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SOCIEDAD

8M: una marea para frenar la avanzada ultraderechista

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En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, este viernes habrá una concentración en la Plaza del Congreso y en distintos puntos del país. Las razones de la marcha en la era Milei.
Sonia Santoro

Por Sonia Santoro

“Esta vez hay que ir”. La frase circuló en encuentros presenciales, virtuales y en redes sociales. Fue el llamado contra el gobierno de los decretos monumentales, que naturaliza la crueldad y el hambre de la población. Este 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el primero en la era Milei, la movilización y concentración copará la Plaza del Congreso en la ciudad de Buenos Aires y se replicará en distintos puntos del país. Esta fecha se presenta como un núcleo de resistencia fuerte ante los ataques dirigidos con especial encono por parte del gobierno hacia los feminismos, las mujeres y las diversidades; las políticas conquistadas en los últimos años en materia de derechos y leyes de estos colectivos y la institucionalidad de las problemáticas de género como ministerio. Ante este ataque se espera una convocatoria masiva, transversal y multisectorial que le imponga un freno al gobierno. “No aguantamos más de estas políticas, no damos más en términos anímicos, afectivos, económicos y políticos. Necesitamos que cambie el rumbo ya. Y también que el Congreso rechace el DNU y que no se siga gobernando sin pasar por el Congreso”, apuntaron desde el Colectivo NiunaMenos, una de las organizaciones convocantes.

Aunque el gobierno quiera tapar el sol con las manos prohibiendo toda comunicación pública sobre el 8 de Marzo, se espera una concentración masiva en el país. En la ciudad de Buenos Aires, la asamblea del 8M convoca a concentrar, desde las 16, a la Plaza del Congreso. En ese entorno, se realizarán actividades que organizarán colectivas, sindicatos, asambleas vecinales, organizaciones sociales y partidos políticos. Además de la concentración, confluirá una marcha que llegará desde la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Habrá intervenciones gráficas y performáticas, música, batucada, y la lectura de un documento consensuado a las seis de la tarde desde el escenario central. Luego, a las siete, se prevé una desconcentración rápida antes de que caiga la noche y que el gobierno nacional apelando al protocolo represivo intente amedrentar a las rezagadas.

Otras estrategias de cuidados serán la presencia de una guardia jurídica, postas sanitarias y la comunicación permanente entre todas y todes. Estrategias necesarias especialmente este año que se marchará con la potencial aplicación de un protocolo represivo. Este 8M será particular además porque “se da en el medio de una guerra económica sin antecedentes sobre las condiciones de vida de la población, que sobre todo está impactando en las mujeres, lesbianas, travestis y trans que sostienen las economías domésticas vía la inflación, el congelamiento de salarios y subsidios, la baja indiscriminada del Potenciar trabajo, la no entrega de alimentos a los comedores, los despidos en áreas estratégicas del Estado, el cierre de organismos estatales como Inadi, el intento de cierre de Telam”, dijo Luci Cavallero, integrante del Colectivo NiunaMenos, en diálogo con este diario. Este primer paro y movilización feminista es especial, además, porque nunca habíamos sido señaladas por un presidente como enemigas directas de su proyecto, agregó.

La marcada posición antiderechos del gobierno no hizo más que encender la necesidad de estar en las calles. En los últimos días, al desmantelamiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, al freno del plan Acompañar para Víctimas contra las violencias de género, al cierre del Inadi, a sus intentos por dar marcha atrás con la ley que hoy garantiza el derecho al aborto legal, a su misoginia contra las mujeres públicas que se atrevan a expresarse en contra de sus políticas como Lali Espósito, se sumaron la prohibición del uso del lenguaje inclusivo y no sexista y el enfoque de género en el Estado y la definición del aborto como un asesinato agravado por el vínculo.

Pero más allá de las cuestiones de género hoy el movimiento se levanta contra las políticas económicas y sociales que condenan a gran parte de la población al hambre. “Estamos en un 8M histórico contra la ultraderecha que hoy está encarnada en el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. Estamos frente a un gobierno autoritario que representa la reacción patriarcal, que habla de la motosierra para festejar un plan sistemático de saqueo y hambre y para destruir los derechos de la clase trabajadora y el pueblo, porque está al servicio de los capitales internacionales que vienen por nuestros bienes comunes y nuestra vida, y para poder hacerlo necesita un pueblo con hambre, sin trabajo, sin vivienda, sin educación y sin salud públicas”, dice el documento. Luego desarrolla los seis ejes que las convocan a la protesta:

