SOCIEDAD
Rodolfo Barra, el elegido de Javier Milei para encender la motosierra
Se trata de un especialista en privatizaciones y hasta en elegir jueces amigables. Una investigación de Página/12 sobre su pasado nazi lo obligó a renunciar en 1996.
El futuro gobierno de Javier Milei promete un baño de menemismo, que ya toma forma. Quizá el máximo exponente de aquella política marcada –entre otras cosas– por las privatizaciones y el nombramiento de jueces adictos, sea el nombre conocido este viernes para hacerse cargo de la Procuración del Tesoro: se trata de Rodolfo Barra, exviceministro de Obras Públicas con la gestión de Roberto Dromi, exsecretario de Interior, exjuez de la Corte Suprema de la mayoría automática y exministro de Justicia. Todo eso fue entre 1989 y 1996. O sea, un gran exponente de la «casta». Ese último año tuvo que renunciar después de que Página/12 revelara que en su juventud había protagonizado el ataque a una sinagoga, a la que le arrojaron alquitrán. Era afín al nazismo y militante de Tacuara (en su brazo estudiantil) una organización de ultraderecha nacionalista y católica. La revista Noticias había publicado también una foto en la que se veía a Barra con otros militantes de esa agrupación haciendo el saludo nazi con el brazo derecho.
Las imágenes de la tapa de este diario y de Noticias circularon en forma masiva por las redes sociales este viernes y provocaron reacciones. Mientras que el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) y el Llamamiento Argentino rechazaron la designación, la DAIA dio su respaldo con el argumento de que ya había pedido perdón «por sus horrorosas conductas y manifestaciones cuando era joven». «Si fui nazi, me arrepiento», había dicho el futuro funcionario, tras las publicaciones que revelaban ese costado suyo en tiempos en que, para colmo, se investigaban el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, ambos ocurridos durante el gobierno de Carlos Menem. Trató de argumentar que había sido «un problema de adolescente», que quería ser «rebelde» cuando integraba la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES) y que esas ideas no las tenía más pero le parecía mejor ante el revuelo renunciar. Este viernes dijo algo similar en una entrevista en LN+.
Misión «motosierra»
La futura designación de Barra como Procurador, que implica ser jefe del cuerpo de abogados del Estado, fue anunciada en un comunicado de la Oficina del Presidente Electo que también confirmaba la de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. Cuando en el mismo reportaje le preguntaron a Barra quién había propuesto su nombre, se jactó de que fueron muchas personas, incluido Nicolás Posse, quien será jefe de Gabinete. Con él tienen un vínculo pasado común con el empresario Eduardo Eurnekian, quien rescató a Barra cuando tuvo que irse del gobierno de Menem y lo llevó como su asesor en Aeropuertos Argentina 2000. La empresa ganó la licitación de las estaciones aéreas y en 1998 Barra –con su habilidad de reacomodamiento– quedó a cargo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), en teoría órgano de control. Como escala tras dejar el Ministerio de Justicia, el administrativista fue asesor del jefe de Gabinete Jorge Rodríguez y consultor de Siemens, que también ganó una cuestionada licitación para hacer los DNI.
Barra fue uno de los cerebros y arquitectos jurídicos de las privatizaciones del menemismo y el desguace del Estado, algo idéntico a lo que aspira Milei, pero aggiornado. En los noventa, de hecho, sus vínculos más estrechos dentro del gobierno fueron Dromi y Carlos Corach, mientras que en la Corte que Menem había armado a medida era un gran aliado de Mariano Cavagna Martínez. En rigor, buena parte del manejo del Poder Judicial también tuvo que ver con Barra. En esa época los jueces/zas y fiscales/as se nombraban a dedo. Él tuvo una fuerte injerencia en las designaciones en el fuero contencioso administrativo. Esos tribunales fueron claves para sostener el plan privatizador y reformador del menemismo y lo serán también para Milei. Es allí donde se dirimen las causas donde el Estado es parte, donde se tratan cuestiones sobre políticas públicas. Hay quienes le dicen «el fuero de la gobernabilidad». Es cantado que tendrá centralidad. Fue tema de conversación entre el ministro de Justicia en puerta, Mariano Cúneo Libarona, cuando fue a visitar la semana pasada a los jueces de la Corte.
En La Libertad Avanza (LLA) reina la preocupación por la judicialización de medidas, decretos, leyes, resoluciones, regulaciones, tarifazos, coparticipación o su reforma. Todo el plan «motosierra» y sus derivaciones. Ya hubo muchas alertas sobre algunos los planteos variopintos de Milei y su entorno que estarían al margen de la legalidad y la Constitución: desde el cierre del Banco Central, el proyecto dolarizador, la puesta en cuestión de la legalidad del aborto, la Educación Sexual Integral, las diversas privatizaciones (Aerolíneas, como con Menem, YPF, Vaca Muerta, educación, solo para empezar). Entre los fallos que tiene en su haber como supremo del menemismo, Barra fue una de las firmas que abrieron paso a la privatización de Aerolíneas Argentinas. Aquella decisión comenzaba a delinear la mayoría automática (la única disidencia fue del fallecido Carlos Fayt).
