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Martes 10 de Junio del 2025

SOCIEDAD

El tarifazo llega a los colectivos y trenes

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En medio de brutales aumentos de precios a diestra y siniestra, el Ejecutivo ahora aprieta el acelerador en transporte, uno de los rubros de consumo más esencial. 
Javier Lewkowicz

Por Javier Lewkowicz

El Gobierno avanza para aplicar un aumentazo en el boleto de colectivos y trenes en el AMBA. El colectivo pasará a partir de febrero a 270 pesos y el tren, a 130 pesos. Este cuadro tarifario, propuesto en la Resolución 1/2024 publicada en el Boletín Oficial, supone aumentos de 251 por ciento para la tarifa del colectivo y de 169 a 247 por ciento, según la línea, para el ferrocarril. Así lo comunicó la Secretaría de Transporte, que dispuso la apertura de una acotada instancia de participación ciudadana.

También habrá otros cambios operativos. Desde febrero, el usuario que no tenga la tarjeta SUBE registrada a su nombre sufrirá un alza superior, ya que deberá pagar 430 pesos el boleto de colectivo y 260 pesos en el caso del tren. A partir del 1 de abril, los usuarios están obligados a registrar su tarjeta en tarjetasube.sube.gob.ar. A diferencia de lo que pasaba antes, ahora la oposición dialoguista no encuentra que el seguimiento estatal de los movimientos de la ciudadanía sea un riesgo para la privacidad de los datos. Los cambios tarifarios se montarán sobre el incremento del 45 por ciento de enero.

Si Milei y su equipo de jactan de que en campaña prometieron llevar a cabo lo que ahora están haciendo, en el punto tarifario, cabe recordar, la situación fue distinta. «No vamos a tocar las tarifas, porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas», decía el Milei candidato en el debate frente a Sergio Massa.

Repercusiones

«Empezamos un proceso para cambiar la lógica de subsidios. Buena parte del Interior paga tarifas más acordes con la realidad, incluso recibiendo subsidios«, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, y agregó que «el registro de la tarjeta forma parte de la transición hacia un esquema de subsidios a la demanda, para que el que pueda pagar una tarifa completa lo haga y el que no, pague con una tarifa subsidiada«.

Para Pedro Bussetti, de la entidad de usuarios Deuco, «la adecuación tarifaria propuesta no tiene precedentes en las últimas décadas y afectará a millones de usuarios, que además a partir de la misma fecha soportarán el aumento de las tarifas de gas, que pueden llegar hasta el 400 por ciento, el inminente aumento de las tarifas eléctricas en porcentajes similares y la reiteración de la inflación en el orden del 20 por ciento, como mínimo. El fallo CEPIS de la Corte Suprema de la Nación dispone que el valor de las tarifas de los servicios públicos deben ser justas y razonables y asequibles a los ingresos de los usuarios».

El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, consideró que «hace 20 años que el boleto se viene retrasando respecto de la inflación y ahora llegamos a una situación extrema. Desandar ese camino obliga a que el boleto crezca por encima de la inflación si se quieren bajar los subsidios». Además, calculó que «el costo real del boleto subirá de 800 pesos en diciembre último a 1.500 pesos en marzo, y, en ese marco, proyectó que para marzo el boleto deberá costar aproximadamente 500 pesos».

Para Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, «mientras hay lugares en el mundo en donde se busca que haya tarifa cero para trabajadores, como si fuera un sueldo indirecto, nosotros castigamos al trabajador con tarifas cada vez más altas. Los descuentos que hay, simplemente no alcanzan».

Hernán Letcher, director del CEPA, advirtió que «los cálculos de la baja de subsidios se hacen como si esto fuera una cuestión fija. El problema es que no solo hay que tener en cuenta la quita de subsidios sino también el esquema de desregulación que el Gobierno plantea, que lleva a que el costo asociado a la tarifa aumente todo el tiempo, porque se trata del combustible, de los vehículos y su mantenimiento, asociados al dólar. Si vuelven a devaluar en marzo, rápidamente se vuelve a correr el arco de las tarifas y de los subsidios».

Los cambios

De acuerdo a los cambios que propone el Gobierno, la primera sección (0 a 3 kilómetros) del colectivo pasará de 76,92 a 270 pesos; la segunda (3 a 6 kilómetros) de 85,69 a 300,78 pesos; la tercera (6 a 12 kilómetros) de 92,29 a 323,95 pesos; la cuarta (12 a 27 kilómetros) de 98,90 a 347,15 pesos; y la quinta (más de 27 kilómetros) de 105,46 a 370,18 pesos.

