La empresa minera santacruceña volvería a ser Sociedad Anónima y, luego, se avanzaría en su posible privatización. Así se desprende del “decretazo”, anunciado por el presidente Milei. En la Cuenca Carbonífera, los trabajadores no tienen un buen recuerdo de cuando la empresa estaba en manos de los privados. La figura jurídica que quedó en la nada y que iba a normalizar la empresa.

A lo largo de la historia, no se puede pensar a Río Turbio y 28 de Noviembre sin Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). El carbón en la zona había sido descubierto a finales del siglo XIX, pero no fue explotado durante largas décadas, dado que el país importaba del imperio británico. Ante el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la restricción de la comercialización del carbón, en 1943, se conforma la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales, “encargada de la apertura e inicios de explotación de la denominada Mina 1 en la zona sur de la provincia de Santa Cruz, con una pequeña dotación de trabajadores situados en Campamento Marina”, dice el sitio oficial de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

La década de los cuarenta, ya con Juan Domingo Perón en el poder, fueron de expansión: se abren la Mina 2 y la 3; se inaugura el Ramal Ferroviario “Eva Perón” y se inicia el crecimiento de Río Turbio. Con Arturo Frondizi en la presidencia -luego del golpe de la autodenominada Revolución Libertadora a Perón-, el gobierno decide crear YCF, asumiendo de lleno la responsabilidad de promover el desarrollo en la Patagonia sur, en busca del autoabastecimiento energético. Esto último, también fue un objetivo de Perón y también la cuestión geopolítica, dada la cercanía de la mina con Chile.

Con la Ley de Reforma del Estado que impulsa Carlos Saúl Menem -en la que se privatizan diversos órganos públicos-, YCF siguió el mismo camino, luego de un pico de producción en la década de los setenta y una caída, en la del ochenta. Ya previo a la privatización total, el desfinanciamiento de YCF había sido elocuente. En julio de 1994, el Poder Ejecutivo Nacional entregó el derecho a explotación del complejo a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio Sociedad Anónima (YCRT S.A). El Estado había asignado un subsidio fijo anual que superaba los 20 millones y, casi no le exigió, en términos de producción.

La empresa, que había pasado a manos privadas y estaba a cargo de Sergio Taselli, ajustó la planta de empleados: según un cuadro elaborado por Carolina Nahón, pasó de 1.290 empleados estables en 1994 a 889, en el año 2000. “La expulsión de trabajadores comenzó en el marco de las políticas de “saneamiento” de la empresa, conducidas desde el Estado nacional, bajo la modalidad del retiro “voluntario”. En los años previos a la transferencia (a partir de 1992), el Estado nacional gestionó el retiro de 1.710 agentes, de forma que, en 1994, YCF transfirió un total de 1.290 trabajadores al consorcio YCRT SA (cuadro Nº 3 y Luque et al, 2003:126)”, amplía el informe de Nahón.

Antes de entregar a Taselli la empresa estatal, ya el gobierno de Menem había retirado a más de 1700 empleados. La terciarización -y precarización- fue una constante con Taselli. La depresión en la Cuenca Carbonífera fue notable. Los mineros que se habían quedado sin trabajo hicieron distintos paros y hasta habían llegado a Río Gallegos, quemando cubiertas en el centro buscando visibilidad, una protesta que se terminó extendiendo durante varias semanas.

Taselli, en la conducción, desconoció el Convenio Colectivo de Trabajo y la representación gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “Se corroboró la explotación laboral: exceso de la jornada diaria, hasta 16 horas de trabajo ininterrumpido; falta de goce de descanso semanal. A punto tal, de elevarse a 25 días consecutivos sin descanso alguno; falta de pausa de 12 horas, entre el cese de una jornada y el comienzo de la siguiente. 19 meses de mora en la contratación del seguro de accidentes del trabajo y falta de inversión en seguridad e higiene (entre otros, suspensión de los exámenes de salud anuales)”, determinó un informe de la Auditoría General de la Nación.