1. Estamos acá contra el hambre y el ajuste

2. Estamos acá por el derecho aborto legal, seguro y gratuito

3. Estamos acá por el trabajo y contra los despidos

4. Estamos acá para decir abajo el DNU: ¡basta de extractivismo contra los cuerpos y territorios!

5. Estamos acá para decir abajo el protocolo represivo de patricia bullrich. ¡basta de violencia institucional!

6. Estamos acá contra las violencias machistas.

“Este año el foco va a estar puesto en la denuncia del hambre, de la crisis alimentaria y habitacional que está sufriendo gran parte de la población, por supuesto en denunciar las políticas de ajuste y las políticas represivas, en denunciar el desmantelamiento del Estado en términos de políticas de prevención de las violencias, el cierre del Inadi –explicó Cavallero–. Hay muchos ejes pero principalmente el eje central será visibilizar la crisis alimentaria y cómo a esto hay que llamarlo una política de la crueldad porque cuando hablamos de anarco capitalismo tenemos que hablar de una política de la destrucción y de la crueldad. Y creo que como movimiento feminista hemos aportado en términos pedagógicos a identificar que cuando se aplican modelos neoliberales las primeras que sufren son las mujeres, lesbianas y trans y que hay una economía de la violencia y de la crueldad cuando la precariedad se impone como norma”.

En la misma línea, Felicitas Fuertes, de la Organización de Base Rodolfo Walsh, y parte de la Asamblea organizadora del 8M, dijo a Página/12, que la particularidad de este año es que se da en el contexto de “una gestión de gobierno que se demuestra violenta e intolerante, hay una saña particular contra las mujeres y diversidades y eso tiene un sentido de lectura política a las acciones de los últimos meses con una propuesta de ruptura del tejido social, con una propuesta de hambre y empobrecimiento de las clases trabajadoras y populares y que además impacta primero en las mujeres que sostienen las tareas de cuidado sino que esa responsabilidad que tienen las mujeres se reproduce inclusive en las estructuras de organización porque son las que sostienen el sentido comunitario de la alimentación, de la educación y porque son las primeras en las que impactan estas políticas. Y del mismo modo se recrudecen las distintas violencias no solo económicas sino en sus propios hogares. Esto podemos reconocerlo porque en los últimos veinte años, con excepción de los años del macrismo, hubo una decisión política de reconocer a las mujeres y diversidades no solamente en cuanto a sus derechos económicos sino en los distintos aspectos de la vida como en lo laboral, en la salud, en el derecho a la identidad”.

En relación al segundo punto del documento, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una de las organizaciones convocantes, Malena Lenta y Yanina Waldhorn dijeron que “estamos alertas y organizades para resistir activamente todos los intentos de obstruir su cumplimento efectivo, universal y democrático, porque el derecho al aborto ¡Es Ley!”. Denunciaron además cualquier impedimento y negativa de cumplimento de las leyes conquistadas, que violentan y que atentan contra la autonomía y soberanía de los cuerpos de mujeres y diversidades. ”Exigimos que se garantice el acceso y la plena implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el territorio nacional, la provisión de métodos anticonceptivos y la atención posaborto de todas las personas gestantes. Queremos Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, no binaria ni biologicista, laica y feminista. Demandamos el acceso al misoprostol y la mifepristona de manera gratuita, la continua producción de ambos medicamentos, la incorporación de la práctica de la AMEU como método para abortar y mejorar la accesibilidad de todes al derecho”, apuntaron.

En relación a las expectativas de la concentración frente al Congreso, Fuertes recordó que las mujeres históricamente nos organizamos y resistimos y en los últimos años “de ampliación de derechos, pudimos comprender lo que es sentir dignidad y reconocimiento por parte del Estado”. “Con el ajuste del macrismo pudimos fortalecernos en organización y pudimos conquistar de igual manera el aborto y esa es una demostración de la lucha y la resistencia de las mujeres y diversidades. Sabemos que es un escenario complejo pero estamos convencidas de que también es complejo para Milei y todo su gobierno porque de este lado estamos organizadas”.

Las mujeres y diversidades estamos unidas y alertas, aunque la crisis también haga que la organización y la participación política sea un privilegio por el tiempo necesario para la militancia, que, como los feminismos nos han enseñado, es un bien especialmente escaso para las mujeres acosadas por los trabajos múltiples, pagos y no.

En la asamblea que se autoconvocó todo febrero surgieron distintas consignas para el encuentro, entre ellas la que rezaba “orgullosamente feministas”. 

El documento concluye con la fuerza de un grito que, se espera, será colectivo y transversal: “Decimos Ni un paso atrás. A Milei no le tenemos miedo. ¡¡¡Fuimos marea y seremos tsunami!!!”.


28 DE NOVIEMBRE

Juana Albarracín y Gabriel Torrengo denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio

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En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.

La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas. La Tarifaria no se debería haber aprobado por los ediles oficialista ya que la nueva Ordenanza de tierras se encuentra aun en comisiones para su análisis y tratamiento, denuncio.

Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.

Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.

En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.

Puntos claves:

  1. Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
  2. Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
  3. Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
  4. Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
  5. Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.

“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.


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