El Ejecutivo no le perdona a la central obrera el rechazo al DNU. El desfinanciamiento de las obras sociales complica a los sindicatos pero sobre todo a los millones de afiliados.

Javier Milei gobierna bajo el concepto amigo-enemigo. El que votó a favor del fracasado proyecto de ley ómnibus es aceptado por el Presidente y se encamina a ascender a la condición de amigo. Los que votaron en contra son anotados sin contemplaciones en la lista de los enemigos y para ellos no hay ni el flaco perdón de dios. Así operó el Presidente contra los gobernadores al quitarle los subsidios para el transporte público. Ahora la emprende contra lo sindicatos que fueron los que hicieron la multitudinaria movilización contra el DNU el 24 de enero pasado. La intención es tocar un nervio sensible para los gremios de la CGT, los recursos de las obras sociales. Una medida que afectará directamente a los millones de afiliados que verán perder cobertura en el servicio de salud. Ante esto, el gobierno cree que mejorará su situación para negociar con la central obrera. Por ahora, la CGT medita la reacción.

La versión oficial es que la conducción de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) elaborará un informe de todos los fondos que se le remiten a las obras sociales en forma de subsidios. «Hay que analizar su funcionamiento», dicen en la Casa Rosada y agregan que lo que se pretende es limpiar el sistema de intermediarios. Se trata de un argumento similar al que aplica la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al pisar los fondos para los comedores comunitarios que tienen las organizaciones sociales y que el gobierno pretende anular. El punto es que al no otorgarle los fondos que les corresponde, los principales perjudicados son los que van a buscar un plato de comida en esos comedores.

La maniobra en el caso de las obras sociales es similar y ataca a los gremios que –dichos sea de paso– fueron protagonistas del paro del 24E, donde también participaron las organizaciones sociales.

Según trascendió, la tarea que tienen los funcionarios de la Superintendencia es entregarles a las obras sociales el costo del servicio para los afiliados discapacitados que era cubierto por el Fondo Solidario de Redistribución. Si las obras sociales deben hacerse cargo de esta cobertura el desfinanciamiento será la única consecuencia porque este fondo además tenía como destino el reembolso de los tratamientos médicos y remedios más costosos. Por lo general son patologías poco comunes que se controlan con medicamentos que se compran en el extranjero a precio dólar. Este es un viejo reclamo de la CGT que había creído resolver sin triunfaba el entonces candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Ahora esperan –sin mucha esperanza– que el gobierno libertario los 138 mil millones de pesos que contemplaba el Presupuesto 2023 para este tipo de situaciones y que Milei prorrogó.

La CGT buscó una reunión con las autoridades de la SSS para resolver este inconveniente que está generando la decisión del gobierno, pero no obtuvo respuesta.

La decisión de la Rosada incluye la eliminación de subsidios automáticos que se usan para compensar aportes a las obras sociales que hacen monotributistas, jubilados y trabajadores de bajos salarios. 

La central obrera ahora debe resolver qué hará frente a la ausencia de comunicación con los funcionarios de gobiernos. En la Rosada están convencidos de que el tener el pie sobre estos fondos los fortalece a la hora de sentarse a negociar con los gremialistas. Tal vez en el encuentro en el Consejo del Salario, previsto para este jueves, se pueda ver un adelanto de esta correlación de fuerzas.

El Salario Mínimo

Las organizaciones que participan del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (Csmvm) se volverán a ver este jueves. El encuentro debe servir para fijar un nuevo piso salarial. Nada hace prever que será una reunión fácil. Por caso, la CGT pide un aumento del 85 por ciento y la CTA Autónoma reclama un ajuste mensual. Durante el encuentro, que se realizará en la sede central de lo que ahora es la Secretaría de Trabajo, se realizará una protesta de los movimientos sociales que exigen un incremento de los montos para los comedores comunitarios.

«La convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil es un ámbito de diálogo a los fines de recuperar en algo el poder adquisitivo de los sectores más empobrecidos», expresó la central obrera en su cuenta oficial de la plataforma X. De todas formas es poco probable que se alcance un acuerdo sobre todo por el pedido de incremento del 85 por ciento que pide la CGT. La CTA-A está en la misma línea y advirtió que el salario mínimo de enero último fue de 156.000 pesos, mientras que la canasta básica para un trabajador sin carga de familia fue de 491.367, y la canasta básica de indigencia en el mismo período estuvo en el monto de 285.561 pesos.