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SOCIEDAD

Exclusivo: las cuatro grandes detrás del escándalo de los seguros

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La maniobra de Nación Seguros con los créditos de la Anses favorecía directamente a empresas con nexos en la política.

Detrás de la imputación a Alberto Fernández por las contrataciones de seguros en el Estado asoma un negocio con cuatro importantes empresas del sector: se trata de las compañías Sancor, San Cristobal, Orígenes (ahora llamada Life Insurance) y San Germán Seguros.

Esas empresas eran subcontratadas por Nación Seguros como intermediarios en el caso de los seguros de ANSES. Todas resultaban beneficiarias con una comisión del 17%, esto es tres veces mayor a la del mercado.

Sancor y Orígenes son dos compañías que las acerca al negocio Gustavo García Argibay, quien hasta hace pocos días fue director de Nación Seguros. Apenas llegó Javier Milei al gobierno, García Argibay -quien tiene vínculo con los libertarios- estuvo muy cerca de quedarse con la presidencia de empresa estatal, pero perdió la pulseada con Alfonso Torres, que responde a Martín Menem.

En tanto, Seguros San Cristóbal es una empresa con nexos con La Cámpora y San Germán Seguros vinculada al macrismo. Esta última compañía tiene una escala muy inferior al resto.

Según pudo saber LPO, quien le acerca el negocio al ex presidente es viejo amigo con quien compartió despachos en la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante la presidencia de Carlos Menem. En ese grupo también estaba Claudio Moroni, ministro de Trabajo durante el último gobierno peronista.

La otra pata del negocio es Pablo Torres García, un empresario y broker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado, y Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto.

«Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó», dijo Alberto a La Nación.

Este jueves, Alberto Fernández, Martínez Sosa y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, fueron imputados por el fiscal Ramiro González por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

El eje de la investigación es el decreto 823/21 que obligó a las entidades públicas a contratar con Nación Seguros los convenios de seguros celebrados durante el gobierno del Frente de Todos.

Sancor y Orígenes son dos compañías que las acerca al negocio Gustavo García Argibay, quien hasta hace pocos días fue director de Nación Seguros. En tanto, Seguros San Cristóbal es una empresa con nexos con La Cámpora y San Germán Seguros vinculada al macrismo.

La lupa está puesta en los créditos de la Anses a los jubilados. Sucede que antes del gobierno del Frente de Todos, la Anses usaba autoseguros, pero a fines de 2021, el ex presidente ordenó que todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros.

El problema está en que Nación Seguros contrataba, a su vez, a un broker y a empresas privadas.

El decreto 823/21 establece que los contratos debían hacerse mediante convenio interadministrativo para el caso de la administración central y por régimen de contrataciones para el caso de empresas públicas y entes fiduciarios.

En el texto del decreto se prohíbe expresamente la subcontratación de pólizas, pero no se hace mención a que no podrían haber gestores. Ahí es donde aparecen los intermediarios bajo sospecha. 


28 DE NOVIEMBRE

Juana Albarracín y Gabriel Torrengo denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio

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En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.

La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas. La Tarifaria no se debería haber aprobado por los ediles oficialista ya que la nueva Ordenanza de tierras se encuentra aun en comisiones para su análisis y tratamiento, denuncio.

Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.

Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.

En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.

Puntos claves:

  1. Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
  2. Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
  3. Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
  4. Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
  5. Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.

“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.


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