En tanto, en el caso del tren la tarifa mínima actual (de 48,38 pesos para la Línea Mitre, y de 37,38 pesos para las líneas Urquiza, Belgrano Norte, Belgrano Sur, y Roca) se unificará en 130 pesos. En tanto, el segundo tramo (12 a 24 kilómetros) pasará a 169 pesos y el tercero (más de 24 kilómetros) a 208 pesos.

La tarifa social para beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y Becas Progresar seguirá otorgando un 55 por ciento de descuento en las tarifas. Sin embargo, el descuento de tarifa social ya no será más acumulativo con los de la Red SUBE –en el caso de combinaciones de transporte durante una ventana de dos horas– la cual prevé la tarifa plena en el primer viaje, 50 por ciento en el segundo y 75 por ciento en el tercero.


Avisos

RIO TURBIO

ATE advierte por la transformación de YCRT: “Hace dos meses que esperamos una convocatoria”

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El secretario general de ATE Río Turbio, Matías Delgado, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional en el proceso de transformación de YCRT en Sociedad Anónima. Denunció falta de inversión, creciente incertidumbre y advirtió sobre el riesgo de despidos en la Cuenca Carbonífera.

El proceso de transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima sigue generando malestar e incertidumbre entre los trabajadores. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio mayoritario en el yacimiento, advirtieron que aún no fueron convocados a ninguna instancia de diálogo por parte del Gobierno nacional.

“Hace dos meses nos dijeron que nos iban a convocar y todavía no llamaron a ninguno de los gremios”, expresó Matías Delgado, secretario general de ATE Río Turbio, en declaraciones a LU12 AM680 Radio Río Gallegos. Según el dirigente, la preocupación se centra en la falta de información oficial y en el avance unilateral del Ejecutivo en una decisión que afecta directamente a los trabajadores.

YCRT y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) trabajan en los aspectos administrativos para convertir la empresa de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima. El interventor Pablo Gordillo explicó recientemente que ya se resolvieron los aspectos económicos y financieros, y resta definir los convenios laborales y la posible participación accionaria de los trabajadores.

Sin embargo, Delgado remarcó que “la incertidumbre crece” y criticó la falta de voluntad política para sentarse a negociar. En ese contexto, ATE presentó una acción judicial contra el decreto que impulsa la transformación de la minera, exigiendo que cualquier modificación se discuta en la Secretaría de Trabajo de la Nación y no con la ATEP. “Vamos a defender el Convenio Colectivo homologado en 1975”, afirmó.

La misma postura fue sostenida por Luz y Fuerza, otro gremio con representación en el yacimiento. Su secretario general, Luis Avendaño, también se mostró dispuesto a dialogar, pero aclaró que no lo harán con la ATEP.

Uno de los principales temores de los sindicatos es la pérdida de empleos. Delgado advirtió que ya se registraron cerca de 48.000 despidos estatales en todo el país y que una ola similar en la Cuenca Carbonífera sería “una catástrofe social”.

Mientras tanto, los trabajadores continúan en sus puestos, produciendo carbón a pesar de que la venta del mineral está paralizada. “La gente ha cumplido. Se sigue sacando carbón, pero no se está comercializando. Eso es responsabilidad de la intervención”, señaló Delgado.

La falta de inversión agrava el panorama: escasean los elementos de trabajo, la indumentaria y los equipos de protección, y las maquinarias presentan signos de obsolescencia. “Solo se reciben fondos para pagar sueldos, nada más”, denunció.

Con agosto como fecha límite para completar la transformación en Sociedad Anónima, el reloj corre y el diálogo sigue ausente. “Cada vez nos queda menos tiempo”, alertó el dirigente sindical, que insistió en la necesidad de que la política reabra los canales de comunicación.

Respecto del Programa de Propiedad Participada, que plantea la posibilidad de que los trabajadores accedan al 10% del paquete accionario, Delgado sostuvo que no rechazan la idea, pero reclaman ser parte del debate. “No nos oponemos a dialogar ni a construir consensos, pero no podemos opinar sobre algo que ni siquiera nos presentaron”, concluyó.


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