Otros hitos de Barra
Barra está por cumplir 76 años. Se graduó en 1970 en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde también se doctoró. Es muy religioso –hay quienes dicen que este y otros aspectos lo acercan a la futura vicepresidenta Victoria Villarruel– y está vinculado al Opus Dei. En sus tiempos cerca de Menem –cuya re-reelección diseñó e impulsó– fue asesor en lo que atañe al aborto y la eutanasia. Cuando fue convencional constituyente por el PJ para la reforma constitucional de 1994, hizo un gran intento escandaloso porque quería poner una cláusula constitucional para prohibir el aborto. También la eutanasia. Su argumento era el clásico del derecho a la vida. Se armó un revuelo fenomenal.
–¿Pero vos cuántos hijos tenés? Tenés dos y hasta querés prohibir el DIU. Yo tengo diez y estoy a favor de aborto– lo enfrentó Antonio Cafiero en una escena muy recordada.
En la convención era lobbista –otra de sus especialidades– de temas puntuales. Otro estaba relacionado con su intento de limitar los derechos de usuarios y consumidores. En la comisión que trataba esta cuestión intentó discutir el derecho a una «información adecuada y veraz». Los dueños de los grandes medios y representantes de Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) también cuestionaban el punto porque decían que se estaban metiendo con ellos. Era tal la puja que hubo un grupo de constituyentes que a la hora de votar intentaron distraer a Corach para que se fuera del recinto por un llamado telefónico inexistente (no había celulares). Corach montó en cólera pero finalmente quedó aprobada la propuesta de la comisión de nuevos derechos y el artículo 42 afirma el derecho «en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno».
Tampoco se prohibió el aborto, que además no era punible ante determinadas causales desde 1921. Cuando se discutió la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso, Barra fue convocado para fundamentar en contra.
Otros legados que dejó de su época en la cartera de Justicia, incluyen la llamada Ley Mordaza que apuntaba a limitar la actividad periodística al aumentar penas por calumnias e injurias, un gran contrasentido en la actualidad para una fuerza política que pregona la libertad, o que usurpa ese concepto con fines contrarios. También impulsó una norma que llevaba la contradicción en sí misma: era una ley anticorrupción que, en vez de fomentar la transparencia prohibía publicar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. Otra norma en su haber era la que permitía a la policía hacer requisas sin autorización judicial así como incautar los elementos que quisieran.
Con su cintura para no perder los lazos con el poder, en 1999 con el gobierno de la Alianza logró acomodarse como Auditor General de la Nación.
Neutralidad o política
Barra explicó tras el anuncio de su designación, que su función no sólo será liderar a los abogados del estado sino que será «el asesor jurídico del presidente y del jefe de Gabinete». Sañaló que debe hacerlo «desde un punto de vista neutral, no político», algo inverosímil, más aún conociendo su trayectoria. Dijo que intervendrá también en todos los juicios internacionales. Por ejemplo, muy pronto, en el juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF donde hay amenaza de embargos.
Para un alto funcionario de gobierno, como bien dice Barra, que trabajará para el presidente, la neutralidad parece una falacia. No es la primera vez que dice algo así. En 1990 Mariano Grondona le preguntó por la independencia de la Corte, que ya se sabía que si de algo carecería era de independencia, y dijo: «Nosotros somos independientes y vamos a seguir siendo independientes y en cuanto a nuestras ligazones con el gobierno, yo cumplí una tarea técnico administrativa». Se refería, explicó, a su paso por la Secretaría de Obras Públicas y la de Interior. «No cumplí ninguna gestión política», afirmó asombrosamente. En 1989 cuando hablaba de las obras públicas, decía con toda naturalidad que había obras paralizadas y otras directamente suspendidas. Otro antecedente con mucha actualidad que muestra a Barra casi como un traje a medida de las necesidades de Milei para hacer frente a los obstáculos legales que puedan perturbar su plan de destrucción del Estado.
28 DE NOVIEMBRE
Juana Albarracín y Gabriel Torrengo denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio
En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.
La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas. La Tarifaria no se debería haber aprobado por los ediles oficialista ya que la nueva Ordenanza de tierras se encuentra aun en comisiones para su análisis y tratamiento, denuncio.
Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.
Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.
En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.
Puntos claves:
- Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
- Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
- Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
- Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
- Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.
“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.
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