La legislatura de la provincia de La Rioja aprobó por mayoría absoluta el proyecto del gobernador Ricardo Quintela para la creación de las cuasi monedas denominadas «Bocade», por un total de 22.500 millones de pesos. El mandatario había confirmado que se utilizarían para hacerle frente al pago de salarios a trabajadores estatales, en medio del brutal ajuste fiscal que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei.

El propio mandatario afirmó que la creación de ese dinero fue producto de «la crueldad del ajuste» que aplica el Presidente que, sin embargo, celebró la aparición de las cuasimonedas provinciales como un logro.

«Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia», afirmó el mandatario omitiendo que, tal como ocurrió en 2001, la aparición de esas herramientas financiera son producto de la falta de circulante en pesos y del empobrecimiento brutal de las arcas provinciales.

Eso sí, aclaró que, a diferencia de lo que ocurrió tras la crisis de ese año bisagra, las monedas que se amigan «de ningún modo van a ser rescatadas por el gobierno nacional».

Quintela indicó que el propósito inicial del bono de cancelación de deuda inicial por 15 mil millones de pesos que se destinarán a pagar el 30 por ciento de los salarios de la administración pública.

De hecho, el proyecto ad hoc ya fue enviado a la Legislatura local. El gobernador expresó su deseo de que «hoy se sancione» la iniciativa y aclaró que «la Provincia nunca le pidió a la Nación el respaldo de ningún bono».

«El gobierno nacional obliga a esto por la crueldad del ajuste que precipitó en 20 días. Esto generó que cuando la gente fue a cobrar el salario, ya no llegó a fin de mes», criticó el mandatario provincial durante una entrevista por Radio 10, en la que cuestionó a Milei por poner en marcha «un plan para desestabilizar a los gobiernos» provinciales.

Además, cuestionó a Milei por haber aclarado que el Estado nacional no rescataría la emisión de esos bonos. «Se confundió, nosotros no hemos pedido rescate para eso», remarcó y reiteró que demandará a la administración central ante la Corte Suprema por una deuda de 9.300 millones de pesos que mantiene la Nación desde hace varios años con esa jurisdicción.