere sesionar». Menem lo miraba con sorna: era el único libertario presente en el recinto, el resto estaba diseminado por los alrededores del Congreso, celebrando aún la flamante incorporación de José Luis Espert en el bloque.
«Estamos en presencia de un gobierno que exhibe ribetes autoritarios, y que intenta vaciar el Congreso de la Nación. No cuenten con nosotros para impedir el funcionamiento del Congreso», exclamó, entre aplausos, el formoseño radical Carbajal.
Quid pro quo
Unas horas después de que finalizara la sesión fallida, todos los diputados –los que habían dado quórum y los que se habían quedado tomando un café en los alrededores– enfilaron para el Anexo para participar de la comisión de Seguridad Social. El día anterior, Menem había decidido convocarla para intentar desactivar la sesión, aunque sin éxito. Pero fracasada la sesión, que tenía como objetivo arrancar el debate en comisiones, la atención pasó al Anexo.
El objetivo de la reunión era designar las autoridades y calmar los ánimos opositores. Una meta formal y sencilla que, sin embargo, terminó en un escándalo cuando, en una maniobra irregular, LLA intentó designar como presidenta a una diputada radical que no pertenecía a la comisión. Era la moneda de cambio por no haber participado de la sesión que, debido a la mala praxis oficialista, terminó a los gritos. «Rifaron la presidencia de esta comisión para hacer fracasar la sesión de esta mañana”, los acusaba, enojado, Germán Martínez.
La comisión era un caos: la diputada propuesta para la presidencia era la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, quien debía reemplazar a Lisandro Nieri pero la documentación que avalaba el cambiazo no había llegado a tiempo. Internamente, Brower le había ganado a Martín Tetaz la pulseada en Evolución, pero no había forma de designarla mientras no estuvieran los papeles. Oscar Zago, titular de la bancada oficialista, intentó ordenar convocando a un cuarto intermedio de 15 minutos, pero la documentación no llegaba y Karina Banfi (UCR), en tanto presidente provisoria, terminó teniendo que aplazar la designación para el día siguiente.
Referentes del partido SER denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio
En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.
La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Ayer, los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.
Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.
Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.
En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.
Puntos claves:
- Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
- Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
- Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
- Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
- Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.
“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.
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