La decisión del gobierno nacional no se circunscribe a provincias y universidades, sino que afecta a municipios, entes autárquicos y empresas del Estado.

 La decisión del gobierno de restringir el adelanto de fondos para el pago de haberes hace peligrar los salarios de todo el sector público tanto a nivel nacional como distrital.

La Universidad Nacional de Rosario fue la primera en advertir la situación, «A partir de una circular del Banco Central de la República Argentina dispuestas por las autoridades nacionales, el Banco de la Nación Argentina informó a nuestra Universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes, tal como está dispuesto en el convenio entre nuestra institución y la entidad bancaria», informó la Universidad en un comunicado.

Lo cierto es que se trata de una medida que Manuel Adorni anticipó en conferencia de prensa la semana pasada cuando la ley ómnibus quedó empantanada. El vocero presidencial adelantó que el Banco Central no iba a extender la autorización «para que las provincias se endeuden con bancos provinciales para afrontar necesidades urgentes».

En consecuencia el Banco Nación adoptó esa medida en respuesta a la decisión del gobierno de restringir el cupo de adelantos transitorios para financiar el pago de haberes del sector público no financiero.

Hasta ahora, los bancos públicos o privados que administran cuentas de las distintas dependencias de los gobiernos, entes autárquicos y empresas públicas, financiaban el pago de haberes sin impacto en el computo del descubierto permitidio en sus balances, a partir de una norma del Banco Central dispuesta en octubre de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri. Vence el próximo 1 de febrero y el gobierno decidió no renovarla.

«No se trata de un problema exclusivo de los empleados de los gobiernos provinciales, ni de las facultades ni de los hospitales. Afecta por igual a todos los empleados del sector público tanto nacional, como provincial o municipal. Incluye legislaturas, universidades, hospitales, escuelas. Pero también entes autarquicos y empesas del estado que van desde el ENOHSA hasta los medios públicos. En todos los casos la nómina salarial se financiaba para sortear obstáculos burocráticos que suelen descalzar el ingreso del fondeo ante la necesidad de liquidez», detalló a LPO un gerente de uno de los bancos que maneja la cuenta de la Televisión Pública.

Esta fuente preciso que en el caso de la Televisión Pública, el pago de haberes se canaliza mediante dos entidades bancarias y los trabajadores optan entre estas dos opciones.

«Historicamente lo manejaba el Itaú, pero durante el gobierno de Alberto Fernandez hicieron participar al Banco Nación del negocio», dijo la fuente. «Ambos bancos suelen financiarle al canal el pago de haberes, porque el gobierno va soltando las partidas a cuentagotas», agregó.

Esto también fue un negocio para los bancos, ya que el financiamiento de la nomina salarial viene con una tasa de interés diaria que se incrementa a mayor período de mora. «Esto afecta a todos los bancos, perdemos el negocio», reconoció la fuente. 

Lo importante es que no se trata de una medida circunscripta a un banco o a ciertas instituciones determinadas. De hecho existen numerosos casos de bancos comerciales que administran cuentas del sector público, como es el caso del Banco Macro en Salta. 

Con la caducidad de la normativa vigente que permitía no computar este descubierto pasa ser considerado en la medición sobre el nivel de exposición financiera. «Los bancos no vamos a poder financiar los salarios, quedaríamos sobregirados en los parámetros de riesgo crediticio», concluyó la fuente consultada.