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SOCIEDAD

Ajustes brutales en áreas de salud, ciencia, seguridad social y producción para pagar la deuda 

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La ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud cayó 40 por ciento, de la Secretaría de Ciencia 100 y de Anses 38 por ciento. Así es como Caputo logró superávit. 

La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional se contrajo un 29 por ciento interanual en el primer bimestre, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Al analizar el gasto por organismos públicos, se detectaron fuertes ajustes en el Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, algunos hospitales nacionales, en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en organismos vinculados a la cultura y al sector productivo. La contracara es la fuerte representación de los servicios de deuda pública, que representó el 30 por ciento del total de gastos devengados y el 48 por ciento de lo pagado

El informe no analiza el porcentaje de ejecución del presupuesto vigente porque la prórroga del presupuesto 2023 volvió abstracto ese análisis. Lo que hizo CEPA es proyectar el presupuesto del año pasado actualizándolo por la inflación prevista por el Reporte de Expectativas del Mercado publicado por el Banco Central, para luego estimar el porcentaje de ejecución equivalente durante los dos primeros meses de 2024.

En el área de Salud, se relevaron fuertes caídas, comenzando por las actividades del propio Ministerio de Salud (-40 por ciento) y la Superintendencia de Servicios de Salud (-59 por ciento). También se observan fuertes recortes en el Hospital Posadas (-51 por ciento), Hospital Bonaparte (-19 por ciento), y el Instituto Malbrán (-12 por ciento).

Por otro lado, algunos organismos sensibles obtienen incrementos en su ejecución. Estos son el INCUCAI, organismo rector de las donaciones y trasplantes de órganos en la Argentina, la Agencia Nacional de Discapacidad, el Instituto Nacional del Cáncer, y el Hospital Ramón Carrillo. Sin embargo, el informe aclara que en los casos del Hospital Ramón Carrillo y el Instituto Nacional del Cáncer, el incremento de los montos devengados no se corresponde con un incremento de la ejecución presupuestaria base caja, es decir, con la ejecución pagada. De hecho, en el caso del Hospital Carillo la variación de dicha ejecución es del 0 por ciento, y en el caso del Instituto del Cáncer, la ejecución base caja tiene una caída interanual real del orden del -17 por ciento. “Lo que esto está indicando es que en algunos organismos se están girando órdenes de pago, pero no se están ejecutando las mismas, engrosando la llamada ‘deuda flotante’”, destaca el informe.

En los organismos vinculados a la Ciencia y la Investigación se observan incrementos en el CITEDEF (Investigaciones para la Defensa), y en el Servicio Meteorológico Nacional, en ambos casos de 6 por ciento; y en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (+42 por ciento). “Este último incremento se matiza con un aumento del 10 por ciento de la ejecución del organismo en base caja”, aclara CEPA.

En el resto de los organismos del área se observan ajustes del gasto, especialmente en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que tuvo una paralización total al reducirse su ejecución un 100 por ciento. Una situación similar vivió la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación con una caída cercana al 82 por ciento. Luego se ubican el Servicio Geológico Minero y la Fundación Miguel Lillo con caídas de 62 y 29 por ciento respectivamente. Por último, se observan retracciones de 18 por ciento en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y del 6 por ciento en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Una de las principales aperturas programáticas, tanto por su impacto social como por su incidencia en el presupuesto, son los programas vinculados a la Seguridad Social, Salud y Desarrollo Social. En estos ítems también se registraron fuertes ajustes en la ejecución: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-46 por ciento), Anses (-38), el INADI (-36) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-7 por ciento).

Respecto a los organismos vinculados al desarrollo productivo, se observan fuertes ajustes en todos ellos salvo en el INTA, que tuvo un repunte del 10 por ciento. Del resto resaltan las caídas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) (-81 por ciento), el Instituto Nacional de Promoción Turística (-55), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (-83), la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-75), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (-56), y el Instituto Nacional de Semillas (con una caída superior al -40 por ciento). El resto de las retracciones oscilan entre el -24% y -6%.

Finalmente, en el caso de los principales organismos vinculados a la cultura, el gobierno produjo fuertes recortes en la ejecución de los dos primeros meses de 2024 comparados con el mismo período del año anterior: el Instituto Nacional del Teatro sufrió un ajuste del 34 por ciento, el Fondo Nacional de las Artes de casi el 44 por ciento, la Biblioteca Nacional de 28 por ciento, y el Teatro Nacional Cervantes de 27 por ciento.


28 DE NOVIEMBRE

Juana Albarracín y Gabriel Torrengo denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio

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En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.

La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas. La Tarifaria no se debería haber aprobado por los ediles oficialista ya que la nueva Ordenanza de tierras se encuentra aun en comisiones para su análisis y tratamiento, denuncio.

Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.

Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.

En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.

Puntos claves:

  1. Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
  2. Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
  3. Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
  4. Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
  5. Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.

“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.


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