La periodista Mariana Carbajal recordó, en 2004 en Página 12, cuando Menem había estado en Río Turbio en su campaña presidencial y había anunciado que, allí, nacería la “Revolución Productiva”. Lo que sucedió con el tiempo fue lo peor: el desguace de una empresa que no pudo planificar la productividad y que terminó con falta de inversión, mantenimiento y explotación laboral, además de los masivos despidos. Taselli incumplió todo lo contractual, pese a haber cobrado sistemáticamente los subsidios durante todos esos años. El gobierno de Eduardo Duhalde rescindió el contrato tras la solicitud de retiro del Consorcio. El Estado se hizo cargo del complejo y Duhalde designó como interventor a Eduardo Arnold, quien había sido vicegobernador de Néstor Kirchner en Santa Cruz.

“Recibimos [el complejo] sin los subsidios y el precio sostén de Taselli, pero la urgencia era volver a producir. El presupuesto era exiguo y más del 90 % se iba en sueldos. Logramos levantar algo que, después de las atrocidades de la concesión, era una porquería”, dijo Arnold a La Nación en 2004. Ese año, es decir dos más tarde de la intervención, fue la tragedia que terminó con la vida de 14 mineros, tras un incendio en el yacimiento. Luego de la tragedia, llegó Daniel Peralta a la intervención.

Casi 10 años más tarde, y con Peralta nuevamente al frente de la YCRT, la discusión continúa. “Nosotros recibimos un yacimiento detenido, con un paro sindical de 6 meses, recuperamos el diálogo para volver a producir. Hoy pueden ver, en nuestra Mina 5, una gran cantidad de carbón: debemos estar en unas 13 mil toneladas de carbón acumulado. Debe haber más de 6 mil toneladas de fino depurado en la Central. Todo eso indica que hay una empresa en movimiento”, dijo Peralta en Tiempo FM.

YCRT -según el presupuesto de este año- necesitaba 20.500 millones de pesos del Tesoro Nacional para funcionar. El déficit de la empresa estatal hace suponer que la administración de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo, podría intentar volver a un escenario similar al de los noventa: la privatización del yacimiento o, directamente, el cierre de la misma, como objetivo final. YCRT tiene hoy más de 2.100 trabajadores y mueve, en parte, la economía de Río Turbio y 28 de Noviembre.

“La continuidad de la fuente de trabajo de 2.187 familias, depende ahora, del señor presidente electo”, escribió Peralta en su cuenta de X (ex Twitter). La continuidad es, ahora, una de las principales preocupaciones de la Cuenca Carbonífera, y a muchos se les viene a la memoria lo que pasó con Taselli en los noventa.

La figura que no fue

Quedó en la nada misma. La idea que hacia fines del 2014 -antes de la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia- se intentó, desesperadamente, potenciar para dar garantías y seguridad jurídica a la única empresa minera de la provincia.

Fue recién en diciembre del 2021, cuando el diputado nacional, Jorge Verón, junto a la diputada Paola Vessvessian y el diputado Gustavo «Kaky» González, presentaron el Proyecto de Ley para concretar la figura jurídica de la Empresa Y.C.R.T.

Dicha figura implicaba que la empresa cuente con un directorio compuesto por el Estado Nacional, Provincial y trabajadores de la empresa.

“Que se apruebe este Proyecto de Ley es un anhelo por parte de la comunidad de Río Turbio y 28 de Noviembre, para garantizar la estabilidad de la empresa minera” señalaba el legislador en los argumentos. Un año atrás, el entonces diputado nacional Pablo González, había avanzado con la idea que -aseguraba a los medios- “la tomó como un verdadero desafío personal”. El legislador, quien después dejó su banca para asumir al frente de YPF (completando su mandato Jorge Verón), reconocía que tiempo atrás no se había podido avanzar con la propuesta “porque, tal vez, no era el momento”.

Con información de Tiempo Sur